El presidente Javier Milei parece comenzar a cumplir su “promesa de campaña” de cerrar el CONICET, a partir de una serie de medidas que comprometen su financiamiento. A los despidos de personal administrativo y la suspensión de concursos se sumó la paralización del ingreso de becarios y otros investigadores que ya habían sido aprobados para ser parte de la entidad, lo que marca un punto de quiebre en el funcionamiento del principal organismo de ciencia y tecnología del país. el cuadro de situación en materia laboral es muy incierto, ya que muchos de los investigadores no saben si cobrarán sus salarios durante el año, que sale de estos programas. Por eso, la comunidad científica se sigue organizando para resistir lo que consideran “el desguace” del CONICET.
Esta semana, desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT) se presentaron en la sede del ex Ministerio de Ciencia, hoy degradado a secretaría, para entregar más de 10 mil firmas de un petitorio que plantea sus dudas respecto al futuro, y alertas sobre los peligros de dejar sin capacidad de financiación a la entidad. además, las autoridades recibieron a delegados sindicales que volvieron a pedir por el personal de apoyo y administrativo que fue alcanzado por el decreto que no reconoce los pases a planta del 2023, lo que terminó con 50 cesantías en todo el país. Además, un plenario realizado en la UBA se plantó contra el DNU y la Ley Ómnibus, que completa las medidas de ajustes del gobierno nacional y deja sin capacidad de investigación al país.
Los problemas en el CONICET se agudizan de la mano del desfinanciamiento al que somete la jefatura de Gabinete al sector, que quedó bajo su órbita luego de la reestructuración realizada por la gestión libertaria. La falta de definición de las nuevas becas y los despidos fueron la primera alerta, que se sumó ahora a la interrupción de los ingresos ya aprobados. Ante esto, se creó la RAICyT, formada por unos 300 directores de organismos científicos, en su mayoría el CONICET, y que se constituyó para enfrentar el ajuste que pretende imponer el gobierno nacional.
Su primera acción conjunta fue entregar un petitorio a las autoridades en un acto realizado frente al Polo Científico Tecnológico, donde fueron acompañados por trabajadores, investigadores y otros integrantes del sector. “Convencidos del papel imprescindible que cumple el sistema científico y tecnológico en el desarrollo de la Nación, vemos con tristeza e indignación cómo la inicial incertidumbre generada en el sector por las medidas anunciadas por el actual gobierno nacional, han comenzado ya a convertirse en certezas”, denuncia el documento, al que tuvo acceso Data Gremial
En el transcurso de esta última semana, recalcaron “asistimos a la postergación indefinida en la efectivización de los concursos de becas ya evaluados, ingresos a la Carrera del Investigador Científico (CIC), ingresos a la Carrera del Persona de Apoyo (CPA) y acreditación de promociones”. Estas medidas, afirmaron desde esta red, “junto a la abrupta interrupción en la acreditación de fondos a proyectos de investigación actualmente en desarrollo y la baja compulsiva de personal administrativo, amenazan no sólo la continuidad de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que se realizan actualmente en el CONICET, sino la propia existencia del CONICET, institución que ha recibido la máxima calificación entre aquellas similares en América Latina”.
El petitorio incluyó una serie de reclamos para los funcionarios, como “efectivización de los concursos de becas, en todas las categorías, en las condiciones en las que fueron originalmente llamados; continuidad en los llamados futuros a nuevos concursos; efectivización de los ingresos a la Carrera del Investigador Científico (CIC) y carrera del personal de Apoyo (CPA) ya evaluados y aprobados; acreditación efectiva de los fondos correspondientes a los proyectos de investigación financiados por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y por el propio CONICET, actualmente en curso; reincorporación inmediata del personal cesanteado; y actualización salarial en todos los estamentos del CONICET, a fin de paliar el notorio deterioro en el poder adquisitivo de nuestros salarios”.
Reunión por despidos
En tanto, en paralelo con esta actividad, un grupo de dirigentes de ATE se reunieron con autoridades del CONICET, para tratar los despidos que se produjeron en el organismo, de personal administrativo y de apoyo, unas 50 cesantías que van de la mano del ajuste que hace el gobierno nacional sobre el empleo público. La delegación fue recibida por Daniel Salamone, presidente del CONICET, y Alejandro Cosentino, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la Subsecretaria Paula Nahirñak, quienes recibieron las demandas de las juntas internas de La Plata y la Ciudad de Buenos Aires. en la misma confirmaron que los despidos se dieron en todo el país, y se basaron en el decreto presidencial que no reconoce la estabilidad laboral que lograron los empleados en el 2023.
“Lamentablemente no nos dieron ninguna respuesta concreta a los reclamos”, le dijo a Data Gremial un dirigente presente en la reunión. “Nos escucharon y se comprometieron a dar respuesta a nuestros reclamos, pero pasaron dos días y no recibimos ninguna novedad”, agregó la misma fuente. En la reunión los funcionarios dijeron que todo proceso abierto de ingreso a la carrera de investigador “sería respetado”, pero no se pudo confirmar con el correr de los días.
Respecto a los despidos, se mostraron sin mayores respuestas, ya que tiene que ver “con una medida general, que tomó el ejecutivo nacional”. Días atrás, ATE realizó una protesta junto a investigadores, donde reclamaron se garanticen los fondos para el funcionamiento del sector. Uno de las cuestiones que más preocupa es la “fuga de cerebros”, que se empieza a ver, en especial entre científicos jóvenes.
Contra la Ley Ómnibus
Por otra parte, antes de entregar el petitorio a las autoridades nacionales, los integrantes de la red de directivos realizaron una asamblea en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, a la que asistió un grupo de investigadores que se posicionaron en relación al DNU y la Ley Ómnibus. “El sistema nacional de ciencia y tecnología tenía hasta diciembre del año pasado sus referentes y sus lineamientos. Ahora, todo esto está cortado y degradado. En el medio se está echando personal, se está diciendo que el sector va a manejar con el mismo presupuesto que 2023”, se quejaron.
Los investigadores afirmaron que el gobierno nacional “está incumpliendo la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología votada en 2021 por unanimidad para garantizar que hasta 2032 se vaya incrementando el aporte del Tesoro nacional dedicado a ciencia e investigación”. El objetivo de esta ley es alcanzar en 2032 el 1 por ciento del PBI. En esa reunión se remarcó que la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación sigue acéfala y sin autoridades, un símbolo del desprecio que tiene el gobierno por el sector científico-tecnológico.