Con la firma reciente de un acuerdo de traspaso, la provincia de Río Negro se hará cargo del mantenimiento de dos rutas hasta ahora bajo órbita nacional, además del llamado Tren del Valle, de acuerdo a lo rubricado por el gobernador Alberto Weretilneck con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La transferencia de tareas que antes debía realizar la Dirección de Vialidad Nacional es parte de una estrategia de la gestión libertaria, en el marco del ajuste que realiza sobre los recursos de este organismo, que desde el primer día está bajo asedio del gobierno de Javier Milei. Con el traspaso de tareas a los mandatarios provinciales cercanos, se intenta descomprimir la grave situación de falta de mantenimiento de la red vial, pero no deja de generar polémica.
Es que la transferencia de recursos, muchos de los cuales deben ir por ley a la entidad vial nacional, se hizo con fines políticos, para conseguir votos, según una reciente denuncia mediática y judicial. En tanto, para los trabajadores esta estrategia “profundiza el vaciamiento de Vialidad Nacional”, lo que pone en peligro 3 mil puestos en todo el país.
Según se informó esta semana, se avanzó con la profundización de la estrategia de entregar las obras viales a las provincias cuyos mandatarios son considerados aliados. En el último caso, el de Río Negro, se firmó la transferencia del Tren del Valle y de las obras de las rutas nacionales 22 y 151.
A partir el convenio, Río Negro se hará cargo de la operación integral del servicio ferroviario del Tren del Valle, que conecta las ciudades de Neuquén y Plottier, con el compromiso de garantizar su continuidad y las inversiones necesarias para sostenerlo.
En el caso vial, el acuerdo fija un marco para que la provincia asuma “la gestión de unos 508 kilómetros de las rutas 22 y 151, que incluye obras, conservación, mantenimiento, servicios al usuario y control operativo”. La transferencia no será automática: se hará “tramo por tramo,” mediante convenios específicos.
Río Negro financiará las intervenciones y definirá su plan de obras, mientras que Vialidad Nacional mantendrá la jurisdicción nacional y la supervisión técnica. Según se supo, ya se firmó el traspaso de rutas con Santa Fe, San Juan y San Luis, mientras Córdoba, Neuquén y Corrientes negocian por su lado. Otras provincias rechazaron esto, como el gobernador Osvaldo Jaldo de Tucumán.
Estos cambios se suman a las licitaciones masivas que se vienen anunciando, y que dejan muy disminuidas las tareas de Vialidad Nacional. “Es traspaso de tareas a las provincias no hace más que profundizar la crisis institucional y operativa que tiene Vialidad Nacional”; alertó Fabián Cattanzaro, secretario Gremial y de Prensa de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA).
En diálogo con Data Gremial, el referente recordó que a través del decreto 253 se habilitaron estos traspasos a las provincias, como la que se concretó con el gobierno de Río Negro. “Nos sacan el elemento en el cual trabajamos, nos afecta mucho a los trabajadores y la entidad”, agregó Cattanzaro.
A esta realidad se le suma una reestructuración de la estructura de Vialidad, que centraliza todas sus acciones en su casa central. Para FEPEVINA, esto deja a los distritos operativos “prácticamente vaciados y sin funciones reales, lo que confirma lo que se viene denunciando, que el proceso de ajuste y vaciamiento se está profundizando”. Esto pone más de 3 mil puestos de trabajo.
Menos federalismo
El convenio que se firmó con Río Negro también prevé un mecanismo para resolver las obras y los contratos nacionales en curso, y deja abierta una eventual concesión con cobro de peajes. En breve, se esperan nuevos traspasos si hay acuerdo con los gobernadores.
Según anunciaron desde la Casa Rosada, Córdoba realizó un pedido puntual para tener bajo su jurisdicción completo la Ruta Nacional 19, y desde la Jefatura de Gabinete se comprometieron a otorgarlo, aunque hasta el momento no se formalizó la firma. En tanto, Neuquén también está en tratativas: el gobernador Rolando Figueroa llevó el pedido de traspaso de rutas a Casa Rosada este mes, en paralelo a su participación en el acuerdo por la extensión del Tren del Valle, recientemente firmado con la gestión rionegrina.
Además del achicamiento de Vialidad Nacional, FEPEVINA rechaza esta medida por su impacto en la traza del país.
Al respecto, Cattanzaro marcó que “rompe el concepto de federalismo de la Argentina, además de que muchas provincias que se pueden hacer cargo de las obras pueden dirigir las tareas a su antojo, y eso rompe con la idea de política federal vial, dejando en manos de los intereses sectoriales los trabajos”. Esto va a ir en detrimento de los usuarios viales, según se aseguró. No sólo por el tema del mantenimiento, sino porque se avanza en la política de concesiones masivas, la segunda herramienta usada por el gobierno de La Libertad Avanza para limitar el accionar de Vialidad Nacional, a través del vaciamiento y el ajuste.
Licitaciones
En cuando a las licitaciones, esta semana se formalizó la adjudicación de la concesión de ocho tramos de rutas nacionales, en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales, mediante la resolución 1379/2026, publicada ya en el Boletín Oficial.
La medida, firmada por el ministro Caputo, aprueba lo actuado en la segunda etapa de la licitación pública comunicando las empresas que pasarán a administrar ocho tramos estratégicos de la Red Federal de Concesiones - Etapa III. El proceso licitatorio determinó a los ganadores para “la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas de jurisdicción nacional bajo el régimen de concesión por peaje por un plazo de 20 años”. Los corredores concesionados en esta ocasión suman más de 3.900 kilómetros, y en esta última etapa, las rutas concesionadas atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.
Sobre esta cuestión, Cattanzaro recordó que “desde el comienzo del gobierno se licitaron unos 9 mil kilómetros de la red vial, y en una segunda etapa quieren concesionar 6 mil kilómetros más”. Esto disparará el número de peajes en toda la red vial: según los cálculos de FEPEVINA, con este nuevo avance licitatorio se pasarán de 47 peajes a 108, con reducción de móviles de asistencia, que atienden desperfectos o accidentes, que habrá uno cada más de 300 kilómetros.
“El impacto de todo este escenario es en contra el usuario, el traspaso a las provincias y las licitaciones, vamos a pagar todos el Impuesto a los Combustibles, más impuestos provinciales para hacer obras, y peajes. En el fondo, de una manera u otra, ponen más dinero para sostener este negocio”, recalcó el dirigente.
Esta última adjudicación se enmarca en la Ley Bases, que declaró a la empresa Corredores Viales como “sujeta a privatización”. Posteriormente, el decreto 97/2025 autorizó el procedimiento para su privatización total bajo la modalidad de concesión de obra pública. El objetivo de estas concesiones no solo abarca el mantenimiento y reparación de las calzadas, sino también la ampliación de la infraestructura y la posibilidad de realizar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales.
Con esta modalidad, el Ejecutivo busca delegar en el sector privado la gestión de importantes nodos viales en busca de aplacar las crecientes quejas por el estado de las rutas que presentan falta de mantenimiento y se vuelven inseguras para transitar.