En un reciente encuentro realizado en La Pampa, los gremios que integran la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) analizaron la delicada situación que vive el organismo. Luego del intento fallido del gobierno nacional de suprimir la entidad, la situación sigue siendo muy compleja, y la dirigencia habló de “falta de financiamiento, la falta presupuestaria y la falta de un proyecto más estratégico” que genera la estrategia del gobierno nacional. Es que como sucede con otras empresas estatales que la gestión libertaria intentó cerrar pero no pudo –ya sea por un fallo judicial o por leyes del Congreso –ahora el problema es presupuestario, ya que no se garantizan los recursos necesarios para cumplir con sus tareas. Esto se puede ver en el INTI, el INTA o en sectores más sensibles, como la discapacidad, donde la reglamentación de la ley de emergencia quedó muy limitada. Por eso hay alarma de los trabajadores viales, que ven que el presupuesto 2026, que se comenzó a discutir en el Poder Legislativo, no contempla las necesidades de fondos que ellos consideran imprescindibles. Incluso FEPEVINA habla de partidas que sólo alcanza “el 75 por ciento de las necesidades” del organismo. Por eso, aseguran que el panorama “es complejo”, y deben seguir luchando para sostener la entidad en funcionamiento.
Según se pudo saber de los primeros análisis del proyecto de presupuesto para el año que viene, la Dirección de Vialidad Nacional tiene fondos por 659.876 millones, lo que implica apenas un incremento del 1,34 por ciento respecto de la ejecución vigente. Esto es considerado “insuficiente” respecto de los reclamos de obras de mantenimiento, más teniendo en cuenta que hace dos años que no hay presupuesto actualizado.
“Salvamos la disolución de Vialidad Nacional pero el vaciamiento continúa”, admitió Fabián Cattanzaro, secretario Gremial y de Prensa de la FEPEVINA. En diálogo con Data Gremial, el dirigente confirmó que “el proyecto de presupuesto 2026 tiene recursos que representan entre un 70 y un 75 por ciento en términos reales por debajo de las necesidades del organismo”. Ya en 2023 los montos destinados a Vialidad Nacional “eran bajos”, según vienen denunciando los gremios.
Además de esto, hay alerta por la sub-ejecución de los montos actuales, que derivan especialmente de los fondos específicos recaudados por el impuesto a los combustibles, destinados al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), y que alcanza según los cálculos a los 475 mil millones de pesos.
Tanto por lo que dejan los dos años sin presupuesto, como por el análisis de los fondos proyectados para el año que viene, “es bastante malo el panorama”, según dijo Cattanzaro, fundamentalmente porque los recursos para hacer obras “son ínfimos y la proyección muy baja”.
En este contexto, hay una serie de maniobras dentro de la iniciativa del oficialismo que FEPEVINA detectó: “Se han incluido una serie de obras en el proyecto que están para el cierre administrativo, porque presupuestariamente no está mal que se haga, pero que hace años fueron terminadas”. Además de la imposibilidad de hacer obras, y revertir el mal estado de las rutas argentina –que la entidad ubica por encima del 60 por ciento según sus reportes –se suma la preocupación por la cuestión salarial. Según Cattanzaro, “ya hace más de un año tenemos los sueldos congelados, y en las previsiones del presupuesto del año que viene hay una reiteración de lo que llamamos inciso 1 con el mismo monto, que tiene una única interpretación: sigue el congelamiento salarial”.
“En panorama es bastante complejo, vamos a trabajar para poder declarar la emergencia vial que nos dote de recursos y poder salir a hacer nuestro trabajo, pero cada día es un nuevo escenario”, según marcó el dirigente.
Deterioro
Según los informes elaborados por FEPEVINA en este año, el estado de las rutas nacionales se siguen deteriorando al ritmo que no aparecen los recursos para realizar mantenimiento. Según un análisis reciente alrededor del 60 por ciento de las rutas se encuentran “en estado malo o regular, con tramos altamente congestionados, banquinas deterioradas, señalización deficiente y un nivel de servicio que afecta tanto la seguridad como la competitividad económica del país”.
Este dato podría ser aún peor, cuando el gremio lo actualice. La situación responde “a la paralización de obras de mantenimiento y rehabilitación”. La propia Vialidad Nacional reconoce que muchas mediciones “son de hace más de dos años”, por lo que la situación real podría ser aún más crítica.
El impacto de la falta de inversión es contundente, según los gremios viales: por cada peso no invertido en conservación vial, se gastan entre tres y cinco veces más en rehabilitación. Esa desinversión genera pérdidas estimadas entre el 1 y 3 por ciento del PBI anual, en mayores costos logísticos, accidentes y pérdida de productividad.
En varias provincias ya se presentaron proyectos para declarar la emergencia vial en corredores nacionales clave, mientras FEPEVINA pide que esta declaración sea a nivel nacional. El deterioro de las rutas está vinculado directamente con la inseguridad vial. En 2023, los siniestros de tránsito dejaron 4.369 víctimas fatales, un 14 por ciento más que en 2022. La ONG Luchemos por la Vida eleva la cifra a 6.245 muertes en el mismo período.
Estrategia
Según los cálculos gremiales, el estado actual de las rutas demandará al menos 2.500 millones de dólares adicionales entre 2026 y 2027 para recuperar los 28.088 kilómetros bajo la órbita de Vialidad Nacional. Por eso, se viene pidiendo por la emergencia vial en el país, algo que podría llegar en forma de proyecto de ley al Congreso. Pero la motosierra sigue impidiendo este tipo de avances.
La estrategia de la Casa Rosada perece ser vetar las normas que rompan según su criterio el equilibrio fiscal, y si estas quedan firmes, reglamentarlas de manera que su impacto quede limitado. Así hicieron, según los gremios, con la Ley de Emergencia en Discapacidad, y temen que haya con la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica, si este jueves el senado las deja vigente. Además, se mantienen los planes de ajustes, para evitar que se cumplan las tareas requeridas.
Otra de las formas que tiene el gobierno para frenar estas normas o mantener su plan de ajuste es el cierre de las dependencias, o su intento de privatización. Esto está viéndose en el sector de la cultura, con el cierre de Cine Ar y una eventual privatización de la plataforma de streaming Cine Ar Play, en medio de recortes en el área. Esta semana diversos sectores de la industria audiovisual y organizaciones políticas se movilizaron frente al INCAA, en el centro porteño, para rechazar este plan.
Entre los presentes estuvieron las asociaciones que integran el Espacio Audiovisual Nacional (EAN), entre las cuales están Argentores, Asociación de Productores/as Independientes de Medios Audiovisuales (APIMA) y el Colectivo de Cineastas (CAC), entre otras. “En un contexto en el que las salas están monopolizadas por producciones internacionales, cerrar y privatizar estos espacios significa literalmente la negación de la diversa producción audiovisual nacional y el acceso a nuestra cultura por parte de la sociedad”, advirtió EAN en un comunicado. Creada en 2015, la plataforma de Cine Ar tiene actualmente más de 2,6 millones de usuarios registrados en la Argentina y en el exterior y es el único servicio de streaming gratuito de cine nacional.