La dirigencia de ATE festejó el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº3, que este lunes resolvió admitir la viabilidad formal de la acción de amparo presentada por el gremio contra el decreto 340/25 que pretende limitar el derecho a huelga. Como hizo la CGT, la entidad había pedido que se declare inconstitucional la medida del gobierno nacional, que declaraba esencial distintas actividades, obligando a sus trabajadores a mantener un porcentaje de los servicios cuando realicen alguna propuesta.
“Nos querían hacer retroceder un siglo en materia de derechos laborales y no pudieron. Esto es un golpe para un Gobierno antidemocrático y un avance trascendental para todos los trabajadores. Los estatales tenemos que pensar en seguir profundizando nuestro plan de acción. La batalla es en la calle, es judicial y es cultural”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
La resolución de la jueza nacional Moira Fullana también hace lugar a la medida cautelar peticionada y suspende provisoriamente los efectos del artículo 3° del DNU. “Nadie puede sorprenderse con esta decisión judicial. Estamos frente a un decreto que es manifiestamente inconstitucional. El derecho de huelga es el derecho humano fundamental que tenemos los trabajadores. Esta resolución comprueba que tenemos un gobierno que todos los días ataca la institucionalidad en nuestro país y reduce los espacios democráticos en los que debiéramos convivir”, agregó el referente estatal.
Sin necesidad ni urgencia
Por un lado, la jueza entiende que el único titular de la función legislativa, es decir el Congreso Nacional, se encuentra realizando sesiones ordinarias y que, por lo tanto, no había necesidad, urgencia o una situación grave de perturbación económica, social o política que habilite la reglamentación vía DNU de un derecho fundamental como el de huelga.
“Queremos destacar el trabajo del equipo jurídico del sindicato que no dudó en ningún momento y reaccionó a tiempo para defender en el plano judicial uno de nuestros principales derechos”, concluyó Aguiar.
Peligro de demora
La jueza también encuentra acreditado el peligro en la demora, ya que el decreto podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical, es decir el derecho de huelga, que tienen la más amplia garantía legal y supralegal (en el plano internacional).
La resolución de Fullana se enmarca en un escenario ya conocido para la actual administración. A fines de 2023, en las primeras semanas del mandato de Milei, el Poder Ejecutivo había intentado avanzar sobre el derecho a huelga mediante el DNU 70/2023, aún vigente. La estrategia del Gobierno vuelve a basarse en el uso de facultades delegadas para imponer cambios que, según los sindicatos y parte del Poder Judicial, requieren de tratamiento legislativo.