Las tres principales centrales obreras del país pidieron la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la polémica por la aplicación de un protocolo contra las manifestaciones, que anunció la semana pasada la ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich. Mediante una carta enviada al director general de la entidad Gilbert Houngbo, la CGT y las dos fracciones de la CTA reclamaron la “intervención urgente” ante esta situación, y que se trate una denuncia presentada.
Según las entidades sindicales, la propuesta del gobierno viola el convenio sobre la libertad sindical de la OIT y la protección del derecho de sindicación. Ante esto, enviaron una denuncia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su “urgente tratamiento”. “El movimiento sindical argentino venía advirtiendo durante la campaña presidencial electoral, que se venían gestando manifestaciones con intenciones de limitar y vulnerar la libertad sindical, incluida la protesta social”, recordaron las centrales.
El denominado “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” es un intento del Ministerio de Seguridad de limitar los cortes de calles y manifestaciones, y se complementa con la idea de la cartera de Capital Humano de quitarle planes sociales a quienes participen de estas acciones. “La nueva reglamentación de la protesta social soslaya claramente derechos y garantías constitucionales básicos así como también las instituciones democráticas de nuestro país”, expresaron la CGT y las CTA en el documento enviado.
Denuncia
En la denuncia elevada por las centrales obreras, el protocolo es “una reglamentación abusiva tendiente a desnaturalizar derechos constitucionales reconocidos a su vez por normas internacionales fundamentales a las que nuestro país ratifico”. A su vez, agregaron, “contradice las recomendaciones de los órganos de control de la OIT, así como también pronunciamientos jurisdiccionales internacionales en materia de libertad sindical, derecho de huelga incluido el derecho de protesta y manifestación”.
En el documento, se recordó que el Comité de Libertad Sindical de la OIT “ha sostenido que las acciones de protesta están protegidas por los principios de la libertad sindical sólo cuando estas acciones están organizadas por organizaciones sindicales o pueden ser consideradas como actividades sindicales legítimas cubiertas por el artículo 3 del Convenio número 87”.
El protocolo pretende configurar “el ejercicio de la protesta social como un tipo de delito penal reprimido por el artículo 194 del Código Penal de la Nación Argentina”. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “ha subrayado reiteradamente que el derecho a la protesta debe ser considerada la regla general, y las limitaciones a este derecho deben ser la excepción”.
Contexto social
En el texto enviado a la OIT, la dirigencia sindical hace un repaso por la situación económica y social que se vive en el país, y que dio lugar a este anuncio. “El plan de ajuste fiscal y cambiario anunciado por el nuevo gobierno generará una fuerte aceleración del proceso inflacionario que venía sufriendo la Argentina y dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de las y los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social y solidaria, de cuentapropistas y autónomos, así como también de jubilados y pensionados”, explicaron en el texto.
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De acuerdo a lo pronosticado por las propias autoridades económicas del actual gobierno, remarcaron, “las medidas anunciadas ubicarán el índice inflacionario mensual entre un 20 y un 30 por ciento al menos por el próximo cuatrimestre situación que, de no ser acompañada por una política de ingresos ejercida a través del libre ejercicio de las negociaciones colectivas y de políticas activas compensatorias, pondrá a millones de argentinos y argentinas en una situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas”.
“Las medidas anunciadas implican una fuerte paralización de la actividad económica con su consecuente puesta en riesgo de cientos de miles de puestos de trabajo. Además, configuran a todas luces un disciplinador social”, concluyeron.