Este lunes, debería comenzar la segunda parte del ciclo lectivo 2026 en gran parte del país, en especial la zona del AMBA, pero los docentes decidieron llamar a un paro nacional, lo que complicó las actividades. La medida de fuerza de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) se da en los niveles inicial, primaria y secundaria, y reclama el llamado a la paritaria en todo el país, y rechaza la política educativa del gobierno de Javier Milei, incluyendo el pedido del “retorno inmediato” del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares. El inicio de la medida de fuerza estuvo cruzado por las amenazas de sanciones del ministerio de Capital Humano, que realizará controles en las escuelas.
"Los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación", argumentaron desde CTERA. El reclamo de esta recomposición salarial y financiamiento "urgente" se debe al "deterioro" de los sueldos por debajo de la inflación y a la falta de fondos para escuelas y comedores. Asimismo, solicitaron la sanción de una nueva Ley de Financiamiento y rechazaron el proyecto de Ley de Libertad Educativa y las eventuales reformas jubilatorias, en "defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto".
Esta medida coincide con la vuelta a clases que tenían previsto la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque impactará en todo el país. Si bien afecta a los establecimientos estatales, algunas escuelas privadas se adherirán, de acuerdo a lo que decida cada una de las instituciones o lo que disponga el cuerpo docente y los gremios sectoriales, como el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP). En la Provincia de Buenos Aires, agrupaciones disidentes como la Multicolor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) o la Asociación de Maestros y Maestras bonaerenses plantearon extender las medidas en jornadas de protesta de hasta 48 horas, por lo que comprendería también el martes 4.
Paro de estatales
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), también llamó a un paro nacional para la misma fecha, por lo que el normal funcionamiento de diversas dependencias públicas provinciales y nacionales estará limitado.
La medida de fuerza del lunes alcanzará a docentes y auxiliares estatales de todo el país nucleados en CTERA y gremios adheridos; trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, donde confirmaron su participación sindicatos como SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET; y docentes universitarios, con la participación de gremios como CONADU Histórica. Los gremios aseguraron que la inversión nacional en educación "se redujo cerca de un 50 por ciento en términos reales entre 2023 y 2025, cayendo desde el 1,43 por ciento del PBI hasta un piso cercano al 0,75 por ciento”.
Amenaza de sanciones
Durante el fin de semana, a través de un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano recordó que la educación ha sido declarada como un "servicio esencial" mediante la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Esto implica que durante la medida de fuerza, los gremios están obligados a garantizar la prestación mínima del 75 por ciento del servicio habitual. El ministerio advirtió que el incumplimiento de estos porcentajes será sancionado legalmente, y que el objetivo es evitar la interrupción total de clases y resguardar el "derecho a aprender" de los alumnos.
La declaración de Capital Humano se realizó desde el Consejo Federal de Educación, donde se ratificó “el 75 por ciento de la prestación habitual del servicio educativo” en vísperas del paro docente que comenzará este lunes. "La ministra carece de cualquier legalidad para aplicar la conculcación de derecho de huelga, que es constitucional, en particular para un Estado Nacional desentendido por completo de todas las escuelas del país", concluyeron desde los gremios, que desafiaron la amenaza oficial.