La semana pasada, el gobierno nacional dio un paso fundamental para la privatización de la Vía Navegable Troncal, popularmente conocida como hidrovía. En la apertura de la licitación, se recibió tres ofertas de las principales dragadoras del mundo, con aval técnico de la ONU y respaldo multisectorial, según se informó el viernes pasado. La medida genera polémica, ya que gremios del sector y especialistas vienen alertando sobre el conflicto que esta medida puede traer, en la soberanía de las vías navegables del país. Desde la Casa Rosada insisten que el proceso tiene como objetivo “la modernización, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal”, una ruta estratégica por la que circula el 80 por ciento del comercio exterior argentino y de países de la región. En la previa, la dirigencia sindical habló de “un viernes negro para la actividad marítima y fluvial”, algo que fue ratificado luego de conocerse las ofertas. Para un ex funcionario del sector, la privatización de la ruta es simplemente y “una catástrofe productiva, laboral y geopolítica”. Además, se espera que esta medida, sumada a la reforma laboral, genere una alta conflictividad en el rubro naval.
La licitación de la hidrovía avanza pese al rechazo que genera entre los trabajadores y varios sectores que reclaman se proteja la soberanía de las vías navegables. Según informaron desde la Casa Rosada, se presentaron tres propuestas correspondientes a las firmas Jan De Nul NV, DEME y DTA Engenharia, consideradas entre las principales empresas dragadoras a nivel global. La licitación se estructuró en tres sobres: el primero evalúa antecedentes operativos y capacidad técnica y financiera; el segundo analiza el Plan de Trabajo con sistema de puntajes y el tercero pondera la oferta económica, con mayor peso para garantizar la tarifa más baja posible.
Tras el análisis de las propuestas, el Ejecutivo avanzará con la adjudicación y la firma de un contrato de concesión a 25 años, a riesgo empresarial y sin aval del Estado, con una inversión estimada en más de 10 mil millones de dólares. El proyecto apunta a “permitir que buques de gran calado operen a plena capacidad, reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior argentino”.
Pero los gremios no comparten el entusiasmo. Según explicó Mariano Vilar, titular del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), su postura es contraria a dragar a 44 pies el Río Paraná, porque según entienden “es un desastre ambiental”. “Es una locura ese tipo de dragado, le hace mal a la hidrovía, aleja las costas, nadie sabe dónde van a parar esos sedimentos”, agregó el dirigente, en diálogo con Data Gremial. En general, el SICONARA viene alertando sobre el manejo del sector, y una de las posibilidades es “rediseñar su matriz logística”.
“Es una locura que buques de ultramar puedan navegar 500 kilómetros aguas adentro, y el país permitir que esto pase, utilizando tripulación extranjera”, dijo Vilar. La propuesta del gremio es que esa carga “sea acercada de distintas formas, con trenes o remolcadores de empuje a un puerto de aguas profundas cercano al mar, esto que pasa en el país no pasa en ninguna parte del mundo”. El dirigente viene insistiendo en este punto, porque es considerado “una pérdida de soberanía”, porque “un buque que viene del extranjero, pasa al lado de dos centrales nucleares como Atucha I y II. Eso en el mundo no pasa”, insistió.
Objeciones
El pliego fue elaborado con el respaldo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo que garantizó la transparencia del proceso y aseguró criterios de competitividad en la adjudicación. La iniciativa contó con el apoyo de la Bolsa de Comercio de Rosario; la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC); la Cámara de Puertos Privados Comerciales; la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas; y los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Buenos Aires. También respaldaron el proceso las Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, Federación Agraria y organizaciones ambientalistas, entre otros representantes técnicos y productivos.
Antes de que se conozca esto, el titular del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales Mariano Moreno enfatizó su preocupación por la licitación de la Vía Navegable Troncal. Según el comunicado del gtemio, publicado recientemente por Data Gremial, ‘“este canal, que en los últimos años demostró su enorme vulnerabilidad ante la crisis hídrica y el cambio climático, enfrentará un nuevo capítulo con el dragado de profundización". En ese contexto, Moreno aseguró que “la falta de un estudio de impacto ambiental serio demuestra que no hay visión de futuro ni planificación logística”. “Profundizar el canal no soluciona nada cuando no hay agua. Se está armando un negocio de miles de millones para que ganen unos pocos a costa de todos los argentinos”, sumó.
Otras opiniones
Una vez conocidas las ofertas, otras voces alertaron respecto de los problemas que traerá la privatización de la vía troncal. El ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Horacio Tettamanti, sostuvo que la iniciativa representa “la resignación definitiva de la soberanía marítima y fluvial y una catástrofe productiva, laboral y geopolítica” para el país. “Los argentinos no podemos navegar al sur sin ir primero al norte”, lamentó. “Es impresionante, innegable y realmente hay que hacer un esfuerzo muy grande para no enfermarse”, expresó Tettamanti al referirse al proceso.
Y agregó: “La pérdida definitiva de la soberanía marítima y fluvial implica la instalación permanente de una catástrofe productiva y laboral en Argentina”. Para el especialista, el eje del debate no es solo técnico ni ambiental, sino estratégico. “Lo más grave es la soberanía. La traza elegida es la resignación de la soberanía argentina de la salida al mar, es que nos están subordinando al puerto de Montevideo. Todo nuestro comercio exterior va a estar regulado por un puerto extranjero en manos de monopolios”, afirmó.
En ese sentido, el ex funcionario sostuvo que el modelo de navegación vigente “saquea prácticamente el 5 por ciento del producto bruto” y estimó que el perjuicio estructural ronda “los 25 mil millones de dólares anuales”. “No hay antecedentes de que un país haya entregado su salida al mar si no fue por una guerra. La Argentina la vendió por unas monedas”, lamentó Tettamanti.
El ex funcionario nacional también apuntó contra la continuidad de políticas en distintos gobiernos: “Arreglaron en la década del 90, pero fue tomado y profundizado por dos gobiernos que en este sentido fueron muy consistentes, que fue el de Macri y el de Fernández. En esto Milei no ha cambiado nada”. En relación a la propuesta de profundizar a 40 pies el Canal Mitre y el Paraná de las Palmas, el ex funcionario advirtió sobre graves consecuencias ambientales. “Las consecuencias ambientales más catastróficas se van a producir en el Río de la Plata con el Canal Mitre. Es absolutamente innecesario y es un error estratégico enorme”, señaló. También alertó sobre el impacto en el Delta y en las barrancas del norte bonaerense: “Forzar a 40 pies tanto el Canal Mitre como el Paraná de las Palmas va a lograr prácticamente un estrago ambiental en todo el Delta y en las comunidades desde Rosario al sur”.