En marzo de este año, la justicia dictaminó la quiebra definitiva de la cadena Garbarino. Luego de más de cinco años de crisis, la que fuera la principal vendedora de electrodomésticos del país bajó las persianas definitivamente. En ese momento apenas cuatro locales estaban con actividad –sobre todo venta online –y la atención se centró en las demandas de los casi 4 mil despedidos que dejaba atrás la empresa. La principal, el pago de sueldos caídos desde que comenzó el conflicto, y las indemnizaciones que marca la ley. Pero las expectativas no eran las mejores. Por el desguace del patrimonio y las maniobras de Carlos Rosales, el último dueño de la firma, los cesanteados no albergaron mayor esperanza de que se cumpla con sus derechos. “Por ahí nos quede algo para el pancho y la coca”, dijeron en su momento los ex empleados. Pero esta semana, una novedad judicial abre la puerta a un nuevo panorama. La sindicatura le pidió la juez de la causa ampliar la quiebra, e incorporar a los ex dueños y una sociedad en el proceso, lo que puede impactar en los bienes a liquidar. El pedido debe ser resuelto por el juez Fernando D’Alessandro. “Puede cambiar nuestra lucha”, admitieron desde el Grupo de Trabajadores de Garbarino en Lucha, que recordaron que “siempre dijimos que fue un vaciamiento”.
La novedad en la quiebra de Garbarino se da en momentos que se inició el proceso de liquidación de bienes pertenecientes a la empresa, a través de subastas. A pedido de Susana Paz, integrante de la sindicatura de la causa, se reclamó el proceso llamado “extensión de quiebra”, que busca sumar a la causa a quienes se cree tuvieron que ver con el destino final de la empresa. La presentación se sustenta en el artículo 161 de la Ley de Concursos y Quiebras (24.522) que presupone “un abuso fraudulento en la administración de la quebrada, y que ese abuso fue en interés propio y contra la masa; haber desviado el beneficio social en el propio y/o haber confundido activos y pasivos; que haya actuado en fraude contra los acreedores”.
El pedido, al que tuvo acceso Data Gremial, se hace sobre Daniel y Omar Garbarino, ex dueños de la empresa, y la sociedad Linnipeg. El mecanismo que describe la sindicatura es el siguiente: “Mientras Garbarino concentraba la explotación comercial, el personal, el endeudamiento, los proveedores y el riesgo empresario; activos inmobiliarios indispensables para esa actividad fueron colocados o mantenidos en Linnipeg, sociedad perteneciente a los propios controlantes (los hermanos Garbarino), siendo además financiadas importantes inversiones sobre esos activos con recursos provenientes del flujo ordinario de la sociedad operativa”.
Según el texto presentado al juez de la quiebra, se establece que “bajo la apariencia de actuación de la sociedad fallida y mediante la utilización coordinada de la sociedad Linnipeg dispusieron durante años de bienes y recursos vinculados a Garbarino como si fueran propios, estructurando la actividad empresarial de manera tal que el riesgo, el endeudamiento y las obligaciones quedaran concentrados en la sociedad operativa, mientras activos inmobiliarios esenciales y el valor económico incorporado a ellos permanecían o terminaban radicados en otra sociedad perteneciente a los mismos controlantes”.
Respecto de los Garbarino, agrega el argumento usado por Paz, los hechos configuran “el supuesto contemplado por el artículo 161 inciso, en tanto, ejerciendo el control de Garbarino, sometieron a ésta a una dirección funcionalmente orientada hacia intereses propios y del entramado societario organizado bajo su conducción, desviando el interés social de la fallida”.
Nuevo escenario
A partir de este pedido, se abre un nuevo escenario en la causa. Para la sindicatura, la quiebra de Garbarino “no puede analizarse únicamente desde su fotografía final”, sino que debe reconstruirse “el modo en que sus controlantes organizaron durante años la titularidad y asignación de los activos necesarios para la explotación, los recursos generados por ésta y los riesgos asumidos frente a terceros”. Para los despedidos, es una ventana a recuperar parte de lo perdido en estos casi seis años. Así lo expresó Gabriel Yapura, referente del grupo que durante todo este tiempo mantuvo el reclamo activo.
