Las obras sociales sindicales, que brindan cobertura médica a más de 14 millones de personas en la Argentina, atraviesan una crisis de magnitud creciente que ya encendió todas las alarmas en el movimiento obrero. Desde la CGT advirtieron que la situación es “casi terminal” y denunciaron una “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”.
El diagnóstico surge de un informe elaborado por el secretario de Acción Social de la central obrera, José Luis Lingeri, que fue presentado en la última reunión del Consejo Directivo cegetista. Allí se detalla el deterioro económico-financiero del sistema de salud sindical, afectado por la caída del poder adquisitivo, el aumento de los costos médicos y un esquema de financiamiento cada vez más insuficiente.
Un sistema desfinanciado y en retroceso
“El sistema está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal”, señala el documento, que también da cuenta de obras sociales que fueron dadas de baja, otras declaradas en crisis y algunas intervenidas, como el caso de OSPRERA.
Desde la CGT remarcaron que el modelo de financiamiento —basado en un aporte del 9% del salario— quedó desfasado frente a la pérdida del poder adquisitivo, que ronda el 30%, y al fuerte incremento de los costos en salud, que superan ampliamente la inflación general.
El informe aporta datos contundentes: el promedio de recaudación del sistema se ubica en $67.525 por beneficiario, mientras que el costo estimado del Plan Médico Obligatorio (PMO) para marzo de 2026 alcanza los $85.000 per cápita. Esto implica una brecha cercana al 25%, que torna inviable la cobertura plena de las prestaciones.
En términos concretos, más de 11 millones de beneficiarios —el 78,5% del padrón— no aportan lo suficiente para financiar el acceso al PMO.
Caída en la calidad de atención y tensión con prestadores
El deterioro del sistema ya tiene consecuencias directas sobre la calidad de la atención. Según el documento cegetista, muchas obras sociales deben recurrir al auxilio financiero de sus sindicatos para evitar la cesación de pagos.
Al mismo tiempo, se resiente la cadena de pagos a prestadores, lo que se traduce en demoras en la atención, mayores tiempos de espera y un creciente malestar entre los afiliados.
Otro dato preocupante es la pérdida de acceso a medicamentos: entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023, la capacidad de compra de fármacos ambulatorios cayó en promedio un 49%, una tendencia que, según la CGT, se mantiene hasta la actualidad.
Monotributistas y jubilados, en el centro del problema
El informe también apunta a los desequilibrios que generan algunos segmentos dentro del sistema. En particular, cuestiona el impacto de los monotributistas, cuyos aportes —alrededor de $20.000— se ubican un 290% por debajo del costo del PMO.
“Muchos ingresan al sistema sólo para acceder a prestaciones a precios irrisorios, con una carga de enfermedad incluso mayor que la de los afiliados formales”, advierte el documento.
A esto se suma la situación de los jubilados que permanecen en las obras sociales sindicales. Según la central obrera, el PAMI transfiere $48.269 por afiliado, muy por debajo de los aproximadamente $159.000 que recauda por cada beneficiario, sin brindar contraprestaciones por esa diferencia.
Críticas al Gobierno por el manejo de fondos
Uno de los ejes más duros del informe está dirigido al Gobierno nacional y, en particular, al Ministerio de Salud que conduce Mario Iván Lugones. La CGT denunció un manejo “absolutamente inequitativo” de los recursos que administra la Superintendencia de Servicios de Salud.
El cuestionamiento central recae sobre la distribución de subsidios como el SUMA (Subsidio de Mitigación de Asimetrías), que asigna un monto uniforme por beneficiario sin contemplar las diferencias de ingresos entre obras sociales.
De esta manera, entidades con menor recaudación reciben lo mismo que grandes empresas de medicina prepaga como OSDE o Swiss Medical, lo que, según la CGT, profundiza las desigualdades del sistema.
Un escenario crítico y sin respuestas de fondo
El informe también advierte sobre la presión creciente que generan las prestaciones por discapacidad, que ya consumen más del 75% del Fondo Solidario de Redistribución, y sobre las distorsiones en la facturación de hospitales públicos, que en algunos casos superan los valores del sector privado.
En este contexto, desde la CGT alertan que, sin una recomposición de los ingresos y una revisión integral del esquema de financiamiento, el sistema de obras sociales sindicales podría entrar en una crisis aún más profunda.
La advertencia no es menor: se trata de uno de los pilares históricos de la seguridad social argentina, que hoy enfrenta un escenario de deterioro acelerado, con impacto directo en millones de trabajadores y sus familias.