El dirigente de seguridad privada Julio Gutiérrez recibió un nuevo revés institucional. Un dictamen del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires cuestionó la representación territorial de la Unión del Personal de Seguridad Privada y Afines de la Argentina (UPSAP) y de la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP), las dos organizaciones que conduce, al advertir que no se acreditó debidamente que cuenten con facultades para actuar en esa jurisdicción.
El pronunciamiento corresponde al Dictamen 1166/2026, emitido el 5 de noviembre por la Dirección de Dictámenes del organismo laboral provincial, en el expediente EX-2026-35720004-GDEBA-DPNCMTGP. Las actuaciones se originaron a partir de una presentación de UPSAP contra VIGILAN S.A. y SECAR SECURITY ARGENTINA S.A., en el marco de un conflicto por presuntos incumplimientos laborales y convencionales.
Entre los reclamos figuraban la falta de pago del adicional establecido en el artículo 25 del Convenio Colectivo de Trabajo 507/07, la ausencia de viandas para jornadas de 12 horas, el desconocimiento de traslados superiores a 30 kilómetros y la falta de reconocimiento de las horas de viaje. También se denunciaron supuestas presiones e intimidaciones de supervisores y gerentes para impedir que los trabajadores adhirieran a los reclamos sindicales.
Sin embargo, durante la audiencia administrativa, las representaciones empresarias cuestionaron expresamente la legitimación y representatividad de UPSAP y FATRASEP para intervenir en el ámbito territorial de la provincia de Buenos Aires. Además, reclamaron que ambas organizaciones acreditaran documentalmente sus respectivos ámbitos de actuación y facultades de representación.
Ante ese planteo, el funcionario actuante intimó a la representación sindical a demostrar tanto su representación personal como territorial en la jurisdicción. La documentación presentada incluyó el estatuto, resoluciones de personería gremial, certificaciones de autoridades, la designación de Carlos Rubén Errasti como delegado provincial, fichas de afiliación y constancias de trámites de ampliación de inscripción gremial.
Una resolución de 2015 dejó en evidencia el problema
El análisis de los antecedentes administrativos encontró un obstáculo central para las pretensiones de la organización. El Ministerio detectó que una resolución de 2015 de la cartera laboral nacional delimitaba el ámbito de actuación de UPSAP a las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En particular, su personería gremial aparecía circunscripta a Santa Cruz.
A partir de esa documentación, el dictamen fue contundente: «Del análisis pormenorizado de las constancias obrantes en autos no surge debidamente acreditado que la entidad sindical cuente con un ámbito de actuación territorial que comprenda a la Provincia de Buenos Aires».
El organismo también descartó que la afiliación de trabajadores en esa jurisdicción, la designación de un delegado provincial o los trámites de ampliación de inscripción gremial fueran suficientes para demostrar la extensión de la representación sindical.
En ese sentido, remarcó que no se había acreditado la existencia de un acto administrativo que reconociera formalmente ese ámbito territorial. Es decir, la presencia de afiliados, representantes designados o solicitudes administrativas todavía en trámite no alcanzaba para justificar la actuación invocada.
El cuestionamiento adquiere especial relevancia porque alcanza a las dos estructuras sindicales encabezadas por Gutiérrez: el sindicato UPSAP y la federación FATRASEP. Fueron precisamente VIGILAN S.A. y SECAR SECURITY ARGENTINA S.A. las que objetaron expresamente la intervención de ambas entidades, obligándolas a justificar documentalmente el alcance de sus facultades de representación.
Cabe aclarar que se trata de un dictamen jurídico y no de una resolución definitiva que declare la falta de legitimación de las organizaciones. El propio organismo dejó a salvo la posibilidad de que la entidad sindical acompañe nuevas constancias para acreditar el alcance territorial de su actuación. Sin embargo, el pronunciamiento constituye un antecedente administrativo de peso y un duro revés para la estrategia de expansión sindical impulsada por Gutiérrez.
Otro frente complicado para Julio Gutiérrez
El nuevo cuestionamiento administrativo se suma a los problemas judiciales que enfrenta el dirigente. Como informó Data Gremial, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Gutiérrez y de Juan Marcelo Soria, colaborador gremial de FATRASEP, en una causa que investiga una presunta maniobra para reclamar más de $720 millones a una empresa de seguridad privada mediante documentación cuestionada.
La investigación se originó a partir de una denuncia de Secar Security Argentina, que cuestionó certificados de deuda sindical utilizados para reclamar supuestos aportes impagos correspondientes al período 2018-2022.
La Cámara confirmó los procesamientos y mantuvo embargos preventivos de $250 millones sobre los bienes de cada uno de los imputados. La causa continúa su curso y el procesamiento no constituye una condena.
Gutiérrez había impulsado la creación de UPSAP luego de su expulsión de UPSRA y posteriormente promovió FATRASEP, una estructura federativa integrada por distintas organizaciones del sector con la que buscó disputar espacios de representación en la actividad de seguridad privada.
Ahora, el dictamen del Ministerio de Trabajo bonaerense abre un nuevo frente para el dirigente: la acreditación de la representación territorial de las organizaciones que conduce. Un antecedente que puede condicionar futuras intervenciones en conflictos laborales y que vuelve a poner bajo la lupa la construcción sindical de Gutiérrez.