Con un pasivo de más de $3.000 millones y una deuda por cheques rechazados superior a los mil millones de pesos, una empresa entrerriana de bebidas con más de 70 años de trayectoria se presentó en concurso preventivo ante la Justicia de Paraná luego de que sus costos operativos y financieros sobrepasaron el nivel de facturación de los primeros meses de este año.
Se trata de Frutafiel, cuya planta está ubicada en General Ramírez, departamento Diamante, y que entre marzo y abril se declaró insolvente.
Las causas de la crisis
La compañía, en la presentación en sede judicial, diagnosticó que “el proceso inflacionario posterior a la pandemia erosionó el poder adquisitivo de los consumidores y elevó simultáneamente los costos de insumos y transporte”.
Asimismo, puntualizó que se vio imposibilitada de trasladar esos incrementos al precio final de sus productos sin perder competitividad, lo que redujo sus márgenes de ganancias.
Otra cuestión que resultó perjudicial para su actividad fue el retroceso del consumo de productos no esenciales, el segmento en el que se concentra su producción: aguas saborizadas, cerveza, una bebida elaborada con vino y gaseosa, y la línea Aqualoe, su agua con pulpa de aloe vera.
El encarecimiento de la energía y los combustibles también resultaron determinantes en la crisis de la empresa, de tal forma que los insumos derivados del petróleo representan hasta el 95% del costo final en algunas de sus líneas de producción.
Por otro lado, su acceso al crédito bancario “se volvió inviable ante las tasas de interés que regían en el mercado”, mientras que el descuento de valores de terceros generó pérdidas adicionales.
Con el objetivo de encontrar una salida, Frutafiel intentó atenuar su recesión con promociones en supermercados y cadenas de distribución. Misión que resultó infructuosa, ya que los descuentos que debió ofrecer dejaron márgenes de utilidad casi nulos.
La morosidad de clientes, algunos con imposibilidad de cobro, terminó de arruinar los planes de levantar su actividad.
Lo intentó de todas maneras. Es más, el presidente de la sociedad y principal accionista de la empresa se vio obligado a vender un inmueble propio e inyectó los fondos en la compañía, lo que le permitió lanzar una nueva línea de cerveza con marca propia, Golden Saft, que comenzó a comercializarse a principios de 2025.
En un principio, el producto tuvo buena recepción inicial, pero se encontró con dos obstáculos. Primero, el proveedor de cerveza a granel no cumplió con los volúmenes comprometidos, mientas que el segundo fue que la competencia replicó rápidamente el concepto.
La empresa también lanzó un vino con jugo. Ambas líneas representan actualmente el 30% de la facturación total.
Números en rojo
Surgida en 1956, Frutafiel se constituyó como uno de los principales generadores de empleo de General Ramírez, que tiene más de 13.000 habitantes, pero no solo con las bebidas, sino que también con la elaboración de fideos secos y dulces de membrillo y batata.
Sin embargo, sus números la alejan de las épocas doradas y su empleabilidad es una verdadera incógnita.
En su plano contable, contó con un activo total de $4.016.951.403 —con un activo corriente de $1.313.082.606 y uno no corriente de $2.703.868.796—, contra un pasivo de $3.818.314.937, lo que deja un patrimonio neto positivo de apenas $198.636.466, menos del 5% del activo total.
Asimismo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) registra a la firma con 387 cheques rechazados sin fondos por un total de $1.085.442.794.
En ese contexto, la firma informó que la cesación de pagos se produjo entre marzo y abril de 2026 y que, a fines de marzo, dejó de cumplir los planes de facilidades de pago con ARCA y el 21 de abril comenzaron los rechazos de cheques.
No obstante, aclaró que su actividad “es viable, siendo rentable en el mediano y largo plazo”, así como repasó que “el concurso preventivo producirá el desahogo financiero” que le permita volcar recursos a la producción y honrar sus compromisos pendientes.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9 de Paraná, a cargo del juez Ángel Luis Moia, es el que tramita la causa y dispuso la apertura del proceso el 10 de junio, a partir de una solicitud presentada el 22 de mayo.
En ese marco, Moría procedió con la inhibición general de bienes de la firma —lo que le impide vender o transferir activos sin autorización judicial— y designó al Estudio Cerini-Cerini-Chiara como sindicatura.