La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) difundió un comunicado de altísima dureza en el que denuncia una “ofensiva concreta y coordinada” destinada a intervenir el gremio, debilitar su estructura y condicionar la negociación salarial del sector.
Sin eufemismos, la organización señala como responsables a empresas vinculadas al Grupo Techint —particularmente Tenaris y Ternium—, al Gobierno nacional y a sectores del Poder Judicial. Según advierte, se trata de una estrategia que combina judicialización, presión sobre las paritarias y cuestionamientos a la representación sindical.
Una ofensiva “con nombre y apellido”
En el documento, la UOM sostiene que los actores detrás de esta avanzada “tienen nombre y apellido” y apunta directamente contra los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, integrantes de la Sala VIII de la Cámara Laboral.
De acuerdo al gremio, las resoluciones de ambos magistrados “se convirtieron en herramientas para atacar la autonomía sindical”. En esa línea, remarca que se trata de “los mismos jueces que garantizaron la vigencia de la reforma laboral”, en alusión a un reciente fallo desfavorable para la Confederación General del Trabajo (CGT).
El comunicado también sugiere una articulación con el Poder Ejecutivo, al señalar que tras ese fallo el Gobierno avanzó con decisiones vinculadas a la situación de uno de los magistrados. “Los hechos hablan por sí solos”, sintetiza el texto.
Elecciones, conflicto y judicialización
El eje del conflicto se vincula con el proceso electoral interno del gremio. La UOM denuncia que durante los comicios —especialmente en la seccional Campana-Zárate— se registraron hechos de violencia, rotura de urnas y maniobras para entorpecer la votación.
A pesar de ese escenario, el sindicato asegura que “con una mayoría aplastante, los trabajadores revalidaron su conducción”, en referencia a la elección en la que Abel Furlán fue consagrado en la seccional Campana y ratificado en el secretariado nacional.
Sin embargo, tras el resultado, sectores minoritarios que no alcanzaron respaldo en las urnas recurrieron a la Justicia. Para la UOM, esta judicialización no es un hecho aislado sino parte de una maniobra más amplia orientada a desconocer la voluntad de más de 250.000 metalúrgicos y abrir la puerta a una eventual intervención del sindicato.
Paritarias bloqueadas y alerta por salarios
El comunicado también pone el foco en la negociación salarial. El gremio advierte que el último acuerdo paritario venció en abril y que, desde entonces, no hubo avances.
En ese contexto, responsabiliza al sector empresario por el bloqueo de las negociaciones y denuncia una intención de imponer “salarios de hambre” mediante el debilitamiento de la organización sindical.
“El objetivo es claro: intervenir y disciplinar al sindicato para impedir paritarias reales”, sostiene el documento, que además alerta sobre las consecuencias de una eventual injerencia externa: aumentos insuficientes, pérdida de derechos y mayor ajuste sobre los trabajadores.
Convocatoria y posicionamiento político
Frente a este escenario, la UOM rechaza cualquier intento de intromisión en su vida interna y advierte que no aceptará rebajas salariales ni permitirá que actores empresariales, políticos o judiciales definan la representación de los trabajadores.
Al mismo tiempo, convoca al conjunto del movimiento obrero a mantenerse en estado de alerta, asamblea y movilización, en lo que anticipa una posible profundización del conflicto.
El posicionamiento del gremio se da en un contexto más amplio: la UOM es uno de los actores centrales del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), el espacio que busca consolidar un perfil más combativo frente al Gobierno y disputar la conducción del movimiento obrero.
Con este comunicado, la organización metalúrgica no solo responde a su coyuntura interna y paritaria, sino que también fija una postura política más amplia: denunciar lo que considera una avanzada sobre el sindicalismo y plantarse como uno de los protagonistas en la confrontación con el rumbo económico y laboral del oficialismo.