El Banco de la Nación Argentina (BNA) confirmó el cierre y la unificación de unas 60 sucursales, centros de atención PyME y anexos operativos en todo el país, como parte del profundo ajuste que el gobierno de Javier Milei viene implementando desde 2024. La medida forma parte de un plan para reducir costos operativos, que ya genera preocupación por posibles despidos masivos.
Según informó oficialmente la entidad, el proceso de reducción se lleva a cabo “a partir de la fusión de sucursales, el cierre de unidades superpuestas y la reasignación de recursos humanos”. El objetivo es achicar gastos por alrededor de $140 millones mensuales. Entre mediados de 2024 y la actualidad, el Banco estima que ya logró un ahorro cercano a los $837 millones.
La ofensiva empezó en La Pampa
El antecedente inmediato se remonta a octubre de 2024, cuando el entonces ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el cierre de nueve de las 14 sucursales del BNA en La Pampa. La medida fue en represalia a la suba de la alícuota de Ingresos Brutos dispuesta por el gobernador Sergio Ziliotto, lo que generó una fuerte reacción de la provincia y de los municipios afectados. En ese momento también comenzaron a sonar posibles cierres en otras localidades como Trelew y Rawson, en Chubut.
Desde entonces, la estrategia se extendió progresivamente al resto del país.
El cambio de estatus legal del BNA
En febrero de 2024, el presidente Javier Milei firmó un decreto que transformó al Banco Nación en una Sociedad Anónima, dejando atrás su condición de Sociedad del Estado. Si bien en el texto del decreto no se hablaba expresamente de despidos ni cierres, fuentes oficiales confirmaron que el plan de achicamiento ya estaba en marcha.
En el transcurso del año pasado, el BNA redujo su planta en un 7%, lo que representó la desvinculación de alrededor de 1.000 empleados. Desde entonces, se aceleraron los recortes, especialmente en municipios con tasas impositivas consideradas “altas” por la entidad.
En varios de estos distritos —como sucede en 18 municipios de Córdoba— hay presentaciones judiciales y amparos en curso. En algunos casos, se lograron acuerdos con las autoridades locales, como ocurrió en Jesús María, donde se pactó una reducción de impuestos para evitar el cierre.
Municipios en la mira
Una parte significativa de las sucursales cerradas o en revisión se encuentra en la provincia de Buenos Aires. Entre los distritos más comprometidos están Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, La Matanza, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, Quilmes, Tres de Febrero y Vicente López.
A nivel nacional, también figuran localidades como Rawson, Santa Rosa, Resistencia, San Miguel de Tucumán, Ushuaia, Neuquén, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Salta y San Juan, entre otras.
Reorganización interna
El plan de recorte no se limita al cierre de sucursales. Durante 2024 y en lo que va de 2025, el Banco Nación llevó adelante una transformación profunda de su estructura operativa. Una de las principales medidas fue la reconversión de 45 centros de atención PyME, que pasaron a operar de manera itinerante. En lugar de recibir clientes en oficinas físicas, ahora los representantes comerciales se trasladan a sus lugares de trabajo, lo que permitió ahorrar $30 millones mensuales en alquileres.
Además, se reorganizó la estructura de las Gerencias Zonales, que pasaron de 33 a 29, según una nueva segmentación económica basada en datos del INDEC. La entidad argumenta que esto permitirá una distribución más equitativa y eficiente de los recursos.
Incertidumbre total
“El Banco Nación sigue siendo líder en el sistema financiero, cualquiera sea la medición”, dice el comunicado difundido por la entidad. Y añade que el plan estratégico plurianual busca mejorar la “eficiencia, enfrentar los desafíos del mercado y dotar de mayor transparencia al funcionamiento interno”.
Sin embargo, la política de ajuste también genera incertidumbre entre los trabajadores del sector, sindicatos y usuarios de regiones donde el BNA era, en muchos casos, la única presencia bancaria disponible. El temor por despidos masivos y por la pérdida de acceso financiero en localidades alejadas es creciente.
A medida que la motosierra del ajuste avanza sobre el sistema bancario público, las tensiones con gobernadores y municipios comienzan a escalar, augurando nuevos capítulos en un conflicto que recién empieza a desplegar sus consecuencias más profundas.