Una de las primeras medidas del gobierno de Javier Milei fue firmar el decreto 84, que estableció nulos todos los contratos temporarios en la administración pública nacional. Esto se completó con la decisión de no reconocer los pases a planta permanente que se realizaron en el último por parte de la gestión saliente, lo que generó en diciembre unos 9 mil despidos, según los cálculos más optimistas. En enero, se produjeron nuevas cesantías, como las que se dieron esta semana en el CONICET.
El ataque de la gestión libertaria al empleo público puede verse en este tipo de iniciativas, que se potencian en varios artículos del DNU presidencial y la llamada Ley Ómnibus, que están siendo tratados en el Congreso. Uno de los cambios que genera la nueva política respecto del trabajo estatal es que prácticamente termina con la estabilidad laboral de todos los trabajadores, lo que abre la puerta a situaciones constantes como las vividas en el organismo de ciencia esta semana.
Así lo advierte un informe elabora en conjunto por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) y el Instituto de Estudios y Formación (IEF), que analizaron las dos iniciativas, sobre todo el capítulo dedicado a la reforma laboral, que si bien está suspendido por tres fallos judiciales sigue generando preocupación por su eventual visto bueno por parte dela Corte Suprema de Justicia. “Hay un proceso de avasallamiento sobre los derechos del conjunto de la clase trabajadora”, recalcaron las entidades.
El análisis de la reforma laboral se centra en el impacto que tendrá en los derechos que establece la ley y en el marcado laboral futuro. Uno de los puntos que más controversia genera es cómo afecta a los empleados públicos, que desde el inicio de la gestión libertaria se volvieron uno de los blancos de sus críticas.
En concreto, los decretos sobre contrataciones más el DNU y la Ley Ómnibus “colocan a todos los puestos de la administración pública nacional en condiciones inestables”. “El DNU establece que las personas trabajadoras de las empresas y sociedades del Estado a privatizarse, pierden estabilidad laboral, pues deroga la ley que regula las sociedades de economía mixtas, la que prevé el régimen de funcionamiento de las empresas del Estado y la ley de Sociedades del Estado, disponiendo la transformación de estos organismos a Sociedades Anónimas”, explicó el reporte, al que tuvo acceso Data Gremial.
En cuanto a la ley que debate el Congreso, “expone un listado de 41 empresas del Estado sujetas a privatización. Los trabajadores y trabajadoras perderán de esta forma la estabilidad en sus empleos que le confiere el art 14 bis de la Constitución Nacional, al momento de la privatización y transformación de estas entidades en Sociedades Anónimas”.
Las entidades recordaron que en estos momentos el empleo en la administración pública nacional tiene tres formas de contratación: planta permanente o planta transitoria, regidos por la ley 25.164, o bajo la Ley de Contrato de Trabajo con contrato a plazo fijo. La primera se supone que es la más estable, pero la reforma que busca el gobierno pretende cambiar eso.
“El proyecto de Ley Ómnibus prevé la perdida de estabilidad de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en régimen de planta permanente expuestos a procesos de reconversión de las funciones del Estado prevista en dicha ley”. Además, esta normativa pone en “situación de disponibilidad” a los agentes de planta permanente y bajo régimen de estabilidad “cuyos cargos resultaran eliminados por las medidas de reestructuración que supongan la supresión de organismos que componen la administración pública nacional o de las funciones asignadas a ellos”. “El ajuste que el gobierno de Javier Milei pretende realizar sobre los puestos de trabajo y sus condiciones laborales en el Estado, afecta a las distintas formas de contratación”, subrayó el informe.
Casos concretos
Si bien la Ley Ómnibus no está en vigencia, los primeros decretos hicieron que se produzcan los primeros despidos en el Estado nacional. A comienzos del año se dieron 7 mil cesantías de personas a quienes no se le renovaron los contratos, más 2 mil de quienes habían pasado a planta, pero no fue reconocido por haberse producido en el 2023. Con el correr del mes, si bien no hubo cesantías masivas los despidos nunca se detuvieron, y a “cuenta gotas” siguen desangrando las dependencias públicas, de la mano del ajuste que lleva adelante el gobierno.
Este martes, fue el turno del CONICET, que en la campaña estuvo en el centro de la polémica por las intenciones de Milei de cerrarlo o privatizarlo. En este caso, se rescindieron unos 50 contratos de personal administrativo de centros y laboratorios de todo el país.
Según explicó el referente de ATE en el CONICET Juan Manuel Sueiro, “lo que estamos viendo es la aplicación del decreto 83 del 23 de diciembre, que es la recisión de los contratos que se dieron de alta en el 2023”.
En diálogo con Data Gremial el dirigente recordó que en el caso del organismo de ciencia “hay relevamos 166 trabajadores en esa condición a lo largo y ancho del país, y están notificando a 48 empleados que están rescindiendo esos contratos”. La medida afecta a empleados de todo el país, y afecta a personal de apoyo para los investigadores y becarios. A partir de esto, se generó realizó un acto de protesta en el Polo Científico de la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionaba el entonces ministerio de Ciencia y Tecnología. Allí, ATE junto a trabajadores, investigadores y becarios denunciaron los despidos y pidieron su inmediata reincorporación. “Se generó una instancia de discusión, por lo menos en la parte administrativa, que hacen tareas de soporte para las distintas tareas de investigación”, confirmó Sueiro.
Polémico fondo
Otra de las iniciativas que genera rechazo por los gremios y las entidades que realizaron el informe de análisis es la propuesta de crear el llamado Fondo de Reconversión Laboral del Sector Público Nacional, que tendrá por finalidad “capacitar y brindar asistencia técnica para programas de autoempleo y formas asociativas solidarias, a los agentes civiles, militares y de seguridad, cuyos cargos quedaren suprimidos, en función de las medidas establecidas en los artículos precedentes, de acuerdo con sus habilidades naturales y grado de instrucción para su reinserción en el marco de la demanda laboral presente y futura del mercado nacional”.
Esta propuesta busca que los trabajadores que salgan eyectados del Estado tengan la chance de reinsertarse en el marco laboral. Si a los 12 meses no se logra un puesto laboral, el agente queda directamente cesante.
La Ley Ómnibus habilita para que “las personas trabajadoras del Estado que se encuentran en licencia por enfermedad o accidente, por embarazo o por matrimonio, puedan ser puestas en disponibilidad durante su periodo de licencia, al momento en que elimina el párrafo del art 12 de la Ley de Empleo Público que lo impide”.
Otro cambio de la norma es la eliminación de “la exigencia de que una o un trabajador tenga que dar su consentimiento para poder ser trasladado geográficamente a otras dependencias”. “Las reformas que se plantean para el empleo público tienen un tono que da cuenta la intención de generar incertidumbre. Sea porque se trate de puestos de trabajo de empresas sujetas a privatizaciones, o de organismos sujetos a reestructuración, el estado de disponibilidad se encuentra latente para todo el personal, sin presentar garantías de reinserción de las y los trabajadores en la propia estructura del Estado”, concluyeron las entidades.