Luego de la resolución de la Justicia Federal que puso un freno al protocolo represivo que el Ministerio de Seguridad de la Nación, conocido popularmente como “protocolo anti piquetes”, el Monitor de Respuestas Represivas de la CTA Autónoma hizo un balance del uso de este instrumento, y alertó que hubo más de 100 intervenciones represivas a protestas de origen sindical y social. El protocolo impulsado por Patricia Bullrich fue cuestionado porque no constituye un régimen normativo “restrictivo del derecho a la protesta”. Pese a esta resolución, el gobierno apeló la medida para mantener activo su accionar.
A poco más de 2 años de su implementación, según los datos recogidos por la central obrera, desde diciembre de 2023 a octubre de 2025, el Ministerio de Seguridad fue el principal responsable de reprimir 52 protestas callejeras en las que las fuerzas federales hirieron a al menos 2382 personas y se detuvo a 229 manifestantes. A escala nacional, “la cifra asciende a 103 represiones estatales a la protesta social, con un saldo de 2.615 personas heridas y 363 detenidas”.
“Esta violencia no se limita a cifras agregadas: tiene rostro y consecuencias irreversibles. Incluye casos letales, como el asesinato de Facundo Gómez por fuerzas federales en Salta (diciembre de 2024); casos de máxima gravedad, como el de Pablo Grillo (marzo de 2025); y al menos 5 casos graves de manifestantes que perdieron la vista de un ojo por el impacto de proyectiles disparados por las fuerzas de seguridad”, recalcó el informe. Estas cifras exponen “un patrón de violencia sistemática destinado a disciplinar y amedrentar a quienes ejercen su derecho a la protesta”.
Patrón de violencia
Este patrón de violencia sistemática, lejos de ser un hecho aislado, “muestra una clara tendencia a la alza”. La comparación interanual es elocuente: mientras que en todo el año 2024 (diciembre 2023 – diciembre 2024) se registraron 50 represiones con 1.163 personas heridas, en solo los primeros diez meses de 2025 la cantidad de represiones (53) ya superó la cifra anual anterior.
El dato “más alarmante” es el drástico incremento en la violencia física: el número de heridos en 2025 se disparó a 1.452, lo que representa un aumento de aproximadamente un 25 por ciento en un período de tiempo más corto. Esta escalada confirma que “la respuesta estatal no solo se ha mantenido, sino que se ha hecho más brutal y peligrosa para la integridad física de quienes protestan, consolidando la represión como una herramienta central de disciplinamiento social”.
Criminalización
Paralelamente a la violencia física, se ha intensificado “la criminalización y judicialización de la protesta social, utilizando las detenciones arbitrarias como un mecanismo de castigo y disuasión”. Desde el inicio del nuevo gobierno hasta octubre de 2025 “se registraron 491 detenciones de manifestantes y/o miembros de organizaciones del campo popular”. La tendencia es “marcadamente creciente: en los primeros diez meses de 2025 hubo al menos 321 detenciones, lo que representa un incremento del 88 por ciento respecto al total del año anterior (170 detenciones entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024)”. De esas 321 detenciones en 2025, 246 (el 77 por ciento) ocurrieron en el marco de represiones directas a la protesta social, evidenciando el vínculo orgánico entre la acción violenta de las fuerzas de seguridad y la respuesta penal del Estado.
Esta política “se ha visto agravada por la aplicación de detenciones prolongadas más allá de las 24 horas legales, una práctica ilegítima que busca maximizar el castigo y la intimidación”. Casos emblemáticos de esta estrategia han sido registrados en las ciudades de Lomas de Zamora, Corrientes y Mendoza, donde manifestantes fueron privados de su libertad por períodos excesivos sin causa justificada. Esta modalidad constituye “una detención arbitraria que viola garantías constitucionales básicas y refuerza el carácter punitivo de la respuesta estatal al conflicto social”. “Este freno legal al protocolo represivo resulta fundamental de cara a las luchas sociales que están en curso, ya sea por la pérdida de puestos de trabajo, los recortes salariales y jubilatorios, la defensa de los recursos naturales, la resistencia a la reforma laboral o la solidaridad con otros pueblos hermanos”, concluyó el reporte de la CTA Autónoma.