A partir de la reglamentación de la reforma laboral, el gobierno de Javier Milei intentará renegociar unos 800 convenios colectivos. A partir de una interpretación de la norma que hizo la secretaría de Trabajo, se comenzó a llamar a rediscutir condiciones de trabajo a un amplio arco de actividades, buscando adaptar las características de los acuerdos a la flamante ley. Pese al entusiasmo que mostró la cartera que comanda Julio Cordero, las primeras mesas de negociaciones no dieron mayores novedades, y los convenios se firmaron casi sin cambios, como paso en el sector de la alimentación.
La idea de limar los beneficios históricos logrados por los trabajadores no avanzó, por eso ahora el oficialismo le buscó una alternativa. A partir de la idea de garantizar un ingreso mínimo, propone “un único salario por actividad”, es decir, un ingreso común para todo el universo que incluya el convenio, sin categorías, ítems especiales y otros beneficios. Esto fue visto por los gremios como una intervención directa a las paritarias, donde se definen estas cuestiones, y fue rechazado de forma tajante. Las versiones sobre este nuevo avance sobre las condiciones alerta al mundo laboral: “Buscan clausurar las paritarias”, afirman.
Versiones periodísticas sobre un nuevo avance sobre las condiciones laborales comenzaron a circular en los últimos días. Los 800 convenios deben rediscutirse antes de fin de año, y el avance de la adaptación de estas negociaciones a la reforma laboral es mínimo. Por eso la secretaría de Trabajo salió a instalar que buscará crear este “salario único por actividad”, que estaría en sintonía con la idea lanzada por el Ministerio de Economía, que en la previa al Consejo del Salario dijo que buscaría un ingreso “mínimo garantizado” de 1.070.000 pesos para todos los rubros, aunque después cerró por decreto el mínimo, vital y móvil muy lejos de ese nivel.
Esto “barre las categorías salariales”, según los rumores que circulan, algo que se viene dando desde hace décadas en las paritarias. La existencia de categorías diferenciadas por niveles de ingresos y de clasificaciones por el tipo de tareas desarrolladas, así como adicionales en función de las especificidades, es parte del espíritu de los convenios desde sus inicios, según las versiones recogidas por el portal de El Destape. Así, Cordero busca poner a todos los trabajadores de una misma rama en un pie de igualdad y que el ingreso final de cada uno quede al arbitrio del empresario independientemente del tipo de tarea desarrollada.
Esta idea es rechazada por los gremios, en el contexto del malestar que generó el cierre del Consejo del Salario y la forma en que manejó el gobierno la negociación. “Un gobierno que no respeta el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y que prefiere imponer un tope irrisorio en acuerdo con las patronales empresarias, ahora intenta birlar nuevamente el ámbito negocial paritario que establecen los Convenios Colectivos de Trabajo, imponiendo un nuevo ‘techo salarial’ como han hecho todos los gobiernos neoliberales”, aseguró Claudia Baigorria, titular de la CTA Autónoma de la provincia de Santa Fe. En diálogo con Data Gremial, la referente marcó que lo que se anuncia como “un mínimo sabemos que en los hechos opera como un tope, en el marco de una inflación que no se detiene al igual que la suba de precios y servicios, y en contexto de una economía en retracción y con ajuste perpetuo sobre la clase trabajadora”.
Si bien Baigorria considera que las versiones “son una gran venta de humo”, porque no hay información oficial, adelantaron que “nos oponemos a cualquier pretensión de introducir modificaciones al ámbito paritario que establecen nuestros Convenios Colectivos de Trabajo”.
Salarios dinámicos
Este nuevo movimiento busca imponer parte de lo que establece la Ley de Modernización Laboral, y que incluye el intento de imponer “salarios dinámicos”.
La reforma establece que “mediante la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, podrán incorporarse, por encima de los salarios y/o conceptos de pago de carácter obligatorio otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables, considerando para ello tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización”. “La incorporación, modificación y conservación de dichos componentes transitorios y variables podrá ser realizada por las partes, o decisión individual del empleador, con la frecuencia que ellas determinen, sin que puedan resultar de aplicación a su respecto la continuidad tácita, la ultraactividad, ni la costumbre, cualquiera fuere el tiempo transcurrido en su mantenimiento y aplicación”, establece la flamante ley.
De esta forma, para intentar imponer estos preceptos, se clausura de manera casi final la discusión salarial y el ámbito paritario. Respecto de la forma de implementar estos cambios, no hay mayores certezas. Lo cierto es que una de las dudas es el número que quiere imponer Caputo y Cordero, que parece una mejora considerando el aumento del salario mínimo, pero que incluso en bruto está lejos de la canasta básica que mide el INDEC. “Nadie dice cómo se va a componer ese ‘número caprichoso’, el cual con seguridad retorna a las sumas fijas, de carácter no remunerativo y no bonificable que tira para abajo los nomencladores salariales de convenio”, alertó Baigorria.
Además, este mecanismo genera “un nuevo achatamiento de las pirámides escalafonarias, que además lesionará los aportes a la seguridad social y las futuras jubilaciones”. Esto es clave también para las obras sociales.
Empleo estatal
Si bien la reforma laboral dejó al empleo público fuera de su ámbito, es sabido que la política del gobierno libertario para los estatales tiene las mismas características, y apunta a las mismas condiciones de precariedad. Se pudo ver en la última paritaria, donde el acuerdo establece un aumento por debajo de la inflación del INDEC, y que no contempla la pérdida de los años anteriores.
Por eso los gremios entienden que este ingreso ase podría estar en las discusiones futuras. Como recalcó Juan Manuel Sueiro, referente de ATE Capital, el salario único por actividad “no tiene nada que ver con lo que marca la Constitución Nacional, muchos menos los convenios firmados por el país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que nos habilita a la discusión colectiva al sector público nacional”.
Sueiro adelantó en diálogo con Data Gremial que los estatales “No vamos a aceptar bajo ningún punto de vista este tipo de propuestas, que degradan los derechos conquistados mediante la negociación colectiva”.
A esto se le suma el intento del oficialismo de cambiar los reglamentos de ingreso y pase a planta de los trabajadores públicos, otro punto que se rechaza desde ATE. “Si bien hay cosas que negociar, no lo vamos a hacer con un gobierno que ha degradado la calidad de vida de los estatales, violentando y denigrando el empleo público”, dijo. Por eso, considero “inadmisible” intentar clausurar las paritarias libres.
Por eso, ATE buscará resistir cualquier intento: “Vamos a apelar a los medios de lucha y los ámbitos internacionales, porque justamente violenta los convenios firmados con la OIT y la ley conocida como Germán Abdala, que nos permitió a los estatales la discusión colectiva con el estado empleador”. Sueiro se refiere a Ley 24.185 de Negociación Colectiva para el sector público de Argentina, aprobada en 1993.