En el marco del ajuste del Estado que impulsa la gestión de Javier Milei, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró públicamente la eliminación de más de 50 mil puestos de trabajo en el sector público nacional, en apenas 18 meses de gobierno.
"¡Viva la libertad, carajo!", exclamó el ministro a través de redes sociales al compartir los números oficiales del recorte, que según el propio Gobierno ya generaron un “ahorro” de USD 2.000 millones anuales. La declaración se da en medio de una creciente tensión con los gremios estatales, que denuncian despidos masivos, vaciamiento institucional y un intento deliberado de desmantelar la estructura del Estado.
Desde diciembre de 2023, cuando asumió el nuevo gobierno, la Administración Pública Nacional redujo su plantilla de 205.550 a 177.444 empleados. En paralelo, las empresas estatales pasaron de tener 91.166 trabajadores a 76.230, según datos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
“Recordemos que cada peso que ahorra el Estado es un peso menos de impuestos que pagamos los ciudadanos. Por eso la motosierra es tan popular”, afirmó Sturzenegger. A esto agregó que muchos de los empleados despedidos eran “ñoquis” o realizaban tareas “que la sociedad no valoraba”.
Ajuste en nombre del superávit
El recorte de personal forma parte del ambicioso plan de ajuste fiscal que lleva adelante el Ejecutivo para alcanzar un superávit primario de 1,6% del PBI, una meta incluso más exigente que la acordada con el FMI. Según el gobierno, el costo real de cada empleado duplica su salario debido a gastos de infraestructura, como oficinas, equipos y servicios.
La narrativa oficial insiste en que esta reducción no afecta la calidad de los servicios estatales. Sin embargo, los gremios estatales alertan sobre un deterioro creciente en áreas sensibles, pérdida de capacidades estratégicas y una creciente precarización laboral en el Estado.
Ataque simbólico: eliminación del Día del Empleado Público
En paralelo a la publicación de los datos de despidos, el Gobierno anunció la eliminación del asueto por el Día del Trabajador del Estado, que tradicionalmente se celebra el 27 de junio. La medida fue justificada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló que “el Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático”.
Desde ATE, el secretario general Rodolfo Aguiar repudió la medida y denunció el intento del oficialismo de “demonizar a los trabajadores del Estado” mientras profundiza una reforma que excluye a millones de argentinos de servicios esenciales.
Un modelo de exclusión y desmantelamiento
Los sindicatos estatales coinciden en que los despidos, el congelamiento de vacantes, y el desfinanciamiento de organismos públicos no responden a una verdadera racionalización del gasto, sino a un modelo ideológico de achicamiento del Estado que pone en riesgo derechos, soberanía y empleo.
Mientras desde el gobierno se festejan los números como “eficiencia”, miles de familias sufren las consecuencias de un ajuste que promete continuar. Y el mensaje oficial es claro: menos Estado, menos trabajadores, y más motosierra.