La avanzada judicial sobre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) volvió a colocar en el centro de la escena a la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el mismo tribunal que hace apenas semanas tomó una resolución clave para el gobierno de Javier Milei: dejar sin efecto la cautelar que frenaba el corazón de la reforma laboral libertaria.
Ahora, esos mismos jueces, Víctor Arturo Pesino y María Dora González, resolvieron anular la elección nacional que había ratificado a Abel Furlán al frente de la UOM e intervenir el sindicato por 180 días, en una decisión que desde el sindicalismo combativo interpretan como parte de una ofensiva política contra los gremios más duros frente a la Casa Rosada.
La resolución judicial dispuso la nulidad de los comicios desarrollados entre el 2 y el 4 de marzo en la seccional Zárate-Campana y, por arrastre, invalidó también la elección nacional realizada el 18 de marzo, al considerar que las supuestas irregularidades detectadas en aquella regional afectaban la conformación del Colegio Electoral que eligió a Furlán.
Como consecuencia, la Cámara ordenó el desplazamiento inmediato de toda la conducción nacional y designó al abogado Alberto Biglieri como interventor judicial del gremio metalúrgico por un plazo de 180 días.
Según los magistrados, el proceso electoral “no garantizó una elección confiable, segura ni transparente”.
Los jueces que voltearon la cautelar contra la reforma laboral libertaria ahora fueron por la UOM y Furlán:... by Matías Tagliani
Una ofensiva contra el FreSU
Detrás del expediente judicial aparece un trasfondo político y empresario imposible de soslayar.
Furlán se convirtió en uno de los dirigentes sindicales más confrontativos con el Gobierno nacional luego de despegarse del esquema dialoguista de la CGT y promover la construcción del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un armado gremial que reúne a organizaciones enfrentadas abiertamente con la administración libertaria.
Dentro de ese espacio también sobresale Rodolfo Aguiar, titular de ATE, quien salió rápidamente a denunciar un intento de disciplinamiento sindical.
“No vamos a permitir que la Justicia y el Gobierno vulneren la autonomía de las organizaciones sindicales”, afirmó Aguiar tras conocerse el fallo.
“Repudiamos esta intervención que violenta la voluntad de los trabajadores y pretende disciplinar a los dirigentes gremiales que luchan. Nos quieren obedientes y subordinados pero no van a poder”, agregó.
En el entorno metalúrgico remarcan además que la ofensiva contra Abel Furlán tiene un fuerte componente vinculado a Techint y a su CEO, Paolo Rocca, histórico adversario del dirigente de la UOM.
No es un dato menor: sectores sindicales vienen señalando desde hace tiempo que áreas sensibles de la Secretaría de Trabajo de la Nación quedaron bajo influencia de funcionarios cercanos al holding empresario.
Una elección arrasadora que terminó judicializada
La disputa venía escalando desde principios de marzo.
En la estratégica seccional Zárate-Campana, la lista oficialista Violeta y Azul obtuvo casi el 90% de los votos frente a la oposición encabezada por Ángel Derosso, identificado dentro de la UOM como el candidato impulsado por el sector alineado con Rocca.
El oficialismo cosechó 1.809 votos contra apenas 250 de la lista Naranja, ratificando una hegemonía que el sector de Furlán sostiene desde hace casi dos décadas en esa regional clave del cordón industrial bonaerense.
A nivel nacional, los números se replicaron. El 18 de marzo, Furlán fue reelegido al frente de la UOM por un nuevo período de cuatro años con el respaldo de 48 de las 53 seccionales del país y cerca del 80% de los votos del Congreso metalúrgico.
Participaron 270 de los 276 delegados habilitados.
Pero antes de esa ratificación comenzaron las maniobras judiciales.
El 13 de marzo, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, el juez Julián Ercolini ordenó allanar la sede de la UOM en el marco de una causa penal contra Furlán por supuesta defraudación y asociación ilícita.
Desde el gremio denunciaron entonces un intento de afectar la definición de la conducción nacional y el dirigente realizó una presentación espontánea ante la Justicia para poner a disposición toda la documentación sindical.
Cuatro días después, la propia Sala VIII intentó frenar la proclamación de autoridades en Zárate-Campana y posponer la elección nacional. La conducción sindical aseguró que nunca fue notificada formalmente y avanzó igual con el Congreso que terminó reeligiendo a Furlán.
El antecedente de la reforma laboral y el “premio” a Pesino
El dato que terminó de encender todas las alarmas políticas ocurrió semanas más tarde.
El 24 de abril, Pesino y González firmaron el fallo que rehabilitó más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por Milei al dejar sin efecto la cautelar que protegía a los trabajadores tras un amparo presentado por la CGT.
Menos de 24 horas después, el Gobierno nacional inició formalmente el trámite para extender por otros cinco años la permanencia de Pesino en la Cámara del Trabajo pese a haber alcanzado los 75 años, límite etario que obliga a un nuevo acuerdo del Senado para continuar en funciones.
La secuencia generó fuertes sospechas en el mundo sindical y judicial.
De hecho, la CGT recusó posteriormente a los camaristas y denunció posibles “beneficios mutuos” entre el Poder Ejecutivo y el magistrado tras el fallo favorable a la reforma laboral libertaria.
Ahora, con la intervención de la UOM y el desplazamiento de Furlán, en el sindicalismo más opositor al Gobierno creen ver una continuidad de aquella misma avanzada: reforma laboral, respaldo judicial y disciplinamiento sobre los gremios más combativos.