Un informe internacional sobre derechos laborales ubicó a la Argentina entre los diez peores países del mundo, tras registrar un fuerte deterioro en los indicadores y rebajar su calificación a la categoría más crítica, en un escenario que encendió alarmas en el plano sindical y político. El dato surge del Índice Global de Derechos elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), que en su última edición marcó un retroceso sostenido en el país durante los últimos dos años. La Argentina cayó a la categoría 5, el nivel más bajo del ranking, luego de haber estado previamente en categoría 3.
Según el informe, este descenso representa uno de los desplomes más pronunciados detectados por el organismo en su medición global. Entre los principales puntos señalados, se destacan restricciones a la protesta social, interferencias en la vida interna de los sindicatos y la existencia de despidos “anti sindicales”. El documento también advierte sobre un “retroceso general en las garantías laborales, particularmente en lo referido al ejercicio de la representación gremial y la negociación colectiva”.
A nivel global, el estudio enmarca estos resultados dentro de una tendencia más amplia de debilitamiento de derechos laborales y democráticos, impulsada por gobiernos autoritarios y sectores con alta concentración económica.
Denuncia
En este contexto, las centrales sindicales argentinas, como la CGT y las dos vertientes de la CTA, resolvieron llevar el caso al plano internacional y presentarán una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante la próxima Conferencia Internacional del Trabajo. Desde el movimiento obrero interpretaron el informe como una señal de alerta sobre el impacto de las políticas del Gobierno de Javier Milei, al considerar que afectan la calidad institucional y los derechos de los trabajadores.
La presentación ante la OIT contará con el respaldo de la Confederación Sindical de las Américas y la propia CSI, en un intento por visibilizar la situación argentina en el principal foro global en materia laboral.
Agenda en Suiza
Este miércoles, la Argentina deberá responder ante la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT por observaciones vinculadas al Convenio 150 sobre administración del trabajo, uno de los instrumentos internacionales que regulan el funcionamiento de las instituciones estatales encargadas de las políticas laborales, la fiscalización, la inspección y el diálogo social.
Las observaciones elaboradas por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) recogen buena parte de las denuncias formuladas por las organizaciones sindicales argentinas durante el último año. Entre ellas aparecen cuestionamientos por la degradación del Ministerio de Trabajo a Secretaría dependiente del Ministerio de Capital Humano, la pérdida de estructuras estatales, el debilitamiento de organismos tripartitos y las dificultades para sostener mecanismos institucionales de diálogo social.
La CEACR también tomó nota de las observaciones presentadas por la CGT, la CTA Autónoma, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), que advirtieron sobre el impacto de las políticas de ajuste implementadas desde diciembre de 2023 sobre el funcionamiento de la administración laboral.