“Después del dictado de la quiebra los trabajadores dimos casi por terminada la posibilidad de poder cobrar algo”, le relató a Data Gremial. Es que sabían que no podían recibir mucho, a partir de la salida a remate de algunos activos, que no iban a alcanzar para pagar las indemnizaciones ni los sueldos adeudados. Pero este pedido de la sindicatura, aseguró Yapura, “empezamos a ver con muy buenos ojos la medida, muchas veces le dijimos al juez y a la sindicatura que esto era un vaciamiento”.
A partir de este pedido, ahora el juez deberá decidir si hace lugar al pedido, a partir de las pruebas que se vayan presentando. Ya en octubre del año pasado, se conoció que los síndicos de la causa pidieron investigar al menos “tres operaciones sospechosas”, que habían sido advertidas en su momento por la AFIP. Se trata de movimientos realizados bajo la gestión del ex CEO Carlos García, y que involucrarían a los hermanos Garbarino. “Con la empresa Linnipeg hicieron una maniobra en el depósito de La Tablada, donde sacaron el capital y lo trasladaron a esa firma, mientras las deudas quedaron en Garbarino”, recordó Yapura.
Sobre lo que pueda considerar el juez el pedido, el referente fue cauto, y dijo que es un proceso que “recién comienza”. “Lo vemos con expectativa, aunque cansados porque llevamos casi cinco años de lucha, sin cobrar nueve meses de sueldos ni las indemnizaciones”, admitió. Para los trabajadores despedidos, este pedido “podría tener consecuencias patrimoniales muy importantes, porque los bienes y patrimonio de las personas o sociedades alcanzadas podrían quedar sujetos al proceso falencial, según el fundamento y alcance de la sentencia”.
Proceso de quiebra
Este pedido, que puede cambiar el escenario establecido, se da en momentos que la situación de Garbarino parecía que no traería más novedades que el final anunciado largamente. Según informó en su momento Data Gremial, Garbarino adeuda alrededor de 6 mil millones de pesos en aportes jubilatorios y 2.500 millones en deudas posteriores al concurso. Hace unos días, la quiebra entró en una etapa en donde la Justicia puso en marcha dos subastas de bienes pertenecientes a la histórica marca y también a Garbarino Viajes, una de las empresas que integraban el grupo.
La base conjunta de ambas operaciones supera los 22,39 millones de pesos y los procedimientos incluyen una camioneta, equipamiento de los antiguos locales, racks informáticos, muebles de oficina, computadoras, electrodomésticos y hasta una caja fuerte digital. La primera subasta comenzará el 24 de septiembre próximo y corresponde directamente a Garbarino, mientras que la segunda se abrirá el 1° de octubre y comprende bienes de Garbarino Viajes, la agencia de turismo controlada por el grupo.
La Justicia comenzó así el proceso de convertir los bienes recuperados en fondos destinados a cada una de las quiebras. Se trata de los primeros remates de ambas sociedades que pudieron ser localizados en el Boletín Oficial desde que fueron declaradas en quiebra. Si bien las pujas todavía no comenzaron, la publicación de los edictos y la apertura de los procedimientos muestran que la liquidación empieza a trasladarse de los expedientes judiciales a la oferta pública de los activos. Estos podrían incrementarse si se define esta extensión pedida por la sindicatura, y así engrosar las posibilidades de cobro de los trabajadores. o eso esperan. “Es una ventana que se nos abrió, un poco de esperanza, pero esto recién es el comienzo. Igual estamos resignados más allá de todo a esta gran pérdida y esta gran estafa que sufrimos los empleados despedidos de Garbarino”, concluyó Yapura.