La empresa textil Fisipa, que funciona en el predio de la ex Sniafa, en la localidad de José Hernández, partido de La Plata, ingresó en concurso preventivo de acreedores luego de haberse declarado en cesación de pagos el pasado 26 de mayo. La decisión judicial expone un nuevo capítulo de la crisis que atraviesa la industria textil argentina, uno de los sectores más golpeados por la caída de la producción, la apertura de importaciones y el derrumbe del empleo.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°1, a cargo del juez Alberto Alemán, habilitó el proceso el pasado 19 de junio bajo la modalidad de "pequeño concurso", tras el pedido presentado por la empresa el 1° de junio.
Un pasivo superior a los $565 millones
La firma, encabezada por Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer, informó un pasivo total de 565,4 millones de pesos, integrado por 209,7 millones en deudas laborales, 161,2 millones correspondientes a obligaciones fiscales y sociales y 194,3 millones adeudados a proveedores y entidades financieras.
En tanto, declaró un activo de 525,6 millones de pesos, conformado principalmente por maquinaria para la producción textil e insumos como hilados de poliéster y nylon.
De una planta con 100 trabajadores a solo ocho empleados
Fisipa nació en 2014 sobre las instalaciones de la histórica Sniafa, empresa que había quebrado en 2010. Durante sus primeros años de actividad logró consolidar su producción y llegó a emplear a cerca de 100 trabajadores, alcanzando su etapa de mayor crecimiento entre 2014 y 2017.
Sin embargo, desde entonces comenzó a atravesar dificultades económicas que se profundizaron en los últimos años. La compañía explicó que gran parte de sus materias primas son importadas —más del 90%— y que las restricciones para acceder a esos insumos afectaron seriamente su capacidad productiva.
Actualmente, la planta funciona con apenas ocho empleados, luego de un proceso de suspensiones y reducción de personal que se aceleró durante 2025.
Conflicto por despidos e indemnizaciones
La situación laboral ya había generado un fuerte conflicto semanas atrás. Hace apenas un mes, la empresa despidió 17 operarios sin previo aviso y les propuso cobrar únicamente el 50% de las indemnizaciones previstas por la legislación laboral.
La oferta fue rechazada por el gremio, que reclamó el pago íntegro de las compensaciones correspondientes. Como respuesta, los trabajadores realizaron protestas frente a la planta con bombos, cortes parciales y quema de neumáticos para visibilizar el conflicto.
Las razones que expuso la empresa
En la presentación realizada ante la Justicia, Fisipa atribuyó su crisis financiera a una combinación de factores que afectaron severamente la actividad.
Entre ellos mencionó una caída interanual del 23% en la producción textil, una utilización de la capacidad instalada inferior al 20%, un incremento superior al 600% en las tarifas de los servicios públicos y la reducción de los aranceles para productos importados, que pasaron del 18% al 6%.
Según sostuvo la compañía, esa modificación permitió que "en solo tres meses ingresara al país el equivalente a un año completo de consumo en productos importados", profundizando la competencia con la producción nacional.
Una crisis que golpea a toda la industria
El caso de Fisipa refleja el delicado escenario que atraviesa la cadena textil, de indumentaria, cuero y calzado.
De acuerdo con datos de la Fundación ProTejer, desde diciembre de 2023 cerraron 874 establecimientos del sector, lo que representa el 14% del total de las empresas de la actividad. En el mismo período, el empleo registrado cayó 20%, consolidando una de las crisis más profundas de los últimos años para la industria nacional.
En el marco del concurso preventivo, los acreedores tendrán tiempo hasta el 15 de septiembre de 2026 para verificar sus créditos. Posteriormente se abrirá el período de exclusividad, que se extenderá hasta el 1° de julio de 2027, durante el cual la empresa deberá alcanzar un acuerdo con sus acreedores para evitar la quiebra definitiva.