Mientras el gobierno de Javier Milei insiste en reivindicar el libre mercado y cuestionar la intervención estatal en la economía, los números oficiales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES muestran un movimiento que genera polémica y abre interrogantes sobre el destino de los recursos de los jubilados.
Entre 2023 y 2025, el organismo previsional multiplicó por más de veinte su participación accionaria en Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), la empresa que administra el principal mercado bursátil del país y que históricamente estuvo vinculada a Nicolás “Nicky” Caputo, primo del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y uno de los empresarios más cercanos al expresidente Mauricio Macri, quien lo había definido como un “hermano del alma”.
De acuerdo con los registros públicos, la tenencia del FGS pasó de 25,4 millones de acciones a más de 516 millones, lo que representa un incremento del 1.928 por ciento en apenas dos años. La magnitud de la operación contrasta con la evolución de otras inversiones del organismo, donde los aumentos fueron considerablemente menores.
Una apuesta muy por encima del resto
Mientras la participación del FGS en entidades como Banco Galicia creció alrededor de un 30 por ciento y en Banco Macro apenas un 3,4 por ciento, la expansión de la posición en ByMA aparece como una decisión excepcional dentro de la cartera de inversiones del organismo.
La situación adquiere especial relevancia porque el FGS administra activos que tienen como finalidad respaldar el sistema previsional argentino y garantizar el pago futuro de jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales.
Por ese motivo, especialistas y sectores de la oposición vienen reclamando mayores precisiones sobre los criterios utilizados para definir inversiones de semejante magnitud en una compañía estrechamente ligada a figuras cercanas al actual oficialismo.
Las sospechas por operaciones previas
ByMA ya había quedado bajo observación pública a comienzos de 2025, luego de que trascendieran denuncias sobre presuntos movimientos bursátiles realizados antes de que el Gobierno eliminara restricciones que impedían distribuir dividendos extraordinarios de la Caja de Valores, una firma controlada casi en su totalidad por la propia ByMA.
La medida fue adoptada por la administración libertaria en las últimas horas de 2024 y terminó beneficiando directamente a los accionistas de la compañía.
Según diversas publicaciones periodísticas y presentaciones judiciales posteriores, el volumen de operaciones con acciones de ByMA se incrementó significativamente en las semanas previas a la decisión oficial, mientras que la cotización de la empresa registró una fuerte suba en un corto período de tiempo.
Las denuncias derivaron en una investigación judicial que busca determinar si existieron irregularidades o acceso privilegiado a información sensible antes de la medida adoptada por el Gobierno.
El rol de ANSES y los posibles conflictos de interés
En ese contexto, la decisión de profundizar la exposición del FGS en la misma compañía vuelve a poner el foco sobre el manejo de los recursos previsionales.
La ANSES depende políticamente del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, primo hermano de Nicky Caputo, uno de los empresarios históricamente asociados al desarrollo de ByMA. Esa relación familiar y política alimenta cuestionamientos sobre la necesidad de extremar los controles y garantizar absoluta transparencia en la administración de fondos públicos.
Para distintos observadores, la situación obliga a explicar por qué una porción cada vez más importante de los activos del fondo terminó concentrándose en una empresa que mantiene vínculos con figuras cercanas al círculo de poder económico y político del oficialismo.
Ajuste para los jubilados, negocios para el mercado
La controversia cobra aún mayor dimensión en medio de los reclamos de jubilados y organizaciones sociales por la pérdida del poder adquisitivo de los haberes previsionales.
Mientras el Gobierno sostiene una política de ajuste sobre el gasto público y defiende la necesidad de ordenar las cuentas del Estado, los recursos administrados por el FGS continúan siendo utilizados para realizar apuestas financieras de gran escala en el mercado de capitales.
Diversos especialistas señalan que el crecimiento nominal del patrimonio del fondo no necesariamente se traduce en una mejora real para los beneficiarios del sistema previsional y advierten que, en distintos períodos, los rendimientos obtenidos quedaron por debajo de la inflación.
Por eso, el extraordinario crecimiento de la participación estatal en ByMA trasciende una simple decisión financiera. Para sus críticos, se trata de un caso que combina recursos de los jubilados, vínculos familiares con funcionarios de primera línea, decisiones regulatorias favorables al mercado y operaciones que merecen ser explicadas con total transparencia.
La Justicia deberá determinar si detrás de estos movimientos existió únicamente una estrategia de inversión agresiva o si hubo otros factores que expliquen una apuesta tan marcada sobre una compañía ligada a uno de los apellidos más influyentes del poder económico argentino.