La economía de la provincia de Santa Fe parece desvanecerse con la grave crisis que afecta tanto a su sistema productivo como al agrario: el cierre de numerosas empresas y el colapso de otras por requerimiento judicial son las principales consecuencias de la recesión.
En ese contexto, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 2da Nominación de Villa Constitución declaró formalmente la quiebra de la firma Pisi SRL., una firma contratista de Acindar y ahora se teme un efecto dominó que agudice aún más la situación.
Pisi SRL., radicada en la mencionada localidad, era un firma cuya actividad comercial también incluía la ejecución de obras para el Estado y su quiebra enciende las alarmas en un sector geográfico ligado a la actividad siderúrgica.
Cabe destacar que diversas empresas proveedoras y contratistas batallan con numerosas dificultades financieras como consecuencia de la caída de la producción industrial registrada en los últimos años.
¿Por qué se pidió su quiebra?
La solicitud de insolvencia pedida por los jueves tuvo se originó en la demanda interpuesta por el abogado Roberto Lascialandare, quien exigía el pago de una deuda acumulada en concepto de honorarios profesionales derivados de un litigio previo por desalojo.
A propósito, el magistrado consideró acreditada la existencia de una obligación líquida y exigible impaga, situación que configura uno de los presupuestos legales para presumir el estado de cesación de pagos. Además, destacó que la empresa no contestó el traslado previsto por la Ley de Concursos y Quiebras pese haber sido debidamente notificada.
La sentencia ordenó la inhibición general de bienes, la designación de un síndico, la incautación e inventario de los activos existentes y la posterior realización de esos bienes para atender los reclamos de los acreedores.
A partir de lo informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), al cierre de abril, registraba obligaciones por $990.000 con Banco Credicoop y otros $130.000 con el Nuevo Banco de Santa Fe, lo que arroja una deuda bancaria total de $1,12 millones. En ambos casos la empresa se encuentra en situación 5, la máxima categoría de riesgo crediticio.
Además, posee un cheque rechaza por falta de fondos por $225.920, emitido en agosto de 2021.
La mencionada circunstancia hizo que la masa de acreedores y diversos actores vinculados a la actividad económica local iniciaran un estricto monitoreo de la causa.
Entre los perjudicados persiste una fuerte atmósfera de preocupación por la falta de solvencia para realizar los pagos y sobrevuela la posibilidad de que la situación responda a una maniobra deliberada de vaciamiento de activos para desviar el patrimonio remanente de la constructora.
Efecto contagio
Como reguero de pólvora, esta firma incrementa la lista de unidades productivas de la región que atraviesan una severa crisis financiera, teniendo como denominador común la parálisis operativa de Acindar, que se encuentra atravesada por un derrumbe sostenido en sus niveles de producción que se inició con el cambio de políticas económicas de la administración de Javier Milei.
Como se mencionó anteriormente, la quiebra de Pisi transparenta el declive del cordón productivo santafesino, donde la caída de la actividad de grandes empresas tractoras como Acindar arrastra inevitablemente a su red de contratistas locales.
Según medios especializados, el proceso judicial iniciado además de exponer la inviabilidad financiera de la constructora, después de acumular un sinfín de deudas impagas, abre un escenario de incertidumbre legal ante las sospechas de los acreedores sobre un presunto desapoderamiento de bienes, en un contexto regional marcado por la recesión y la falta de perspectivas de recuperación.