A través de una marcha de velas, los médicos residentes del Hospital Garrahan se manifestaban en lunes por la noche en el Obelisco en el marco del plan de lucha por salarios dignos y mejores condiciones laborales, a la espera de un ofrecimiento formal de parte del Ministerio de Salud, más allá del trascendido de un bono no remunerativo para llegar a un salario de 1.300.000 pesos, que la cartera sanitaria hizo trascender pero nunca formalizó ante la asamblea de profesionales.
En la movilización pacífica los residentes, que mantienen el cese de actividades como medida de fuerza, presionan para que el Gobierno de una respuesta concreta a la problemática de salarios exiguos que no alcanzan siquiera la línea de los 800 mil pesos y una sobrecarga laboral con guardias de hasta 24 horas consecutivas, además de deficiencias en insumos e infraestructura.
En nutridas asambleas, los médicos residentes y enfermeros persistieron en su justo reclamo y rechazaron los argumentos del Gobierno de índole presupuestaria, sobre un supuesto exceso de “burocracia” en el Hospital Garrahan. "Sin residentes no hay hospital, precarizados no vamos a trabajar", es una de las consignas que cantan a coro los manifestaron que concurrieron a protestar frente al Obelisco.
Propuesta no oficial
Este lunes por la tarde se desarrolló en el Hospital Garrahan una reunión para evaluar la propuesta no oficializada del bono no remunerativo que elevaría a 1.300.000 pesos los ingresos de residentes. El ofrecimiento no habría sido bien recibido, aunque se abordará con mayor profundidad en una próxima asamblea a fin de definir cómo continuar con el plan de lucha.
Mientras se profundiza el conflicto salarial en el Garrahan, el ministro de Salud nacional Mario Lugones rompió el silencio y apuntó contra el uso político del hospital. "Los recursos deben destinarse al personal de salud, no a la militancia rentada", aseguró el funcionario, en línea con declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni. El ministro defendió el aumento anunciado para los residentes —quienes pasarían a cobrar 1.300.000 de pesos desde el 1° de julio— y lo atribuyó al “ahorro por reducción de gastos superfluos” y la implementación del control biométrico de asistencia que rige desde hoy. Sin embargo, la medida fue rechazada por trabajadores y gremios, que la consideran insuficiente y discriminatoria, ya que “excluye al 90 por ciento del personal del hospital”.
Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana advirtió que con 1.300.000 pesos “no se resuelve el conflicto” y denunció una maniobra para desmovilizar la protesta. “Un residente no puede vivir con 750 mil pesos”, remarcó. Los gremios nucleados en ATE convocaron a una asamblea general este martes a las 13:00 para definir nuevas medidas de fuerza, incluyendo paros y movilizaciones.
Denuncia
En tanto, el ministro Lugones fue imputado ayer lunes por presuntas “irregularidades “en el manejo del Hospital Garrahan. La denuncia fue presentada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la diputada nacional Marcela Campagnoli, y recayó en el fiscal federal Guillermo Marijuan. Según la acusación, Lugones habría forzado la renuncia del Consejo Directivo del hospital pediátrico en octubre de 2024, luego de que este otorgara un bono de 500 mil pesos al personal, una medida que, de acuerdo con la denuncia, estaba dentro de las atribuciones del órgano y no requería aval del ministerio.
Las legisladoras aseguran que el funcionario actuó "de manera arbitraria y contraria a la normativa vigente", con el objetivo de "disciplinar" al Garrahan y evitar un "efecto contagio" en otros hospitales nacionales en medio de la reducción presupuestaria en salud. El fiscal Marijuan pidió a las autoridades del hospital un informe detallado sobre la composición del Consejo de Administración antes y después de octubre de 2024, además de copias de las resoluciones que aprobaron el bono. También requirió un organigrama completo del hospital con todos los cargos y funciones.
En la presentación judicial se indica que el bono entregado provino de un fondo que históricamente administra el Consejo sin necesidad de consulta ministerial. El “único motivo” de la remoción, sostienen las denunciantes, habría sido un “encono personal” del ministro, con aval de “autoridades superiores”. Además, se investiga si Lugones incurrió en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, al exceder sus facultades e intervenir directamente en una decisión autónoma del hospital.