En estas últimas semanas nos encontramos, con mucha pena, con la llamativa y lamentable situación de que uno de los candidatos a presidente del Frente Unión por la Patria, sostiene discursos que son parte del programa político y de la agenda anti derechos de los sectores más retrógrados y anti obreros de nuestro país. Que representan los intereses de las minorías más acomodadas, las corporaciones económicas y las empresas multinacionales, en detrimento de quienes dependen de su salario para subsistir y de nuestra incipiente industria nacional.
Tanto en el programa de “Duro de Domar”, como así también en la entrevista que le realizó Siri, titulada "Tecnología & cripto con presidenciables" y en uno de sus últimos posteos de Instagram, donde visitó a un laboratorio PYME, el candidato Juan Grabois sostiene el relato anti derechos de “La Industria del Juicio”. Afirmando que es una “gran preocupación del sector PYME”. Sin embargo, ya en el año 2018 desde APYME (La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios) se manifestaron en contra de este relato -que era parte de la comunicación oficial del gobierno de Macri- desmintiendo que exista una supuesta industria del juicio laboral y que los problemas que enfrentaba el sector eran debido a las políticas económicas que llevaba adelante el gobierno de aquel entonces.
No sólo desmintieron este relato anti obrero quienes representan el sector PYME organizado, sino que también fue desmentido por los diversos Colegios de Abogados de la República Argentina y por diversas agrupaciones de abogados laborales. Entre ellas la que preside honoríficamente el Dr Ciampa, la Corriente de Abogados Laborales 7 de Julio. Donde en un artículo, que escribió para un diario de tirada masiva, desmintió este relato con números y datos objetivos.
En dicho artículo hizo un análisis donde explicaba que en 2021 existían en Argentina 12.121.000 de trabajadores registrados. Y que el empleo no registrado ascendía al 31,5% (5.575.660 de trabajadores “en negro”). Todos esos trabajadores no registrados tenían el derecho objetivo a iniciar un reclamo laboral. Es decir que, para aquel entonces, debieron haber más de cinco millones y medio de juicios laborales. Sin embargo, la cantidad de juicios laborales que se llevaron adelante en todo el país, fue tan sólo de 132.500 expedientes. Por lo que tan sólo se inició el 2% de la totalidad de reclamos que podrían haberse iniciado por motivo de la nula registración. Claramente el nivel de litigiosidad laboral, en nuestro país, es extremadamente baja.
Sin embargo, desde sectores de la política que bregan por la precarización laboral, siguen sosteniendo este relato, multiplicado y amplificado desde los oligopolios mediáticos y sus candidatos.
Es que es sabido que toda acción política, para ser efectiva, antes debe posarse sobre un discurso o relato que esté legitimado por las mayorías. Es por eso que para ir en contra de los derechos de los trabajadores, primero tienen que perseguir y estigmatizar los mecanismos de defensa que éstos poseen, como lo son los sindicatos y los abogados laborales.
No olvidemos que esta estrategia de perseguir las herramientas que tienen los trabajadores para defender sus derechos, no es novedosa por parte de quienes quieren un país para pocos. Salvando las distancias, durante la dictadura cívico militar se secuestraron, torturaron y desaparecieron tanto a representantes gremiales como a abogados laborales (Noche de las corbatas). Donde se calcula que el 66% de los desaparecidos fueron activistas gremiales. Todo ello en pos de instaurar un modelo económico neoliberal, recortar derechos laborales y retrotraer la participación de los trabajadores en el ingreso.
El discurso de la industria del juicio, además de estigmatizar a los trabajadores que intentan hacer valer sus derechos, también estigmatiza a quienes son sus representantes, los abogados laborales.
No sólo eso, sino que también oculta las responsabilidades políticas de quienes llevaron adelante las políticas económicas que generaron la pérdida de miles de puestos de trabajo y un grave retroceso en la distribución del ingreso para los trabajadores y trabajadoras, endeudando a nuestro país.
Desde el mundo del trabajo, no podemos tolerar que un candidato, sea del espacio que sea, sostenga estos discursos estigmatizantes, que no poseen ningún sustento en la realidad y que por lo tanto son completamente falsos y tendenciosos. Y que sólo fueron construidos en pos de perseguir a los trabajadores que reclaman por haber sido sus derechos vulnerados y a quienes representan a dichos trabajadores en los ámbitos formales.
Por otro lado, el candidato Grabois, habla de “litigiocidad inducida” por parte de los abogados laborales. Cuando en realidad no son los abogados quienes generan los conflictos laborales, sino que, justamente, es el incumplimiento de las obligaciones patronales lo que genera este tipo de conflictos. Sostiene, además, que los abogados laborales ganan “una cantidad de guita” desmesurada con estos reclamos. Sin conocer cuál es la realidad cotidiana de quienes ejercemos esta profesión. La realidad es que somos la única rama del derecho donde no cobramos ni la consulta, ni tampoco la redacción de los telegramas y tan sólo cobramos a resultado exitoso. Muchas veces, a pesar de haber realizado a la perfección nuestro trabajo, tampoco cobramos nada. Y muchas veces luego de haber trabajado en un caso entre 4 y 5 años. Debido a problemas que exceden nuestra labor profesional, como por ejemplo que no se presenten los testigos de nuestro cliente.
Si los abogados laborales no podemos vivir dignamente de nuestra profesión, cada vez habrá menos abogados que se especialicen en este fuero. Y los que quieran hacerlo tendrán que llevar adelante otras ramas del derecho para poder subsistir, generando un perjuicio en nuestra especialización. Con la consecuencia de que la defensa a los trabajadores será cada vez de menor calidad y de menor efectividad.
Ir en contra de quienes representan los intereses de los trabajadores y estigmatizarlos, sólo puede resultar en un menoscabo y un perjuicio a los intereses de los trabajadores mismos. Sin contar que el candidato no se percata de que nosotros también somos trabajadores y con esos relatos está propugnando por la precarización de nuestro trabajo.
Más allá de esta cuestión, que es sectorial de quienes defendemos a los trabajadores, también sostiene que se tiene que eliminar el actual sistema de indemnizaciones por despido para el sector PYME y reemplazarlo por un “seguro de contingencias laborales”. Cabe destacar que dicho sector emplea al 64% de los trabajadores y trabajadoras registradas. Por lo que el candidato, está planteando que se debe modificar el sistema protectorio por despido para la mayoría de los trabajadores registrados.
Esta propuesta, además de ser completamente inconstitucional, ya que desvirtúa al sistema protectorio laboral consagrado por el art 14bis de nuestra Constitución, es inviable jurídicamente. Las empresas aseguradoras sólo cubren a sus clientes ante riesgos o contingencias. Esto significa que tiene que existir un hecho futuro y aleatorio para que determinado objeto jurídico sea cubierto por estas aseguradoras. Los despidos no son “contingencias”, ni hechos fortuitos como los accidentes de tránsito. Son actos deliberados por parte del empleador. O producto de incumplimientos contractuales graves por parte de éstos, cuando son de carácter indirecto.
Es por todas estas cuestiones que esperamos que el candidato a presidente Grabois revea sus posturas, se informe mejor y se retracte públicamente por llevar adelante estos relatos que sólo estigmatizan y atentan contra quienes viven de su trabajo.