Durante el fin de semana, versiones periodísticas confirmaron que el Gobierno nacional volverá a buscar reducir la cantidad de empleados públicos, luego de haber destruido más de 72 mil puestos de trabajo en el Estado Nacional desde diciembre de 2023. Ahora, desde el Ministerio de Desregulación trabajan en un nuevo plan de retiros voluntarios, que en este caso está apuntado a empleados de planta permanente. Uno de los organismos apuntados con mayor atención por la gestión libertaria es la Dirección de Vialidad Nacional, donde el ajuste y el desfinanciamiento hacen estragos en la capacidad de acción de una entidad clave. Esto ocurre en medio de las denuncias de sus trabajadores respecto del “abandono total” de las tareas de mantenimiento en las rutas, lo que está aumentando de manera dramática los accidentes en la red vial nacional. Así lo viene denunciando la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que ahora debe enfrentar una nueva amenaza: la de este plan para eliminar más empleados en todo el país. Según los detalles conocidos, el objetivo de este nuevo avance del Gobierno es “continuar reduciendo la planta estatal, en el marco de las políticas de reforma del Estado y desregulación económica que viene implementando la administración de Javier Milei”. En el texto oficial, el Gobierno fundamentó que “dicho esquema asegura y promueve la razonabilidad operativa y el uso eficiente de los recursos públicos, así como el establecimiento de una dotación acorde con las necesidades funcionales del organismo”. Pero el gremio cruzó las intenciones oficiales: “No son condiciones beneficiosas”.
Mediante la resolución 1220/2026, publicada ayer lunes en el Boletín Oficial, se avanza con una nueva fase del retiro voluntario destinado al personal de planta permanente y contratados de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La puesta en marcha de la segunda etapa del Sistema de Retiro Voluntario en la DNV da continuidad “al proceso iniciado previamente mediante la resolución 118/2026, en el cual se registraron 609 adhesiones sobre un estimado inicial de 900 agentes”. A la segunda etapa del programa, explicó la resolución, podrán adherirse los agentes de la entidad “en planta permanente o con contratos por tiempo indeterminado que cuenten con una antigüedad mínima superior a un año”. Entre los parámetros y condiciones que regirán para “acceder al retiro se determinó que quedan excluidos quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, los involucrados en procedimientos disciplinarios, quienes hayan iniciado trámite jubilatorio o presentado su renuncia, quienes superen los 64 años y quienes tengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de ellos”.
Ante la publicación de este plan, desde FEPEVINA salieron al cruce de la iniciativa. “Justamente hoy, 5 de octubre, que es el Día del Camino y el aniversario 94 de Vialidad Nacional, el Gobierno publica esta resolución”, recalcó Fabián Catanzaro, secretario adjunto del gremio. Ante la consulta de Data Gremial, el dirigente recordó que este es “el segundo plan de retiros, ya hubo uno por el mes de marzo, con similares condiciones a las actuales”. La condición más importante, explicó el dirigente, es el porcentaje del salario que se abona, pagado en cuotas. “No son condiciones muy auspiciosas para los trabajadores, es un mecanismo que empieza a expulsarlos de la entidad, ya que la lógica del plan es ‘esto o nada’, bajo amenaza de despidos”, razonó Catanzaro. En el primer tramo de este plan de achicamiento de la plantilla de empleados de Vialidad Nacional se sumaron unos 600 empleados, y ahora se espera otro tanto. “Si fueran mejores las condiciones, si los pagos no fueran en tantas cuotas, muchos trabajadores podrían sumarse, pero para este tramo no creo que superen los 100 o 200 empleados”, adelantó el dirigente. Pese a esto, desde FEPEVINA aseguran que para “lo golpeado que viene el organismo, esas salidas se van a sentir, y mucho”.
