Aunque está vez no fue por una entidad gremial como la Confederación General del Trabajo (CGT), la reforma laboral libertaria sumó un nuevo revés en la Justicia al resolverse que el plantel del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) debe tramitarse como acción colectiva.
Son dos artículos de la Ley de Modernización Laboral a los que la mencionada entidad cuestiona y los considera inconstitucionales: el 10 y 56 por entender que lesionan derechos de los abogados que litigan en el fuero laboral.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, consideró legítimo el planteo del CPACF de representar a los abogados alcanzados por la normativa.
Precisamente, el magistrado señaló que “esta acción de amparo debe tramitar como un proceso colectivo que identifica como grupo colectivo a los abogados matriculados ante el CPACF que tramitan juicios laborales alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo modificada por la Ley 27.802”.
Además, impartió la inscripción del expediente en el Registro de Procesos Colectivos, al tiempo que detalló que el grupo alcanzado está integrado por “los abogados y abogadas matriculadas ante el CPACF que litiguen ante el fuero del Trabajo”.
Las objeciones
En primer lugar, mostraron que la demanda plantea que el artículo 10 de la reforma podría hacer responsables solidarios a los abogados por las costas cuando exista una sobreestimación de los créditos reclamados, ya que- según entiende- “incorpora un componente inédito” al permitir responsabilizar directamente a los letrados por una mera sobreestimación de los montos reclamados y “vulnera el ordenamiento constitucional, coaccionando a los abogados y abogadas, al importar un cercenamiento objetivo sobre las posibilidades de plantear una demanda de índole laboral”.
Asimismo, añadieron que el nuevo esquema “lleva a impedirles ejercer libremente su profesión” porque los expone a responder por las costas sin necesidad de que exista una conducta temeraria o maliciosa.
Con respecto al 56, comunicaron que el planteo apunta contra la posibilidad de pagar las sentencias laborales en cuotas y el tope impuesto a las costas, por entender que ello también perjudica el cobro de los honorarios profesionales.
En ese contexto, comprendieron que “permitiría el pago en cuotas de los honorarios profesionales, contrariando el derecho a una retribución justa”, así como alertaron que muchos abogados, que ya esperan años hasta una sentencia definitiva, podrían verse obligados a cobrar sus honorarios en seis o doce cuotas.
También, advirtieron que la reforma genera una discriminación respecto de los profesionales que litigan en otros fueros y vulnera garantías constitucionales como la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y el derecho de acceso a la Justicia.
Por qué no se aplicó el mismo criterio con la CGT
Cormick explicó que, si bien hay coincidencia en las normas impugnadas, los colectivos representados y los agravios invocados son distintos, dado que mientras la CGT representa a los trabajadores, el CPACF acciona en defensa de los abogados laboralistas.
Por eso, respondió que “no se conforman los elementos que conduzcan a configurar la existencia de semejanza en la cuestión a resolver”.
A propósito, la presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García, declaró que “la resolución constituye un primer paso importante porque admite que el Colegio Público representa adecuadamente los intereses de las abogadas y los abogados alcanzados por esas disposiciones y habilita que la causa continúe como proceso colectivo”.
Además, recordó que “desde el primer día sostuvimos que la reforma laboral no solo perjudica a los trabajadores, sino que también incorpora reglas que afectan el ejercicio de la abogacía”.
Finalmente, pronunció que “la posibilidad de diferir en cuotas el pago de los honorarios profesionales es una medida que desconoce el carácter alimentario de nuestra retribución y posterga aún más el cobro de quienes ya esperan años hasta la finalización de un juicio laboral”.