Desde comienzos de septiembre, la Justicia comenzó a rematar los bienes de Garbarino y Compumundo. Desde que se declaró la quiebra en marzo de este año, el proceso final de la que fuera una de las empresas más importantes en la venta de electrodomésticos fue inexorable. Luego de meses de lucha, los casi 4.000 despedidos de la firma quedaron prácticamente sin posibilidades de cobrar los sueldos e indemnizaciones adeudados, lo que generó indignación.
Esto podría revertirse, en parte, si el juez de la causa acepta el pedido de la Sindicatura, que mediante una presentación reclamó “la extensión de quiebra” a los hermanos Omar y Daniel Garbarino y a una empresa vinculada a ambos. Esto abrió la expectativa de mejorar los fondos destinados al pago de los acreedores, que para los trabajadores eran “un pancho y una coca” antes de esta presentación.
Esta semana se entregó un informe que parece confirmar la presunción de la Sindicatura y de los cesanteados, quienes denunciaron desde un primer momento el peligro de un vaciamiento. Este reporte confirma que los bienes actuales de Garbarino no logran cubrir más allá del 2,5 por ciento de la deuda total, lo que deja afuera a la gran mayoría de los ex trabajadores. “Se abre una puerta”, volvieron a insistir desde el Grupo de Trabajadores de Garbarino en Lucha.
Luego del pedido de extensión de quiebra realizado por la Sindicatura que entiende en la causa de Garbarino, se entregó al juez Fernando D’Alessandro un informe en el que se detalla el recorrido de las empresas que formaron el grupo y que derivó en el cierre de la firma. El pedido se realizó hace unas semanas y apunta al rol de Daniel y Omar Garbarino, exdueños de la empresa, y de la sociedad Linnipeg, por maniobras que indicarían que siguieron tomando decisiones que perjudicaron a la empresa.
La presentación se sustenta en el artículo 161 de la Ley de Concursos y Quiebras (24.522), que presupone “un abuso fraudulento en la administración de la quebrada, y que ese abuso fue en interés propio y contra la masa; haber desviado el beneficio social en el propio y/o haber confundido activos y pasivos; que haya actuado en fraude contra los acreedores”.
Para fundamentar el pedido, se presentó un informe que detalló los datos que muestran este mecanismo. El trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial, “evidencia un desequilibrio patrimonial colosal: los activos realizables de la quiebra valen aproximadamente 2.938 millones de pesos, mientras que las deudas acumuladas superan los 123.149 millones de pesos”. Esto significa que “la masa de bienes alcanza para cubrir menos del 2,4 por ciento de los pasivos totales”.
En tanto, el informe adelanta que, en la práctica, “los acreedores quirografarios (proveedores, clientes estafados) difícilmente cobrarán sus acreencias, y los fondos obtenidos apenas alcanzarán para cubrir una fracción de los créditos laborales y privilegios especiales”. El reporte actúa como “la plataforma legal sobre la cual el juez comercial dictará la fecha definitiva de cesación de pagos (febrero de 2020) y autorizará las demandas de extensión de quiebra y responsabilidad personal”.
Esto habilita a la Sindicatura a “romper el velo societario para perseguir los patrimonios personales de los hermanos Garbarino, de Carlos Rosales y de la sociedad Linnipeg, buscando recuperar los bienes desviados para responder ante los ex empleados y acreedores perjudicados”.
A esto se le suma el insólito pedido de Carlos Rosales, el último dueño de Garbarino, quien pidió también el pago de supuestos salarios caídos. El reclamo del empresario no pasó desapercibido, ya que supera los 200 millones de pesos.
Expectativa
Ante esta nueva evidencia, desde el Grupo de Trabajadores de Garbarino en Lucha volvieron a reclamar por sus sueldos e indemnizaciones e insistieron en denunciar “maniobras de vaciamiento”, como las que fueron exponiendo los distintos reportes de la Sindicatura incluidos en la causa.
“Si la Justicia otorga la extensión de quiebra y logra rematar los inmuebles rescatados de Linnipeg (como el depósito de La Tablada) e incautar los activos que los hermanos Garbarino conservan a título personal en la Argentina y el exterior, el porcentaje de cobro para los ex trabajadores y acreedores aumentará drásticamente, pasando del paupérrimo 2,4 por ciento actual a una cifra sustancialmente mayor o incluso total para los créditos privilegiados”, explicó el grupo mediante un comunicado, una vez conocido el informe.
Sin embargo, aclararon, “el éxito del cobro final dependerá de cuánto dinero líquido o bienes tangibles pueda recuperar efectivamente la Justicia de la red offshore y los fideicomisos armados antes de la caída”.
En este sentido, en el informe de la Sindicatura se recordó que, en el año 2017, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “radicó la causa por lavado de dinero en el juzgado federal 10 del señor juez Julián Ercolini, que involucra a los hermanos Daniel y Omar Garbarino, por 19 reportes de operaciones sospechosas de giro de fondos de unos 30.000.000 de dólares”.
La causa es parte del escándalo de los llamados Panamá Papers.
“El informe de auditoría de la Sindicatura advierte algo que nosotros ya veníamos hablando: el vaciamiento de Garbarino”, dijo Gabriel Yapura, referente del grupo de cesanteados.
Además, agregó en diálogo con Data Gremial: “Se ratifica que Omar y Daniel Garbarino, además del CEO Carlos García, realizaron maniobras para dejarle todas las deudas a la empresa y, a través de una sociedad, quedarse con el capital activo”.
Respecto de lo que puede pasar con este informe, las expectativas son pocas. “En estos casos, casi siempre el trabajador es el más perjudicado. Nosotros fuimos a nuestros puestos de trabajo, cumplimos nuestra tarea y nunca cobramos”, marcó Yapura.
En este sentido, recordó que Compumundo fue “una gran estafa”, lo mismo que pasó en Garbarino Viajes, donde “se sabía que no podían viajar; los empleados cortaron la venta porque era muy complicado para ellos mismos”.
Otra causa
Otra de las cuestiones jurídicas que abre expectativas a los despedidos es una maniobra realizada por Rosales, quien logró transformar su estado de quiebra personal en un concurso preventivo de acreedores en apenas tres meses.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Comercial 2, que abrió el trámite y fijó un cronograma judicial que se extenderá formalmente hasta septiembre de 2027.
“Hay otra puerta que se abre, con el concurso de Carlos Rosales, para que los despedidos de Garbarino o quienes no pudieron hacer juicio comercial vayan a esa instancia contra el dueño de la firma”, explicó Yapura sobre esta maniobra. Hay tiempo hasta el 15 de noviembre para que esos trabajadores presenten sus créditos.
La resolución se formalizó mediante un edicto en el Boletín Oficial de la Nación. De este modo, el magistrado Fernando Martín Pennacca revirtió el escenario fijado el 11 de junio en el expediente 21.876/2023, cuando había decretado la quiebra personal del empresario.
El juzgado mantuvo como síndico al contador Jorge Fernando Podhorzer. Al mismo tiempo, estableció los plazos formales para que los acreedores presenten las verificaciones crediticias y se procure un acuerdo que evite la liquidación definitiva del patrimonio personal de Rosales, quien compró Garbarino en el año 2020 y encabezó la última etapa operativa de la cadena antes de su colapso.
Además, concentró negocios en el rubro asegurador mediante Grupo Prof.