La decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de anular las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) e intervenir el sindicato generó un rechazo masivo de todo el arco sindical argentino. Desde la CGT y las dos CTA hasta el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la Mesa Sindical y decenas de gremios salieron a denunciar una “intromisión antidemocrática” contra la autonomía sindical y apuntaron directamente contra los jueces Víctor Pesino y María Dora González, los mismos magistrados que semanas atrás restablecieron la vigencia de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La polémica se profundizó luego de que distintas organizaciones sindicales remarcaran que menos de 24 horas después de aquel fallo sobre la reforma laboral, el Gobierno nacional inició formalmente el trámite para extender por otros cinco años la permanencia de Pesino en la Cámara del Trabajo pese a haber alcanzado los 75 años, límite etario que obliga a un nuevo acuerdo del Senado para continuar en funciones.
La Confederación General del Trabajo (CGT) fue una de las primeras centrales en pronunciarse. “Rechazamos enfáticamente cualquier intento de la Justicia que avance sobre la libertad y la organización del movimiento obrero. Intervenir un sindicato es atacar la autonomía de las y los trabajadores. La defensa de la democracia sindical no se negocia”, señalaron desde la central obrera.
En un duro comunicado conjunto, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma calificaron la medida como “arbitraria y antidemocrática” y remarcaron que “desconoce la voluntad soberana de las y los trabajadores metalúrgicos”. Además, señalaron que no se trata “solamente de una decisión jurídica”, sino de “un acto político” que busca desconocer la legitimidad del proceso electoral que ratificó a Abel Furlán al frente de la UOM.
Las centrales también pusieron el foco en el rol del juez Víctor Arturo Pesino, uno de los firmantes del fallo. “No puede dejar de señalarse el hecho de que uno de los jueces intervinientes sea el mismo magistrado que logró extender su permanencia en la Justicia tras el bochornoso fallo que avanzó contra la libertad sindical en la Argentina”, afirmaron Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy.
El FreSU denunció una “persecución política”
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio integrado por más de 140 organizaciones gremiales y que tiene a la propia UOM como uno de sus pilares, interpretó la intervención como un ataque direccionado contra uno de los principales polos de resistencia a las políticas laborales del gobierno nacional.
“El objetivo de este gobierno estaba claro: destruir los salarios y a las organizaciones de trabajadoras y trabajadores”, sostuvo el frente sindical, que recordó que la UOM fue el lugar donde comenzaron a articularse los gremios que enfrentaron el DNU 70/23 y la reforma laboral libertaria.
En ese sentido, remarcaron que los jueces Pesino y María Dora González son “los mismos magistrados que restablecieron la vigencia de la regresiva reforma laboral el 23 de abril pasado”. Además, denunciaron que la continuidad de Pesino en la Cámara fue impulsada por el Gobierno apenas horas después de ese fallo.
“Se trata de una persecución política, grosera y direccionada contra la conducción de la UOM”, afirmaron desde el FreSU, que exigió el cese inmediato de la intervención y la restitución de las autoridades electas.
Aceiteros llamó a un paro por tiempo indeterminado
Uno de los comunicados más duros fue el de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA). Allí denunciaron que la ofensiva contra la UOM forma parte de un ataque generalizado contra toda la clase trabajadora.
“El fallo fue firmado por los mismos jueces que reestablecieron la vigencia de la regresiva reforma laboral”, recordaron, y cuestionaron que el Gobierno haya acelerado el trámite para garantizar la continuidad de Pesino en el Poder Judicial pese a haber alcanzado el límite etario establecido constitucionalmente.
La organización aceitera vinculó la intervención con “la encarnizada persecución política” contra la conducción metalúrgica y advirtió sobre el deterioro general de las condiciones de vida de los trabajadores, el cierre de pymes, los despidos masivos y el desmantelamiento de organismos públicos.
Incluso, la federación llamó a debatir “un plan de lucha con paro por tiempo indeterminado” frente al avance del Gobierno y el Poder Judicial sobre las organizaciones gremiales.
La Mesa Sindical: “Es una ofensiva sistemática”
También la Mesa Sindical expresó su “enérgico repudio” y consideró que la intervención de la UOM “vuelve a demostrar la complicidad de sectores judiciales con el poder político y económico de turno”.
“El nuevo atropello no es un hecho aislado: forma parte de una ofensiva sistemática contra los derechos laborales, la representación sindical y las conquistas históricas del pueblo trabajador”, señalaron.
En la misma línea se pronunció ATE, que replicó el documento del FreSU y denunció que la ofensiva judicial busca disciplinar a las organizaciones que enfrentan las políticas oficiales.
Judiciales, marítimos y jerárquicos mineros y de comercio también salieron al cruce
La Federación Judicial Argentina (FJA), conducida por Matías Fachal, sostuvo que la resolución es “profundamente lesiva de la autonomía de las organizaciones de trabajadorxs y de la libertad y democracia sindical”.
Además, la organización judicial advirtió que el fallo “no puede analizarse de manera aislada” y lo vinculó directamente con “el avance de un proyecto de disciplinamiento social y laboral”.
Por su parte, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo declaró el “estado de alerta y movilización permanente” y denunció un intento de “desmembrar el modelo sindical argentino”.
“Hoy se le arrebata al trabajador el derecho a elegir quién lo represente para defender sus condiciones laborales, permitiendo que la conducción sea digitada arbitrariamente por la vía judicial”, cuestionaron desde el gremio marítimo.
También el Sindicato Jerárquico Minero Argentino (ASIJEMIN), encabezado por Marcelo Mena Muñoz, expresó su solidaridad con Abel Furlán y repudió “la intervención judicial sobre la UOM y la anulación del proceso electoral”.
“Estas medidas afectan el normal funcionamiento institucional de las organizaciones gremiales y generan un peligroso precedente para toda la clase trabajadora argentina”, advirtieron.
También la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPyJC) se sumó al repudio contra la intervención judicial de la UOM y advirtió que la medida representa “un grave avance contra la libertad sindical”.
“Los sindicatos son de los trabajadores”, sostuvo la organización, que consideró que la resolución judicial constituye “una inadmisible intromisión sobre la vida institucional de los sindicatos” y vulnera “principios fundamentales como la autonomía gremial y el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus representantes”.
Además, el gremio remarcó como “especialmente preocupante” que “el mismo tribunal que recientemente acompañó decisiones vinculadas a la reforma laboral impulse ahora una acción de semejante gravedad sobre una de las organizaciones sindicales más representativas del país”, señaló la entidad que conduce Gastón Gallo.
“La UOM forma parte de la historia de lucha y organización de la clase trabajadora argentina. Atacar su normal funcionamiento institucional implica enviar una señal de disciplinamiento hacia el conjunto del movimiento sindical en un escenario de fuerte deterioro económico y social”, agregaron.
En paralelo, al cierre de este artículo, la conducción metalúrgica convocó a un “abrazo en defensa de la UOM” para el próximo martes 26 a las 12 horas frente a la sede nacional del gremio, ubicada en Adolfo Alsina 485, en rechazo a lo que definieron como una “intervención judicial arbitraria y antidemocrática”.