Un nuevo fallo conocido este martes volvió a ordenarle al Gobierno nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Se trata de un nuevo revés para el oficialismo, que hace más de un año viene dilatando la aplicación de la norma, que mejora los salarios de docentes y nodocentes y los recursos para las casas de estudio. En este caso, el juez que entiende en la causa decidió declarar inconstitucional el decreto presidencial que reglamentó la ley y, a la vez, anuló su aplicación. Esto fue rechazado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, que otra vez ratificó la vigencia de la normativa y les dio otro plazo a las autoridades para cumplirla plenamente, lo que incluye también el aumento de las Becas Belgrano. En este contexto, desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales confirmaron la marcha de la semana que viene, ante la desconfianza que existe respecto de la gestión libertaria, que ya incumplió órdenes judiciales, y adelantaron que esta última también será apelada. El ajuste que golpea a la educación superior argentina no es inocuo, y un reciente informe mostró cómo la mayoría de las universidades cayó en un ranking regional.
La declaración de inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, con el que el presidente Javier Milei intentó evitar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, es otro espaldarazo a los docentes y nodocentes, que mantienen su plan de lucha para que la norma, sancionada hace más de un año, se cumpla plenamente. Mediante ese DNU, el Poder Ejecutivo había promulgado la ley, pero al mismo tiempo suspendió su aplicación práctica debido a la supuesta falta de fuentes expresas de financiamiento asignadas por el Congreso. En un fallo de 50 páginas, el juez federal Martín Cormick hizo lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, además de otra demanda iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y declaró la nulidad del decreto y suspendió su aplicación. Según explicó el magistrado, y en contra de lo que sostiene el Gobierno de Milei, “la propia Ley 27.795 (Financiamiento Universitario) establece pautas, en su artículo 9°, sobre cómo financiar lo establecido en la Ley”. “En este sentido, asignar una mayor jerarquía a dos artículos sancionados en leyes pasadas —en donde se prevé una especificación presupuestaria concreta— respecto de una ley más reciente presupone que el Poder Legislativo, tanto en sus primeras votaciones como en su insistencia posterior, desconoce el bloque normativo sancionado por dicho cuerpo”, indicó el juez.
La primera reacción de los gremios fue, por un lado, destacar que otra vez la Justicia les da la razón a ellos y a los rectores y, por otro, sostener el plan de lucha. En este sentido, Daniel Ricci, titular de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), le confirmó a Data Gremial que la Quinta Marcha Federal “se hace”. “Nosotros sostenemos con los docentes y nodocentes la movilización, principalmente porque no hay ninguna señal de que el Gobierno vaya a cumplir este último fallo”, agregó el dirigente. Como antecedente, insistió Ricci, está “el año que no se puso en plena vigencia la ley de financiamiento, y si bien el fallo no hace más que ratificar que teníamos razón, no podemos dejar de marchar porque no hay confianza en lo que haga el Gobierno”.
Cabe recordar que el Congreso aprobó esta norma en agosto de 2025. Sin embargo, el 9 de octubre de ese mismo año, el Poder Ejecutivo observó en su totalidad el proyecto de ley mediante el Decreto 647/25, que este martes fue declarado inconstitucional. “La situación salarial de los trabajadores universitarios continúa deteriorándose”, alertó FEDUN, que viene trabajando en una actualización del informe donde da cuenta de la pérdida que vienen sufriendo los trabajadores, que se conocerá en estos días, posiblemente antes de la marcha del 15 de octubre.
Plan de lucha
En tanto, el resto de los gremios que componen el frente se fueron pronunciando de igual manera. Los nodocentes adelantaron que mantendrán las acciones planteadas, incluyendo un paro este jueves 8 en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). “Seguimos con el plan de lucha, que incluye paros de 24 horas en distintas universidades de todo el país, de tres o cuatro a la vez”, recalcó Julián de Silvestro, titular de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Lanús (ATUNLA) y miembro de la conducción nacional de FATUN.
Ante la consulta de Data Gremial, el dirigente agregó que “el día 15 terminamos con estos paros escalonados y vamos a marchar, una jornada que va a confluir con otras luchas, como la defensa de la soberanía nacional ante el avasallamiento de las tierras por la derogación de la Ley de Tierras. La marcha está planificada y está militada por todos los integrantes del frente”.
Esta semana, docentes y nodocentes realizaron medidas de visibilización para darle volumen a lo que puede pasar el jueves próximo, cuando se espera una verdadera multitud en las inmediaciones del Congreso. “Más allá de que la Justicia dio un nuevo paso en defensa de la ley, un paso importante, pero lamentablemente, por el desapego que tiene este Gobierno por las normas y las leyes, no esperamos un cumplimiento, por lo menos no inmediato”, admitió Di Silvestro.
Para la dirigencia de FATUN, hay “una ley legítima, una ley aprobada y apoyada por una mayoría legislativa y un respaldo por el pueblo argentino, que manifestó en varias oportunidades su defensa de la universidad pública, los salarios y las becas”. Por eso, todo se encamina a una nueva jornada multitudinaria. “Estamos convencidos de que vamos a tener una nueva muestra de apoyo popular que demuestre lo importante que es para el proyecto de país la universidad”, insistió el dirigente.
Derrumbe
En tanto, luego de un año de lucha por parte de docentes y nodocentes, la ley sigue sin ponerse en marcha y los efectos del ajuste libertario ya se hacen notar en la educación superior. Una de las consecuencias es que 17 universidades argentinas bajaron posiciones en una prestigiosa medición internacional, mientras que solo ocho mejoraron y 20 se mantuvieron estables.
Se trata del ranking Quacquarelli Symonds (QS), cuyos resultados fueron vinculados con “el impacto de las continuas restricciones financieras”. Claro que el ajuste sobre el presupuesto de las universidades llega al 45 por ciento en tres años y el Gobierno se niega a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, según los gremios.
El ranking fue elaborado por la consultora británica QS y contempla a 517 universidades de 27 países de América Latina y el Caribe. El listado evalúa a las instituciones a partir de ocho indicadores vinculados con investigación, empleabilidad, experiencia de aprendizaje y compromiso global.
a UBA se destacó especialmente en las categorías Reputación Académica y Reputación entre Empleadores, dos de los indicadores centrales de la medición. En ambos casos alcanzó el segundo puesto regional. La Reputación Académica se construye a partir de la percepción de académicos de distintas partes del mundo sobre la calidad de la enseñanza y la investigación de las universidades. La Reputación entre Empleadores, en tanto, mide la valoración que tienen las empresas sobre la preparación de los graduados de cada institución.
“La Argentina registró la mayor caída neta entre los sistemas universitarios de la región que cuentan con al menos diez instituciones clasificadas”, se alertó. En total, el país tiene 46 universidades incluidas en esta edición y se mantiene como el cuarto sistema con mayor representación, detrás de Brasil, Colombia y México.
Desde QS vincularon el retroceso con “el impacto de las continuas restricciones financieras” que atraviesa el sistema universitario. Al mismo tiempo, la consultora señaló que las universidades argentinas “conservan fortalezas en áreas como la reputación académica, el reconocimiento entre empleadores y la disponibilidad de docentes”.