Tras realizar hace una semana atrás 38 allanamientos de manera simultaneo en las diferentes sedes de la ONG Remar, el Juzgado Federal de San Luis a cargo del magistrado Juan Esteban Maqueda, dispuso la ampliación de la intervención a través de veedores de la ONG Remar, que se encuentra siendo investigada por situaciones compatibles con reducción a la servidumbre y explotación laboral e irregularidades patrimoniales.
Según informó el Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata, a través de un nuevo oficio (N° 908) el Poder Judicial solicita a los veedores designados que se deberá tomar contacto con el Punto Focal respectivo de cada provincia en relación a la situación de las personas que solicitaron rescate durante esos allanamientos, así como relevar de manera urgente los casos de salud que requieran de atención. Además, pidió a los veedores garantizar que las víctimas no sean intimidadas, así como el acceso a bienes esenciales.
“Deberán articular en sus respectivas jurisdicciones la oportuna intervención de los organismos provinciales y/o nacionales de asistencia sanitaria, social y de protección, con el objeto de que cumplan con sus respectivos deberes”, ordenó en el oficio judicial.
El magistrado aclaró además que “está pendiente la recepción de testimonios de presuntas víctimas; lo que determina la necesidad de garantizar que aquellas no sean intimidadas ni objeto de represalias por parte de las personas imputadas u otros encargados de los lugares y, al mismo tiempo, se les garantice el acceso a bienes y servicios esenciales”.
Allanamientos
Tras una larga investigación llevada adelante por el fiscal Federal Cristian Rachid y de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano de PROTEX, operativizada por la Gendarmería Nacional, se detectaron fuertes indicios de que en dicha institución había situaciones compatibles con reducción a la servidumbre y explotación laboral e irregularidades patrimoniales.
A raíz de ello, el pasado 11 de julio el juez ordenó el allanamiento en 38 sedes de la Asociación Civil Remar. Se llevaron delante de manera simultánea en las provincias de San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las cuales participó personal de Gendarmería Nacional, las áreas especializadas de Policía Federal, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Perdonas Damnificadas por el delito de trata dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y explotación de personas, y para la protección y asistencia a las víctimas que dirige Gustavo Vera.
Según informaron, de los allanamientos y relevamientos que se realizaron pudieron verificar múltiples indicadores de explotación laboral sobre la mayoría de las 498 personas acogidas en las sedes de REMAR. Asimismo, resaltaron que se les imponían extenuantes jornadas de trabajo sin ninguna paga en diversos rubros como la venta ambulante, albañilería, carpintería, tareas de cosecha, reparación de vehículos, tareas domésticas y de cuidado, entre otras.
Conclusiones
Las y los delegados de la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas que participaron en los diferentes operativos, informaron las siguientes conclusiones:
* En aquellos domicilios donde se hallaron personas acogidas, se verificaron indicios indicadores de vulnerabilidad por razones de salud, edad, económicas, violencia de género, adicciones, etc.
* En la mayoría de los casos, las personas entrevistadas no eran oriundas de la provincia donde se encontraban.
* En varios casos se pudo saber que a las personas se les retenía los teléfonos celulares, documentos personales y/o tarjetas de débito para la posterior apropiación de beneficios sociales asignados.
* Las personas eran recibidas y acogidas en los establecimientos donde muchas veces trabajaban.
* Las principales actividades económicas de la organización que se pudieron conocer están relacionadas con la venta ambulante, venta de muebles, carpintería, mecánica, construcción, tareas domésticas.
* En varios establecimientos se encontraron familias con sus hijos y en algunos, menores de edad trasladados sin autorización de sus padres.
* En todos los casos las personas entrevistadas manifestaron realizar tareas para la organización sin paga alguna.
* En varios casos manifestaron tener que cumplir objetivos de ventas.
* En todos los casos manifestaron no recibir salario, ni retribución dineraria alguna por las tareas encomendadas.
* En la mayoría de los casos manifestaron cumplir largas jornadas laborales.
* En algunos casos encontraron documentación de Altas y Bajas firmadas por personas que declaraban su voluntad de realizar trabajo voluntario social –Ley 25.855-. Un “voluntariado” sujeto a horarios extenuantes, topes de producción y a destajo y un sistema de premios y castigos.
* En todos los casos las personas con alguna enfermedad o discapacidad manifestaron NO recibir atención médica, psicológica ni farmacológica por parte de los responsables de la organización, pero sí que se estaban rehabilitando de alguna adicción.
* En varios domicilios se encontraron grandes sumas de dinero en efectivo (moneda nacional y extranjera) y títulos de vehículos.
* Durante los procedimientos, varias personas expresaron su intención de abandonar el establecimiento allanado, motivo por el cual este Comité Ejecutivo articuló con los puntos focales provinciales (Mendoza – Córdoba) la reubicación transitoria y el traslado a su provincia de origen donde se encuentran sus familiares.