Con una importante concentración, los trabajadores municipales de Avellaneda repudiaron el intento de cierre de su obra social por parte del gobierno nacional. En la semana, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) decidió retirar del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) a la entidad, argumentando una serie de irregularidades. La medida se enmarca en una estrategia oficial que busca terminar con muchas de las organizaciones sanitarias que no tienen volumen de afiliados, en el marco de una importante desregularización del sector, que comenzó cuando Mario Lugones se hizo cargo del Ministerio de Salud. Los cambios que se impulsan buscan fomentar la competencia, pero ponen en riesgo la atención de millones de trabajadores, según denuncian los expertos, que alertan del intento de privatizar la seguridad social, algo que se intentó en los 90 con la irrupción de las prepagas, que hoy buscan quedarse con un negocio millonario.
Ante esto, al CGT hizo una dura advertencia sobre la crítica situación que atraviesa el sistema de obras sociales en Argentina, denunciando un “colapso que pone en jaque la atención de salud de millones de trabajadores”.
El caso de la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda (OSPMA), a quien se intenta cerrar por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, puso de manifiesto la estrategia de la gestión libertaria en materia de salud respecto de estas entidades.
La decisión fue justificada por el organismo en las supuestas irregularidades de la entidad sanitaria municipal. Según el organismo, “a pesar de los reiterados pedidos de subsanación de irregularidades, las administraciones no presentaron la documentación e información exigida, lo que motivó su exclusión definitiva del registro nacional”. Las causas más comunes que derivaron en estas medidas incluyen la “merma de beneficiarios, lo que implica una reducción en los aportes y contribuciones, el aumento del costo de insumos médicos, deudas derivadas de fallos judiciales, y dificultades para contratar prestadores”. En los últimos días, se tomaron medidas similares sobre unas cinco obras sociales, además de intervenirse otras ocho, lo que marca un plan al respecto.
El organismo, a cargo del Ministerio de Salud nacional, aclaró que los beneficiarios afectados “mantienen garantizada la cobertura médica”. Pueden optar por trasladarse a otra obra social o, en caso de no hacerlo, será la Superintendencia la que asigne una cobertura de similares características.
“Lo que intentan es atomizar el sector”, le dijo a Data Gremial una fuente del rubro, que alertó sobre las consecuencias de esta estrategia. “Se dejaron de realizar compensaciones para las entidades de menos de 5 mil afiliados, buscando que se caigan por su propia falta de financiación”, agregó la misma fuente.
En este caso se refiere del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que la Superintendencia aplicaba hasta ahora con prioridad en las obras sociales chicas, para garantizar su funcionamiento.
A partir de una decisión reciente, se dejó de dar prioridad a estas entidades, haciendo que vayan perdiendo capacidad de garantizar las prestaciones. “Cumplimos con todas las prestaciones exigidas por el Programa Médico Obligatorio (PMO) para nuestros 4.891 beneficiarios, no tenemos deudas con proveedores ni con el personal, y jamás recibimos subsidios extraordinarios ni observaciones por parte de la Superintendencia. Llama la atención que se intente cerrar OSPMA por no responder una nota, siendo que todos los informes y balances fueron presentados en tiempo y forma”, manifestaron desde la entidad de los municipales de Avellaneda, que realizaron este viernes un abrazo simbólico a la sede de la entidad y remarcaron que resistirán a la maniobra del gobierno, apelando a la justicia en primera instancia.
Advertencia
Ante esta situación, la CGT alertó que el sistema solidario “que históricamente garantizó justicia social en el acceso a la salud está al borde del quiebre”, amenazando el bienestar de más de la mitad del país que depende de estas prestaciones.
“El sistema de salud argentino, caracterizado por su modelo mixto, combina tres subsistemas: el público, que ofrece cobertura gratuita y universal; las obras sociales, financiadas mediante aportes laborales; y el sector privado, representado por las prepagas”, dijo la central obrera en redes sociales.
Sin embargo, la CGT subraya que el aumento de la informalidad laboral, que alcanza el 40 por ciento, ha reducido significativamente los aportes al sistema de obras sociales. “Menos trabajo registrado significa menos aportes”, alertaron, dejando a millones de personas sin cobertura médica adecuada.
El principio solidario, en el que “el que más gana ayuda a cubrir al que menos tiene”, ha sido el pilar de este sistema, garantizando atención médica con un enfoque de justicia social. Sin embargo, la central obrera advierte que la sostenibilidad de este modelo está en peligro. “Si se cae este sistema, estamos en problemas”, enfatizaron, destacando que más de la mitad de la población argentina se atiende a través de las obras sociales.
