La jornada de paro de 24 horas convocada por gremios docentes de distintos niveles se cumplió bon un alto acatamiento, según confirmaron los dirigentes, luego de encabezar un acto en la Ciudad de Buenos Aires, donde reclamaron más presupuesto y aumento salarial urgente, en el marco de la paritaria nacional sectorial, que la gestión de Javier Milei clausuró. Pese a las amenazas del Ministerio de Capital Humano de sancionar a quienes adhieran a la protesta, desde la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) confirmaron que la medida tuvo un importante impacto en todo el país. “Si seguimos así la Argentina se quedará sin maestros”, alertó la titular de la entidad, Sonia Alesso, en el acto central de la jornada de lucha.
En el marco de la jornada de paro docente que se lleva a cabo en todo el territorio nacional, Alesso habló en el acto central que tuvo lugar en Plaza de Mayo, frente al Ministerio de Economía, poniendo el foco en la falta de diálogo por parte del Ejecutivo nacional para considerar la crisis educativa que vive en el país en todos sus niveles, y dejando una chicana para la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, Durante el discurso, Alesso sostuvo que los docentes “son muy creativos” a la hora de llevar a cabo medidas de fuerza, por lo que le recalcó al Gobierno que seguirán en lucha mientras perdure la crisis y la falta de respuestas.
La dirigente subrayó que los educadores argentinos perciben “salarios de hambre” y que están “endeudados” debido a que sus ingresos continúan “congelados” y “no llegan a fin de mes”. En la misma línea, exigió “de forma urgente” la apertura de la Paritaria Nacional Docente para actualizar el piso salarial federal que actualmente se encuentra por debajo de la inflación. Alesso aseguro que la crisis educativa actual es “peor que la de los años ’90”, en referencia al deterioro en el sector durante los gobiernos de Carlos Menem, donde el Estado Nacional “también se había desrresponsabilizado” del financiamiento escolar.
Reclamos
Durante la jornada, los docentes y sus organizaciones reclamaron la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que fue eliminado por el Gobierno Nacional por razones de equilibrio fiscal y un plan de ordenamiento del Estado, y se criticó la falta total de inversión en infraestructura, al mismo tiempo en que sostuvo que el Poder Ejecutivo “no construyó ni una sola escuela” en lo que va de su gestión.
En este sentido, Alesso repudió los intentos oficiales de declarar la educación como “servicio esencial” con el fin, de “bloquear los paros” y acusó al oficialismo de “intimidar” mediante multas y amenazas a los gremios, en lugar de proponer una mesa de diálogo. Para cerrar, ratificó la oposición absoluta de CTERA al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por la gestión de Javier Milei y argumentó que “atenta” contra la gratuidad y el rol indelegable del Estado.
La delegación de CTERA estuvo encabezada por su secretaria general, Sonia Alesso, y el secretario adjunto, Roberto Baradel, junto a integrantes de la Junta Ejecutiva Nacional y representantes de las entidades de base de todo el país. También participó Hugo Yasky, secretario general de la CTA de las y los Trabajadores y diputado nacional.
Fiscalización y presentismo
En tanto, desde el ministerio de Capital Humano cumplieron su amenaza y fiscalizaron la medida de fuerza d con agencias territoriales y reiteraron que se aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo, de acuerdo a lo que marca la ley de reforma laboral. La cartera advirtió que si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75 por cientop de la prestación habitual del servicio educativo – el presentismo – “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
Ante esto, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, justificó la medida en declaraciones radiales: “La huelga existe, es un derecho, pero se encuentra moderada por la Ley de Modernización. Por eso, se pide que se cumpla con el 75 por ciento de la actividad, porque del otro lado hay ciudadanos”. La disposición está contemplada en el artículo 24 de la ley 27.802, que establece ese porcentaje mínimo de cobertura para los servicios declarados esenciales. Ante la detección de incumplimientos, las sanciones recaerán sobre los gremios y no sobre los docentes individualmente, aclararon desde el ministerio. Una fuente del Gobierno advirtió a Infobae que la medida podría llegar hasta la quita de la personería gremial: “A Sandra no le va a temblar el pulso porque la educación es un tema muy importante”.
Desde el oficialismo señalaron que registraron un alto nivel de adhesión al paro en las provincias gobernadas por dirigentes peronistas, como Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego. En contraste, las provincias de San Luis y Mendoza dictaron clases con normalidad, mientras que Santa Fe cumplió con los mínimos establecidos por la ley y Chaco registró un bajo nivel de acatamiento, según datos preliminares relevados por la cartera. Asimismo, desde el gobierno porteño indicaron a este medio que “la adhesión es menos del 10 por ciento” y que “funciona todo con normalidad”, con descuento de haberes para quienes adhirieron a la medida.