Al inicio de la actual gestión libertaria, se intentó continuar con la llamada “revolución de los cielos” en el sector aerocomercial, algo instalado por el gobierno de Mauricio Macri y que se basó en un proceso de desregulación para darle ventajas competitivas a las líneas llamadas “low cost”. Para eso, se comenzó, por ejemplo, con la privatización de Intercargo, como parte del plan que, como muchos similares, sale del Ministerio de Desregulación. Pero la situación no salió como se esperaba. El plan motosierra afectó la capacidad operativa de las entidades estatales claves en el rubro, y los problemas de la economía afectan a las empresas, con la situación de Flybondi como emblema.
Para intentar salir de esta situación, esta semana se anunció la creación de la Mesa Técnica de Trabajo, que estará integrada por referentes de la industria y otros espacios y que, según las versiones que circularon, buscará “mejorar la competitividad del sector aerocomercial”. En este espacio no estarán representados los trabajadores, ya que los gremios ni siquiera fueron consultados, por lo cual hay incertidumbre y dudas sobre la utilidad de la iniciativa. Temen que la medida esté vinculada a un nuevo intento de desregular el sector.
Esta mesa de negociación fue oficializada a través de la Resolución 69/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial. El nuevo ámbito de trabajo tendrá como objetivo, explica el texto, “elaborar un documento con recomendaciones sobre ajustes regulatorios, administrativos y operativos vinculados al funcionamiento de la actividad aérea”.
En los considerandos, el Ejecutivo sostuvo que la modernización de la gestión del tránsito aéreo y de los procedimientos operativos permitirá “incrementar la capacidad del sistema aeronáutico, reducir demoras y mejorar la eficiencia de las operaciones, manteniendo los estándares de seguridad operacional”. También se señaló la necesidad de “fortalecer mecanismos de trabajo colaborativo entre los distintos actores de la industria y avanzar en la apertura efectiva del mercado de servicios en tierra”.
La resolución establece que la mesa deberá elevar sus recomendaciones antes del 1° de diciembre de 2026, aunque el plazo podrá prorrogarse automáticamente por 30 días hábiles. Además, se aclaró que la iniciativa “no implicará erogaciones presupuestarias para el Estado nacional”. Uno de los objetivos propuestos es avanzar “en la incorporación de nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos del país”. Esto, alertan fuentes del sector, puede esconder la idea de una desregulación, y las miradas apuntan a Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación nacional.
“No falla, cuando hay algún intento de desarmar alguna norma, está ‘el coloso’”, ironizó una de las fuentes consultadas por Data Gremial, vinculada a los gremios aerocomerciales. Por la falta de información, la gran mayoría de la dirigencia no conoce demasiado los objetivos reales de la propuesta, pero no tiene dudas de que el perfil será el que vienen mostrando el ministro y Hernán Gómez, subsecretario de Transporte Aéreo. “Sus ideas brillantes son favorecer siempre a las empresas y fomentar el trabajo extranjero, precarizando el empleo nacional. Esta mesa no sería de extrañar que vaya por ese lado”, agregó la misma fuente consultada.
Sin los trabajadores
Según la norma oficial, la Mesa Técnica de Trabajo estará coordinada por la Subsecretaría de Transporte Aéreo e integrada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (JURCA), el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), explotadores aeroportuarios, líneas aéreas y otros organismos competentes. Nada se dice de los trabajadores y sus gremios, que hasta el momento brillan por su ausencia.
“Esta mesa que se armó desde el Gobierno nacional no es un espacio donde los sindicatos formemos parte”, le confirmó a Data Gremial el coordinador nacional de ATE en la ANAC, Marcelo Belelli. En la integración, recordó el dirigente, se incorporaron “los sectores comerciales y los organismos públicos; ni siquiera está representada la aviación en general”. Por eso, Belelli no conoce con precisión los objetivos ni las intenciones finales que puede tener la gestión libertaria respecto de esta iniciativa. “No sabemos qué se pretende. Si es para discutir o actualizar normativas, por ejemplo, estaría bien, pero tampoco tiene niveles de consenso transversales, queda medio trunca”, resaltó Belelli, referente nacional de los empleados de la ANAC.
Tasas
Por otro lado, la Secretaría de Transporte oficializó la creación de esta mesa de trabajo conjunta, enfocada también en la revisión integral de las tasas aeronáuticas y los cargos vigentes en la aviación comercial. La iniciativa quedó plasmada formalmente mediante la Resolución 72/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, que lleva la firma del secretario del área, Mariano Ignacio Plencovich.
Esta medida estratégica tiene como meta principal estructurar un documento consensuado de recomendaciones técnicas antes del próximo 1° de diciembre, buscando conferir mayor previsibilidad económica y absoluta transparencia a toda la cadena aerocomercial que opera en territorio argentino. El núcleo de la normativa radica en diseñar un proceso técnico y participativo durante el corriente año, propiciando que los actores involucrados debatan y delineen mecanismos claros para fijar tarifas y derechos operativos.
Para sustentar esta reglamentación, la cartera de Transporte tomó como ejes rectores los lineamientos históricos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional —suscrito en Chicago en 1944— y los manuales especializados de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en materia de servicios aeroportuarios y de navegación aérea. Con estas directrices internacionales, el Ejecutivo apunta a optimizar la competitividad de las rutas aéreas federales e internacionales sin descuidar los intereses de los pasajeros y operadores. En cuanto a su operatividad, la mesa de trabajo funcionará bajo la órbita directa de la Secretaría de Transporte y estará coordinada de forma operativa por la Subsecretaría de Transporte Aéreo.
La resolución estipula una fecha límite concreta: el 1° de diciembre de 2026, plazo en el cual el nucleamiento técnico deberá elevar el documento final con las propuestas de reglamentación. No obstante, el texto legal contempla una cláusula que permite una prórroga automática por 30 días hábiles adicionales en caso de requerir mayor profundidad en los análisis económicos. Una vez presentado, el compendio tendrá un perfil estrictamente consultivo y técnico y será remitido a las autoridades competentes para su evaluación legal y eventual adopción normativa. Desde el Palacio de Hacienda recalcaron que la implementación de esta mesa no genera ningún tipo de erogación presupuestaria adicional para las arcas del Estado nacional.