Gracias a un fallo judicial, esta semana el gobierno nacional tiene el visto bueno para dar de baja el programa Volver al Trabajo, una ayuda laboral que administra el Ministerio de Capital Humano y reemplazo al Potenciar Trabajo, el plan original ideado en gestiones anteriores. La medida afecta a cerca de un millón de personas que reciben esa ayuda, y activó de inmediato un plan de lucha de los movimientos sociales, los principales beneficiarios del plan. A través de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la idea es avanzar en una serie de medidas para frenar la baja del programa, en el marco del plan de lucha que acordó la entidad con la CGT y las dos fracciones de la CTA, y que debe comenzar la semana que viene con una marcha junto a jubilados al Congreso. En medio de la polémica por el fallo judicial y el avance de la gestión libertaria sobre los trabajadores informales, se conocieron datos sobre el impacto del cierre de este plan. En un mismo plano, los datos muestran que el efecto fiscal del cierre “es mínimo”, y no afecta el mentado superávit fiscal que dice proteger el presidente Javier Milei.
Pero para muchas familias el cobro de ese beneficio es un reaseguro para acceder a alimentos y bienes mínimos, que ahora no tendrán garantía de poder comprar. De fondo, se debate el avance de la informalidad en el país, la baja del poder de compra de este grupo de trabajadores y la necesidad de articular con el movimiento obrero para evitar que siga aumentando la precarización laboral.
Los datos difundidos sobre el impacto del cierre del ex Potenciar Trabajo y los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social muestran como el modelo libertario se ensaña con los trabajadores informales, que vienen creciendo en el peso del mercado laboral, pero sus ingresos se desploman. Así, el reporte advirtió sobre el “fuerte deterioro de los ingresos y el impacto del ajuste sobre los hogares, las cooperativas y las actividades productivas de los barrios populares”.
El documento, al que tuvo acceso Data Gremial, precisó que 1.131.159 personas dependen de estos programas: 929.677 se encuentran incorporadas a Volver al Trabajo y otras 201.482 perciben el Programa de Acompañamiento Social. La mayoría son trabajadores no registrados, monotributistas sociales, personas mayores de 50 años y mujeres con cuatro hijos o más.
“El problema central no es la falta de voluntad de trabajo, sino la insuficiencia del mercado laboral formal para absorber la fuerza de trabajo disponible”, sostuvo el informe. Además, alertó que el congelamiento del ingreso generó una mayor “dependencia de changas, pluriempleo y endeudamiento”, junto con un incremento de la pobreza y la indigencia laboral.
La provincia de Buenos Aires concentra 538.504 titulares, casi la mitad del total nacional. Le siguen Tucumán, con 67.729; Jujuy, con 49.346; Chaco, con 48.069; Salta, con 47.323; y la Ciudad de Buenos Aires, con 46.210 personas. El estudio remarcó que sostener el complemento demanda alrededor de 88.230 millones pesos mensuales y poco más de un billón de pesos al año, equivalente a apenas el 0,1 por ciento del Producto Bruto Interno.
“El costo fiscal es literalmente un vuelto en términos macroeconómicos, pero el impacto de ese ingreso en el consumo popular de los barrios es fundamental”, afirmó. También advirtió que la pérdida de esos recursos afectaría directamente a almacenes, kioscos, verdulerías, ferias, farmacias y pequeños comercios. “El programa no solo sostiene hogares, sostiene microeconomías locales y barriales”, señaló el documento.
Como respuesta al deterioro, el informe reclamó recuperar el poder adquisitivo del complemento salarial, reconocer laboralmente a los trabajadores de la economía popular, fortalecer el monotributo social y garantizar financiamiento, infraestructura y herramientas para cooperativas y unidades productivas. “La economía popular constituye un componente estructural y permanente del mercado de trabajo en la Argentina”, concluyó el estudio, que sostuvo que la eliminación de estas políticas no resuelve los desequilibrios económicos, sino que profundiza la crisis social y debilita el entramado productivo comunitario.
Cuestión de fondo
El programa Volver al Trabajo era un desprendimiento del Potenciar Trabajo, un plan de inserción laboral creado en marzo de 2020 por el gobierno de Alberto Fernández, que unificó iniciativas previas -como Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario, ambos creados en la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos)-. En marzo de 2024 el gobierno de La Libertad Avanza resolvió dividir el Potenciar Trabajo (que hasta ese momento contaba con 1,4 millones de beneficiarios) en 2 líneas: Acompañamiento Social y Volver al Trabajo.
La iniciativa, que hasta su finalización contaba con más de 900 mil beneficiarios, estaba orientado a la población de 18 a 49 años y apuntaba a fortalecer las habilidades laborales y mejorar la empleabilidad, con el fin de incorporar a estos individuos al mercado de trabajo formal, indicaron desde el ministerio.
Fuentes consultadas por Data Gremial alertaron que este tipo de planes “se vuelven complementos de ingresos”, ya que ayudan a personas en la informalidad a completar “una canasta de ingresos”. Su objetivo final, que es la recuperación de esa persona al mercado del trabajo formal, “no se cumple”. Los datos de esto son elocuentes. En junio de 2025 (última información disponible) el programa había permitido la inserción laboral de 1.500 personas, lo que corresponde al 0,17 por ciento del total de los beneficiarios, según el informe 143 de la Jefatura de Gabinete al Congreso de la Nación.
En tanto, 55 mil (el 6,1 por ciento del total) realizaron actividades de formación profesional. Los beneficiarios del programa percibían una asignación mensual fija no remunerativa de 78 mil pesos (el último pago se realizará en abril, correspondiente a marzo). Este monto se encuentra congelado desde la asunción de Milei, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo del 67,9 por ciento, considerando la inflación del período.
Plan de lucha
Una vez conocido el fallo de la Cámara Federal de San Martín, que revocó la medida cautelar que obligaba al Gobierno nacional a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo y habilitó al Ministerio de Capital Humano a avanzar con su cierre, la UTEP activó un plan de lucha. “La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, cuestionó la entidad, conocida como “el sindicato de los movimientos sociales”. El fallo fue dictado por la Sala I del tribunal, integrada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández. Los magistrados aceptaron el argumento oficial de que el programa tenía una vigencia de 24 meses y podía ser reemplazado por Formando Capital Humano, un esquema basado en capacitaciones y vouchers.
“Este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios”, denunció la organización. También rechazó que el beneficio fuera considerado una simple “asignación no remunerativa” vinculada con la capacitación y remarcó que se trataba de un ingreso indispensable para la alimentación de miles de hogares. La UTEP advirtió que la eliminación del programa podría “empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias” que utilizaban esos recursos para complementar los ingresos obtenidos mediante changas, cooperativas y otras actividades no registradas.
El secretario general de la organización, Alejandro Gramajo, confirmó que la UTEP acompañará el 22 de julio la movilización de los jubilados al Congreso. “Los jubilados son un ejemplo de lucha”, expresó el dirigente. Además, anunció que el 7 de agosto impulsarán “una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”. La organización también prepara, junto con la CGT y las dos CTA, una movilización al Ministerio de Economía para visibilizar la situación de las familias afectadas por el ajuste.