Esta semana, finalizan en buena parte del país las vacaciones de invierno, el tradicional receso de mediados de año que parte en dos el ciclo lectivo. El lunes, en la zona del AMBA deberían volver a abrirse las escuelas, pero tanto en Ciudad como en provincia de Buenos Aires habrá un paro de los gremios docentes. Se trata de una medida vinculada a la decisión del gobierno de Javier Milei de clausurar la paritaria nacional docente, que debe establecer un piso de ingresos para todo el país, que hoy no se está realizando, pese a que esta instancia está establecida por ley. La decisión de la gestión libertaria es parte del ajuste general del Estado nacional, que incluye la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), además de un intento de transformar el paradigma educativo, como denunció esta semana CTERA respecto al proyecto de Ley de Libertad Educativa. En este sentido, la entidad nacional decidió dar un paso más en su lucha contra este modelo educativo, y convocó a un paro nacional. De inmediato, se sumaron los sindicatos del sector que reportan en la CGT, que también tiene representación nacional. A esto se le suman conflictos provinciales, que se suman al malestar de los trabajadores del sector, que cobran salarios lejos de la canasta básica.
El paro de los gremios con representación nacional se lanzó esta semana, para el lunes 3 de agosto. En primera instancia, la medida fue dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), mientras que los gremios educativos de la CGT anunciaron un plan de lucha que consistirá en trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa a los alumnos y, como cierre, una movilización ante el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación.
La decisión apunta a la ausencia de convocatoria a la paritaria nacional del sector, lo que mantiene el sueldo mínimo del sector en 500 mil pesos desde hace un año. Además, desde el inicio de la gestión libertaria se eliminó el FONID, lo que los gremios consideran “una rebaja salarial de hecho”, ya que en promedio significaba el 10% por ciento del ingreso docente, aunque en algunos casos era superior.
El paro nacional de CTERA, que lideran Sonia Alesso y Roberto Baradel, fue votado este miércoles por un congreso del gremio para protestar contra “el ajuste en la educación que impulsa el gobierno nacional”. En el pliego de reivindicaciones se denunció “el desfinanciamiento del sistema educativo, la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos y el incumplimiento en la restitución del FONID y de fondos nacionales destinados a educación”.
La huelga genera que en muchas provincias no reinicie el ciclo lectivo 2026. En la provincia de Buenos Aires, hasta el momento está confirmado que SUTEBA, gremio de base de CTERA, será parte de la protesta. “El Frente de Unidad Docente Bonaerense no tomó una postura consensuada, por eso hasta este momento el resto de los gremios no anunció su postura respecto a la medida de fuerza del próximo lunes”, le dijeron a Data Gremial fuentes del sector, que recordaron que en la última discusión paritaria bonaerense se mostraron “algunas diferencias” entre los integrantes del espacio. De hecho, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la segunda organización de la Provincia, fue la primera en realizar un paro a la gestión de Axel Kicillof, cuando consideró insuficiente el acuerdo firmado por el FUDB.
Este año, además nació formalmente la Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires (AMPBA), que no es parte del frente, y que ya anunció que protestará el próximo lunes. Crítico a los convenios firmados este año, se nutre de agrupaciones de la CTA Autónoma y de perfil clasistas que se suman a otros gremios de base del país para tener peso en el escenario nacional. El reclamo, más allá de las diferencias, tiene los mismos ejes: convocatoria urgente a la paritaria, un aumento salarial, la restitución y pago inmediato del FONID y la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo.
Esencialidad
Uno de los temas que generó debate interno entre los gremios es la vigencia de uno de los más polémicos artículos de la reforma laboral, que apunta a la esencialidad de la educación. En el mismo, se establece a la actividad escolar como una de las imposibilitadas de realizar paros totales, teniendo que dejar guardias de hasta un 75 por ciento del personal. Según trascendió, los sindicatos docentes de la CGT evaluaron que sería “un riesgo para los maestros” ir a un paro nacional ya que rige la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que obliga a la educación, como servicio esencial, a mantener esas “guardias mínimas”, y desobedecer la norma permitiría a las autoridades aplicar duras sanciones.
Si bien la aplicación de esa disposición respecto del sector docente fue frenada cautelarmente por el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 74, que suspendió la declaración de esencialidad de la educación mientras se tramita el proceso judicial promovido por sindicatos docentes, la apelación efectuada por el gobierno nacional mantuvo la vigencia del límite al derecho de huelga.
“Está vigente, lamentablemente”, fue la respuesta que un dirigente consultado por Data Gremial dio respecto de esta situación. Pero existen opiniones encontradas, ya que otras voces en los gremios consideran que mientras se siga discutiendo el tema se puede avanzar con las medidas de fuerza. “Esto no quita que haya descuentos”, alertaron. En este sentido, se recordó que en la provincia de Buenos Aires hubo polémica cuando sectores de SUTEBA que no están alineados con la conducción provincial avanzaron con medidas de fuerza, hubo descuentos salariales.
Lo cierto es que el plan de lucha de los docentes está en sintonía con la estrategia de la CGT, que apuesta a protestas escalonadas para poner en agenda la “falta de respuestas y los problemas que posee la clase trabajadora”. En conferencia de prensa, la dirigencia sindical docente detallará las medidas de fuerza, movilizaciones y acciones de protesta que se desplegarán a lo largo del mes en establecimientos educativos de todo el país.
Mapa de los conflictos educativos
El caso de la provincia de Buenos Aires y las diferencias internas de los gremios se expande en el país, y en varias provincias hay posturas diferentes en la postura nacional. Pero a nivel local, también hay malestar, porque muchos gobernadores trasladan el ajuste de la Casa Rosada a su territorio. En algunos casos esta semana ya hubo paros. En Jujuy, por ejemplo, no se volvió a las clases el lunes pasado, luego del receso invernal. La medida se votó en asambleas del Centro de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), que realizó un paro el martes y miércoles pasado.
En Neuquén, ATEN Capital, Plottier y Senillosa, así como en muchas escuelas de la provincia tampoco no hubo inicio y hubo marcha. En Río Negro un congreso de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) votó el no inicio de clases tras el receso invernal y exigir la convocatoria urgente a paritarias. Las medidas también se extienden a Misiones y Formosa, donde sectores autoconvocados encabezan las protestas.
En algunas provincias, como Santa Fe y Córdoba, las asambleas y consultas ya rechazan las propuestas de aumento de los gobiernos. En el caso cordobés, la medida de fuerza contará con la adhesión activa de la entidad local UEPC, desde donde señalaron que la ausencia de diálogo profundiza el conflicto y desprotege a los educadores. La apertura de esta mesa de negociación es considerada urgente para destrabar la situación actual. En el caso de Córdoba, la defensa de la caja previsional provincial es una prioridad para la UEPC. El gremio busca proteger la jubilación docente ante posibles avances legislativos que modifiquen las condiciones actuales. “Rechazamos toda reforma jubilatoria y defendemos el sistema previsional público, solidario y de reparto”, subrayaron los voceros sindicales respecto al posicionamiento que llevarán a la jornada del lunes.
El paro de CTERA y el plan de lucha cegetista volverán a colocar la discusión educativa en el centro de la agenda. Los sindicatos buscarán presionar por una actualización salarial y por la recuperación de fondos nacionales, mientras el gobierno deberá definir si reabre una instancia de negociación para evitar que las protestas se profundicen durante agosto.