Luego de pelea, los trabajadores y profesionales del Hospital Garrahan consiguieron el año pasado un histórico triunfo sindical, que mejoró notablemente los salarios en el centro pediátrico de referencia nacional. Pero no sólo lograron torcerle el brazo al gobierno libertario para ellos, sino que además consiguieron que el Congreso apruebe una ley que declara en emergencia el sector. Esto mejoró los recursos para el funcionamiento no sólo de ese nosocomio, sino de todo el sistema de atención de niños y adolescentes. La norma tuvo un año de vigencia, y esta semana se venció su plazo legal. En la mega sesión de ayer miércoles, se pretendió extender sus beneficios, pero los legisladores del oficialismo más sus aliados no dieron el visto bueno, por lo cual la ley perdió status. La noticia cayó como un balde de agua fría para la comunidad del Garrahan y todo el sistema de atención, que si bien venía teniendo un “cumplimiento mínimo” se había vuelto un instrumento para poder paliar la crisis del sector. Gremios sanitarios prometen dar pelea para restituir la normativa, y alertan de los efectos negativos de la decisión de los legisladores.
En el marco de la sesión de la cámara de Diputados de la Nación de este miércoles, se rechazó la prórroga de la llamada Ley de Emergencia Pediátrica y el régimen de residencias nacionales en salud, una normativa clave cuya vigencia venció en la jornada de ayer. A pesar de haber alcanzado 125 votos a favor y 116 en contra, la propuesta del diputado Pablo Yedlin (Unión por la Patria de Tucumán) no logró cosechar la mayoría especial de dos tercios de los votos exigida por el reglamento para su aprobación sobre tablas.
En el debate, Yedlin remarcó que el proyecto busca dar respuesta a las exigencias operativas de las instituciones médicas de alta complejidad y resaltó la trascendencia del establecimiento sanitario nacional al manifestar que "el hospital Garrahan no hace falta que yo lo diga es el lugar donde todos nuestras provincias mandan a sus niños cuando están graves, hace más de 500 mil consultas por año, 23 mil egresos, 10 mil cirugías, la mitad de los trasplantes pediátricos de la Argentina se hacen solo en ese hospital y cerca del 40 por ciento del cáncer infantil de la Argentina se hace en el hospital Garrahan”.
Con este resultado, el esquema sanitario nacional enfrenta la expiración de los marcos de emergencia vigentes y la falta de financiamiento directo para la provisión de medicamentos de primera necesidad, ya que tampoco se logró la mayoría especial para la vuelta del Plan Remediar, que entregaba estos insumos de forma gratuita. “El impacto de esta decisión es que el problema que estanos teniendo con la perdida de profesionales, la migración al sistema privado, en un país donde aumenta la mortalidad infantil, se va a profundizar”, alertó María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA).
En diálogo con Data Gremial, la dirigenta recalcó además que esta situación muestra que el gobierno “hace lo que quiere pasando por arriba del Congreso y de los ciudadanos, algo que es absolutamente negativo para el marco y la convivencia democrática”. La FESPROSA acompaño el reclamo de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan en todo este proceso de lucha.
“El gobierno tiene una mirada al costado respecto a la salud de la población, y estamos empezando a vivir las consecuencias, después de torcerle el brazo al gobierno a esta ley con movilización popular, la política sanitaria del gobierno se ratifica como criminal”, resumió Boriotti.
Incumplimiento
Más allá de la derrota legislativa, trabajadores y profesionales del hospital pediátrico y del resto de los centros asistenciales nacionales denunciaron que en el año de vigencia, la ley no fue del todo cumplida. “La ley de cumplió muy poco”, aseguró Boriotti. Ese primer aumento salarial a la pediatría del sector nacional fue el único avance constatado por los gremios.
El resto, según la titular de FESPROSA, “no se cumplió”. “En el resto del país, no se cumplió la extensión de Ganancias para las horas extras y de guardia, no se cumplió el aumento y las condiciones de trabajo para los residentes, la realidad es que el gobierno al igual que con el financiamiento universitario ignoró una norma recontra aprobada en ambas cámaras, con mayorías increíbles”, explicó Boriotti.
En estos días, el colectivo Soy Garrahan realizó una serie de actividades para poner de manifiesto esta realidad. Junto a la APyT, hubo manifestaciones y actividades frente al nosocomio porteño, para alertar sobre la necesidad del cumplimiento de la normativa.
En la previa al tratamiento de la extensión de la norma, el gremio denunció que, por primera vez en su larga historia, la entidad pediátrica está dando de baja tratamientos de niños con cáncer. La entidad sostuvo la acusación a través de sus redes sociales y también lo hizo su secretaria general, Norma Lezana, ante la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, en la Cámara de Diputados de la Nación, donde el miércoles pasado fracasó la sesión para prorrogar la ley cuando La Libertad Avanza y sus aliados no dieron quórum para sesionar.
Achicamiento
Desde que asumió Javier Milei, aseguran desde el Garrahan, el centro pediátrico sufrió un proceso de ajuste muy similar al del resto del estado nacional, potenciado por el ataque a los referentes sindicales, que se opusieron a esta política. Según los datos presentados por la APyT, el hospital sufrió entre 2024 y 2025 una caída de ejecución presupuestaria del 37 por ciento, equivalente a cerca de 53 mil millones de pesos a valores actualizados.
En valores nominales, las transferencias nacionales pasaron de 304 mil millones de pesos a 252 mil millones de pesos, en tanto que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -al que le corresponde financiar el 20 por ciento- también redujo su partida proporcional, de 75 mil millones de pesos a 63 mil millones. Todo esto, además, “sin aplicar ningún ajuste por inflación”.
La motosierra presupuestaria derivó en un vaciamiento de personal “sin precedentes”, tanto en lo que respecta a médicos como a asistentes. En el primero de los casos, “en un solo año renunciaron 400 profesionales de altísimo nivel en nuestro hospital, vaciándose los servicios”, explicó Lezana ante el Congreso.
En tanto, en el área de enfermería, la dotación histórica de 2 mil trabajadores cayó a apenas 1.348, sin que se cubrieran las vacantes. A la pérdida de puestos de trabajo se suma la precarización laboral: cerca de un centenar de profesionales fueron traspasados desde enero a contratos de locación de servicios, registrándose casos de trabajadores que acumulan meses sin cobrar.