La seccional de Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) dio un plazo de 30 días hábiles al gobierno nacional para suspender o prorrogar el segundo tramo del decreto que baja aranceles a la importación. De lo contario, el gremio que conduce Abel Furlán advirtió por “medidas de fuerza” en Tierra del Fuego.
El aviso surgió tras una reunión en Ushuaia con cámaras empresariales y autoridades, donde se analizaron alternativas para proteger la industria electrónica de Tierra del Fuego. El secretario adjunto de la UOM Río Grande, Marcos Linares, afirmó que, aunque no todas las empresas participaron, funcionarios presentes se comprometieron a evaluar posibilidades para mantener la producción. La UOM pidió suspender el decreto, pero la respuesta oficial fue negativa, aunque se considera una prórroga de seis meses. Linares remarcó que la producción de celulares de gama baja y media no podría competir con productos importados si la medida se aplica, poniendo en riesgo los empleos.
“Si no hay solución concreta, tomaremos decisiones para defender los puestos de trabajo. No descartamos ninguna medida”, señaló, quien criticó la falta de señales claras del gobierno: “Nunca se nombró la palabra industria. Se desregula todo: calzado, vestimenta, automotriz, maquinaria agrícola. La nuestra está en la mira”.
Abandono de la producción
El sindicalista alertó que algunas empresas podrían abandonar la producción local para importar directamente. “Si la producción deja de ser viable, los únicos sin futuro somos los trabajadores”, recalcó. A fines de mayo, las empresas que conforman la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) y la UOM llegaron a un acuerdo por el cual los trabajadores se comprometieron a regresar al trabajo y las compañías no despedirán gente al menos hasta el 31 de diciembre de 2025.
Pese al pedido de suspender la norma, la respuesta oficial fue negativa. No obstante, el Gobierno analiza la posibilidad de prorrogar su aplicación por seis meses. Según Linares, esa prórroga sería insuficiente para evitar el daño al sector, especialmente en la producción de celulares de gama baja y media, que quedarían en clara desventaja frente a los productos importados, más baratos y fabricados a gran escala en mercados externos.
Acuerdo provisorio
El acuerdo llegó luego de una intensa negociación entre las partes en el marco del conflicto que se generó a partir de la decisión del gobierno nacional de reducir los aranceles externos a la importación de productos electrónicos que provocó preocupación en el sector y motivó un paro por tiempo indeterminado de los trabajadores. A partir de este acuerdo, las empresas se comprometen a no generar despidos hasta el 31 de diciembre y los trabajadores a retomar la actividad con normalidad.
Durante ese período, se pactó el funcionamiento de una mesa de trabajo entre las partes involucradas, empresarios y trabajadores; y se invitará a participar al gobierno nacional y al gobierno provincial. El objetivo de la mesa de trabajo fue encontrar herramientas que mejoren la competitividad del sector de cara a la baja a 0 por ciento del arancel para celulares importados a partir de enero de 2026.