La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) emitió un durísimo comunicado para refutar cada punto de la exposición que brindó el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy ante la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado de la Nación sobre las concesiones viales.
El gremio directamente calificó de "mentiras" cada punto señalado por el funcionario, quien presentó el nuevo esquema de peajes y corredores viales (RFC 1 y RFC 2) cómo una modernización "sin costos para el Estado ni para los usuarios". No obstante, señaló que "los propios números desmienten este relato".
En el informe, la entidad gremial repasó cada uno de los temas, "lo que se dijo y lo que efectivamente está pasando".
En primer lugar, citó que Campoy descalifica a los trabajadores y miente sobre la dotación del personal al tildarlos de "corruptos" y contabilizar un personal integrado por 5100 miembros.
Sobre esto, profundizó que "el dato es falso, de una dotación original de 5400, hoy quedan 4100". "Se perdieron más de 1400 puestos y en lugar de dar esa explicación, el funcionario elige estigmatizar con acusación de corrupción sin ninguna prueba", desarrolló y adelantó que "el esquema RFC 1 y RFC 2 pone en riesgo 3800 puestos".
Con relación al esquema autosustentable, sin canon ni subsidios estatales, el administrador insistió que el mecanismo "no requiere respaldo del Estado".
No obstante, FEPEVINA sostuvo que "el crédito del BICE y la garantía del FOGAR muestran que el Estado sí respalda financieramente al negocio de las concesionarias" porque "se maquilla con otro nombre lo que sigue teniendo apoyo público al capital privado, mientras el riesgo tarifario lo terminamos pagando los trabajadores y usuarios de la ruta". "En los hechos es un CREMA (conservación y mantenimiento) a 20 años: se entrega la potestad de cobrar peaje por dos décadas a cambio de tareas de rehabilitación sin obligación de modernizar realmente la red", relató.
“El usuario paga dos veces por lo mismo”
También, cruzó la parte en la que Campoy aseguró que "la tarifa se mantiene sin cambios durante un año", por lo que ejemplificó que "en los corredores Oriental, Conexión, Sur, Acceso Sur, Atlántico y Pampa se aplicaron incrementos de hasta 503%, 392% y 239% a pocos meses firmado el contrato", por lo que sentenció que "la promesa pública se rompió y el ajuste cayó, otra vez, sobre quienes usan la ruta para trabajar y producir".
Al respecto de la versión de Campoy que citó que "la tarifa se presenta como un cobro nuevo e independiente", contrastó con que "la tarifa se ajusta trimestralmente con la fórmula polinómica que incluye el valor del combustible, el mismo combustible que ya está gravado por el ICL". Por esa razón, sintetizó que "el usuario paga dos veces por el mismo concepto: una en el surtidor y otra en el peaje indexado a ese precio".
El funcionario nacional hizo hincapié en la "modernización" en la red de costos, pero FEPEVINA anticipó que "las estaciones de peaje pasan de 47 a 100, más del doble de los puntos de cobro sobre la misma red" y cuestionó que "se duplica el monto a quien paga en efectivo, penalizando con mayor dureza a los sectores con menor acceso a medios electrónicos de pago y se multiplican las categorías tarifarias, lo que abre las puertas a mayor discrecionalidad".
El titular de Vialidad Nacional mencionó que recibe lo que le corresponde producto del impuesto a los combustibles, pero FEPEVINA lo vuelve a criticar: "En agosto de 2026, la recaudación del ICL fue de $724.899, 4 millones (+50,4% interanual). El acumulado entre enero y agosto llegó a $4.564.024 millones (+58,95% interanual), muy por encima del crecimiento del total de recursos tributarios nacionales (+28,2%)".
Exigen transparencia
En la misma línea, observó que "en un mes más de gestión $64.159,3 millones adicionales de recaudación no se aplicaron a la obra vial". "La brecha acumulada y lo ejecutado se mantiene en torno al 9,5%", apuntó.
A pesar de que el esquema trató de venderse como "una solución técnica y neutral", alertó que "la tarifa promedio -unos tres dólares cada 100 kilómetros con ajustes trimestrales o del 15%-, transfiere el riesgo cambiario e inflacionario al usuario cautivo, no al concesionario, en un país con el salario en pesos" y recordó que "repite el mismo esquema que ya fracasó en los 90: el privado certifica su propia obra y el control del Estado llega después".
Finalmente, FEPEVINA exigió "transparencia en la información pública sobre recaudación y ejecución del ICL, la revisión del esquema tarifario y el cumplimiento de lo prometido a los usuarios y trabajadores de la ruta".