Controversia
Uno de los temas más controvertidos de la disposición que establece el inicio de esta etapa del plan de retiros está vinculado a la tutela gremial, es decir, la protección que tienen los delegados cuando están en funciones. En este sentido, el régimen establece que los empleados con mandatos sindicales vigentes “deberán renunciar a su cargo y a la tutela sindical para poder aplicar”. Los trabajadores aceptados suscribirán un acuerdo de desvinculación y la adhesión implica la prohibición de reingresar o prestar servicios en el Estado Nacional por el plazo de cinco años. La base de cálculo de la gratificación extraordinaria de egreso estará determinada por el haber bruto remunerativo del mes anterior a la entrada en vigencia del reglamento. Los postulantes podrán optar entre tres alternativas: Opción 1, cobro del 90 por ciento de un haber de egreso por cada año de antigüedad, o fracción mayor a 3 meses, en la Dirección de Vialidad Nacional, con un tope máximo de 24 años de antigüedad; y opción 2, cobro del 85 por ciento por año de antigüedad con un máximo de 24 años, adicionando un monto por "cobertura asistencial" equivalente a 12 meses de aportes y contribuciones de obra social (9 por ciento) del mes previo al cese. Además, existe una opción 3, destinada únicamente al personal de 64 años o más que carezca de los aportes jubilatorios necesarios. Aplica el cálculo de la opción 1, pero con un límite máximo de 12 años de antigüedad.
En la normativa, el Ejecutivo explicó que este beneficio es independiente de la liquidación final por cese, la cual incluye el proporcional del Sueldo Anual Complementario (SAC) y las vacaciones no gozadas. La gratificación extraordinaria se acreditará en la cuenta sueldo del agente y se abonará según el monto total resultante. En un monto de hasta 10 millones de pesos se abonará en una única cuota. Si está por encima de ese valor y es menor a 20 millones de pesos, se abonará en 3 cuotas mensuales iguales y consecutivas. En caso de que el monto esté entre 20 millones y 30 millones de pesos, se abonará en 5 cuotas mensuales iguales y consecutivas. Mientras que, si el valor supera los 30 millones de pesos, se abonará en 8 cuotas mensuales iguales y consecutivas. En el esquema implementado, se dispuso que la primera o única cuota se acreditará dentro del quinto día hábil administrativo del mes posterior a la firma del acuerdo de desvinculación.
Polémico decreto
En tanto, en medio de la controversia por los retiros voluntarios, los trabajadores de Vialidad Nacional alertaron que otra de las amenazas que se cierne sobre el organismo es un DNU firmado en junio de este año, que cambia la estructura interna de la entidad y puede volverse la “puerta de entrada” de una nueva tanda de despidos masivos. Se trata del decreto 533/2026, que aprobó una nueva estructura organizativa de primer nivel operativo para la entidad, que establece básicamente una reorganización interna: se eliminaron las gerencias ejecutivas regionales y se dividió el área de Planeamiento y Concesiones en dos unidades independientes. Además, el nuevo esquema busca “enfocar a la entidad en el mantenimiento y gestión de rutas nacionales mediante sistemas de peajes operados por el sector privado, apuntando a concesionar más de 9 mil kilómetros de los cerca de 44 mil kilómetros de la red nacional”. La normativa dejó oficialmente sin efecto la estructura organizativa previa que regía desde el año 2017.
Al respecto, Catanzaro explicó que el DNU “centraliza las funciones de Vialidad Nacional en Casa Central, dejando muy diezmadas las ubicaciones de la entidad en las provincias”. A esto se suman los acuerdos firmados por las autoridades nacionales de la entidad con algunos gobiernos provinciales –aliados de la Casa Rosada–, lo que está generando un achicamiento de las actividades de Vialidad en todo el país. “Se hace un cuello de botella que pone en riesgo más de 3 mil puestos de trabajo, como venimos alertando en FEPEVINA”, recalcó Catanzaro. Este decreto tiene adecuación progresiva, es decir, se facultó a las autoridades del organismo a “reordenar las dotaciones de personal y los manuales correspondientes de manera paulatina”. Ante esto, el gremio analiza medidas, “contra este decreto o contra los retiros, que son una forma de despidos encubiertos”.