La localidad de Arribeños, en el partido bonaerense de General Arenales, atraviesa una profunda crisis social y económica luego de que la histórica multinacional agroexportadora Cargill suspendiera por completo las operaciones de su planta de acopio, que contaba con más de 25 años de trayectoria. El conflicto se inició con un reclamo de transportistas y terminó derivando en el cese de actividades de la instalación, con un fuerte impacto sobre las 30 familias vinculadas al transporte y sobre toda la cadena productiva de la zona.
El eje de la disputa se encuentra en el esquema de asignación de cargas y en la participación de un representante de la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC), a quien los fleteros acusan de actuar presuntamente como intermediario para la realización de los traslados, sin brindar, según sostienen, un servicio logístico concreto.
En declaraciones recogidas por medios locales, Cristian Cardoso, vocero de los transportistas afectados, explicó que el conflicto se profundizó cuando las familias fleteras decidieron dejar de trabajar bajo ese esquema.
"Este personaje operaba como intermediario sin un contrato activo ni un servicio logístico real. Las 30 familias fleteras decidieron abrirse de esa persona porque sufrían condiciones desfavorables, pero al hacerlo se quedaron automáticamente sin trabajo", afirmó.
La denuncia por el cobro de comisiones
Uno de los principales puntos de la denuncia está relacionado con la presunta exigencia de una comisión del 3% sobre el valor de cada carga. Los transportistas sostienen que ese porcentaje era cobrado "en negro" como condición para acceder a los viajes.
Según la versión de los fleteros, la negativa a continuar bajo ese esquema informal derivó en la interrupción de las asignaciones de cargas y, posteriormente, en la paralización total de las operaciones de la planta de Cargill en Arribeños.
Desde la conducción de CATAC, sin embargo, rechazaron las acusaciones. Su presidente, Ramón Jatip, negó de manera contundente la existencia de un intermediario que cobrara por los servicios de transporte y aseguró que los transportistas "se fueron voluntariamente".
"Se fueron voluntariamente. No había un transporte en el medio que cobrara o pagara", sostuvo el dirigente, de acuerdo con declaraciones difundidas por medios locales.
De esta manera, las partes mantienen versiones contrapuestas sobre el origen del conflicto y sobre el funcionamiento del sistema de asignación de cargas que operaba alrededor de la planta.
Cargill argumentó que se trata de una decisión comercial
Ante la crisis generada por la suspensión de actividades, la empresa se limitó a señalar que la asignación de cargas responde a "criterios comerciales y operativos propios de la actividad, en el marco del derecho de libre contratación".
La posición de la multinacional implica, en los hechos, que las decisiones vinculadas con la contratación y asignación de los servicios de transporte forman parte de su autonomía comercial.
La falta de una intervención institucional también generó cuestionamientos entre los trabajadores afectados. Desde el Municipio de General Arenales calificaron el conflicto como "un problema de índole privado" y señalaron que se trata de una situación que "no compete" a la administración municipal.
El impacto sobre toda la economía local
El cierre de la planta de acopio representa un golpe que excede a las familias directamente vinculadas con el transporte de cargas. La actividad de los fleteros sostiene una amplia red de trabajadores y comercios que dependen, directa o indirectamente, del movimiento generado por la producción agropecuaria.
Mecánicos, talleres, estaciones de servicio, comercios, proveedores de repuestos y otros prestadores de servicios también se ven afectados por la caída de la actividad.
Por este motivo, el conflicto despertó preocupación en una localidad cuya economía mantiene una fuerte vinculación con el sector agropecuario y el transporte de granos. La interrupción de las operaciones de una planta con más de dos décadas de presencia en la zona genera un efecto multiplicador sobre la economía local.
Mientras Cargill sostiene que la asignación de cargas se encuentra amparada en la libertad de contratación, los transportistas reclaman la apertura de una instancia de diálogo que permita encontrar una salida al conflicto.
Los afectados piden una mesa de negociación "orgánica, pacífica y transparente" para discutir las condiciones de trabajo y el esquema de contratación. Sin embargo, hasta el momento, esa posibilidad aparece distante ante la falta de una instancia institucional que reúna a las partes y facilite una negociación.
La crisis de Arribeños expone así un conflicto que comenzó como una disputa entre transportistas y un intermediario y que terminó paralizando una planta de acopio, dejando a 30 familias sin trabajo y afectando a una parte significativa de la economía de General Arenales.