La primera acción del nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, fue destituir a todo el Consejo de Administración del Hospital Garrahan, luego de que este decidiera otorgar un bono de $500,000 a los empleados del centro. Esta decisión generó un fuerte descontento entre los trabajadores, quienes se reunieron en una asamblea este jueves para manifestar que "el funcionamiento del hospital está en peligro".
La situación se agrava con el notable atraso salarial que enfrenta el personal, lo que llevó a muchos profesionales de la salud a dejar el Hospital. Esta fuga de talentos impacta de manera directa en la atención de los pacientes, generando preocupación entre los empleados. En respuesta a esta crisis, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro total de actividades en el hospital pediátrico para el 8 y 9 de octubre, buscando visibilizar la problemática y exigir soluciones.
Alejandro Lipcovich, delegado general de ATE, expresó que la medida de despedir a las autoridades del Garrahan "es intentar disciplinar a los trabajadores, que están revelados contra la miseria salarial, y que pararon por una recomposición real". Este comentario pone de manifiesto el descontento generalizado en el hospital, donde los trabajadores sienten que sus derechos y necesidades no están siendo atendidos adecuadamente.
Un paliativo
Además, Lipcovich aclaró que el reclamo de los trabajadores no se limita a la obtención de un bono, que ya está garantizado. Señaló que "esa herramienta es un paliativo por un solo mes", enfatizando que el verdadero objetivo es la "recomposición salarial al básico". En este contexto, resaltó que muchos de los recientes ingresos del hospital tienen salarios que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, lo que añade un nivel crítico a la situación actual.
Por su parte, Norma Lezana, representante de los profesionales y técnicos del Hospital Garrahan, subrayó que el bono que se otorga por ley a los trabajadores se financia con fondos del propio centro de salud, y que no representa un gasto adicional para el Gobierno nacional. Esta afirmación intenta poner en relieve que el apoyo a los trabajadores no debería ser visto como una carga, sino como una necesidad básica para mantener la calidad del servicio.
Salud en peligro
Con una ocupación del 97% y un significativo atraso salarial, Lezana advirtió que “están renunciando los profesionales y casi no se va a poder sostener la atención en nuestro hospital”. Este comentario refleja la gravedad de la situación, donde la falta de personal capacitado puede tener consecuencias devastadoras para la atención de los pacientes.
Además, Lezana denunció que, bajo instrucciones de las autoridades nacionales, se está reutilizando material médico descartable en el hospital. Informó que el 26 de septiembre pasado se presentó “una denuncia penal por el reúso de material descartable en la procuraduría de investigaciones administrativas”. Esta acción busca abordar una práctica que, según ella, pone en riesgo tanto a los trabajadores como a los pacientes.
"La reutilización de materiales descartables es parte del desfinanciamiento de lo público. Estas tareas implican riesgos para los trabajadores porque se pueden lastimar y allí hay sangre o material biológico", exclamó en diálogo con A24. Además, añadió que "para esto tiene que haber un comité de reúso que en el hospital no se está reuniendo, y nosotros lo que venimos exigiendo a la dirección es que exista un protocolo y una trazabilidad de los materiales”, completó, resaltando la necesidad urgente de establecer medidas que garanticen la seguridad y la salud tanto de los empleados como de los pacientes.