La CGT también resaltó el rol clave de los sindicatos como garantes de este derecho, pero insistió en que la presencia del Estado es indispensable para administrar el sistema de salud de manera eficiente y sustentable. “Cuidar la salud es cuidar el trabajo”, afirmaron, subrayando que sin un sistema solidario, el país enfrenta un futuro sin dignidad para sus trabajadores. En este contexto, la entidad sindical llamó a una responsabilidad colectiva para preservar este derecho esencial, concluyendo que “lo colectivo es la única salida”.
Con la baja de la entidad de los municipales de Avellaneda, ya son cinco las obras sociales eliminadas del RNAS en los últimos días. La semana pasada se dio de baja a la Obra Social del Personal Aduanero y se iniciaron trámites similares para las obras sociales del Personal de la Industria Botonera y del Personal Cinematográfico de Mar del Plata.
En todos los casos son entidades consideradas chicas, y son parte de los cambios que se están instrumentando desde que Mario Lugones recaló en el Ministerio de Salud nacional. En rigor de verdad la modificación del SUMA, que entrega recursos a las entidades con menos de 5 mil afiliados, se hizo en la gestión de Mario Russo, y se mantuvo. Además, se profundizó la desregulación, eliminando trámites, favoreciendo los cambios de entidades y poniendo en condicio de competir a obras sociales y prepagas, por ejemplo.
“Vamos a defender la obra social de los municipales”, marcaron ante Data Gremial desde el entorno del sindicato municipal. En este sentido, confirmaron que irán a la justicia para apelar la medida de la superintendencia. “Vamos a apelar el retiro de la entidad del registro, estamos ajustando los detalles y los argumentos, estamos dentro de los tiempos legales”, agregaron las fuentes consultadas.
En los argumentos expuestos para esta decisión, se habló de pedidos de información que no se cumplieron y una situación de crisis en los últimos años. Ambas cuestiones fueron rechazadas por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA). “La declaración de crisis de la obra social se dio durante la pandemia de Covid-19, como condición para acceder al programa ATP. A pesar de que la situación financiera se normalizó y los balances recientes reflejan superávit, sostienen que no fueron dados de baja de esa categoría, lo que ahora se usa como argumento para avanzar con la clausura”, recordaron.
Según el STMA, desde el inicio de la actual gestión nacional “se han implementado medidas perjudiciales para las obras sociales más pequeñas, entre ellas la modificación del cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que provocó una fuerte pérdida de recursos para OSPMA”.
Mapa de la seguridad social
En la Argentina, existen aproximadamente 200 obras sociales sindicales que brindan servicios de salud a millones de afiliados. El sistema de obras sociales en Argentina es diverso, incluyendo tanto entidades sindicales como otras opciones como las obras sociales provinciales y las empresas de medicina prepaga. Las obras sociales sindicales son una parte importante de este sistema, y cada una de ellas está asociada a un sindicato específico. Según un reciente informe del Congreso nacional, “la atención pública es utilizada por el 36 por ciento de ciudadanos, unos 16 millones de personas, que no tienen otro tipo de cobertura y con grandes diferencias en las prestaciones que reciben según las provincias”.
El 61 por ciento de los ciudadanos está bajo el régimen de obras sociales y el 13,6 por ciento posee cobertura del régimen privado (existe un 10,4 por ciento de habitantes con más de una cobertura). En tanto, el 63 por ciento de los establecimientos de salud registrados son privados y el 97 por ciento de ellos, comerciales. La Nación ocupa un rol subsidiario en la atención de la salud, lo cual se evidencia, entre otras cosas, en que el 95,7 por ciento de los nosocomios públicos son provinciales o municipales.
La concentración de beneficiarios entre las distintas obras sociales es notablemente dispar: “en las sindicales, la de los empleados de comercio tiene 1.692.600 afiliados, mientras que otras poseen menos de 500. Similar situación se plantea con las obras sociales del personal de dirección: OSDE (en su rol de obra social) concentra el 50 por ciento de socios”. “Las políticas complementarias de libre elección de obra social y de derivación de aportes al subsector privado amplían, en la práctica, las diferencias entre servicios brindados por las distintas obras sociales y afectan su financiamiento”, recalcaron en el mismo reporte.
En la mayoría de las obras sociales y de las empresas de medicina prepaga la cantidad de varones titulares es mayor a la de las mujeres, replicando la realidad evidenciada en el mercado laboral. En líneas generales, se analiza, “la mortalidad infantil resulta ser superior en las provincias del norte argentino respecto al resto del país”.