La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes un contundente escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para apartar a dos jueces de la Sala VIII que intervinieron en la causa por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Además, reclamó la nulidad de la sentencia dictada el pasado 23 de abril, que restituyó la vigencia de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral que estaban suspendidos por una medida cautelar.
La central obrera también interpuso, de manera subsidiaria, un recurso de reposición para que se revierta la resolución judicial que favoreció al Ejecutivo nacional en plena pulseada con el movimiento obrero organizado.
La ofensiva judicial de la CGT
La presentación fue realizada por el abogado Pablo Arnaldo Topet en representación de la CGT y se sostiene sobre dos ejes principales: la recusación de los magistrados por supuesta parcialidad y la denuncia de falta de competencia funcional de la Sala VIII para intervenir en el expediente.
Según la central obrera, la decisión judicial dejó a miles de trabajadores en una “situación de vulnerabilidad”, al habilitar de forma inmediata la aplicación de una reforma laboral cuestionada por afectar derechos históricos vinculados al empleo, la negociación colectiva y la protección frente al despido.
El foco puesto en Pesino
Uno de los principales apuntados por la CGT es el juez Víctor Arturo Pesino. La central sindical sostiene que el magistrado fue beneficiado por el Gobierno nacional con el inicio del trámite para extender su permanencia en el cargo más allá de los 75 años, a través de una gestión formalizada por el Ministerio de Justicia, tal como había anticipado Data Gremial.
Para la conducción cegetista, ese hecho compromete la imparcialidad del juez y genera un conflicto de intereses evidente.
“La inaceptable intervención del recusado en un expediente en el que podía favorecer la posición de la demandada en un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por cinco años, constituye no sólo una conducta contraria a la ética sino también una causa objetiva de apartamiento”, sostuvo la presentación.
La CGT remarcó además que apenas un día después del fallo favorable al Gobierno, el Boletín Oficial publicó la propuesta para que Pesino continúe como vocal. Desde la central obrera interpretaron esa secuencia como una muestra clara de intercambio de favores.
“El Sr. Pesino ha visto satisfecha su expectativa de continuar en funciones luego de cumplir 75 años, y el Poder Ejecutivo ha visto satisfecha su pretensión”, afirmó el escrito, que denunció directamente la existencia de “beneficios mutuos”.
También recusaron a María Dora González
La CGT también pidió apartar a la jueza María Dora González por prejuzgamiento. Según el planteo sindical, los magistrados adelantaron opinión sobre el fondo del conflicto al considerar que los trabajadores alcanzados por la reforma no se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no correspondía mantener la suspensión de la ley.
“La desazón que provoca que jueces con especial versación laboral consideren que no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia, que no se encuentre comprometida la vida digna y que los derechos laborales no sean de naturaleza alimentaria, es desconocer la ley de medidas cautelares contra el Estado”, remarcó la CGT.
Pedido de nulidad absoluta
El planteo de nulidad absoluta se apoya en dos argumentos centrales: la violación del principio de competencia funcional y la afectación del derecho de defensa.
La central obrera sostiene que la Sala I ya había intervenido previamente en causas acumuladas vinculadas al expediente y, por lo tanto, debía continuar entendiendo en todo el trámite judicial, incluida la resolución de recursos.
Desde la CGT denunciaron que la intervención de la Sala VIII se produjo con premura, sin traslado adecuado y sin permitirles advertir la incompetencia del tribunal.
“No hay libertad ni discrecionalidad en la aplicación de la regla: es distributiva de competencia y vinculante para todas las Salas del Tribunal”, subrayó el escrito.
Reforma laboral y derechos en riesgo
La CGT insistió en que la entrada en vigencia inmediata de los artículos cuestionados genera daños concretos para sindicatos y trabajadores, ya que cercena derechos con protección constitucional.
Entre los puntos señalados aparecen afectaciones a la negociación colectiva, la libertad sindical, las indemnizaciones por despido y otras garantías laborales consagradas históricamente en Argentina.
Por ese motivo, la central obrera pidió que se mantenga el efecto devolutivo de la apelación, es decir, que la reforma laboral no entre en vigencia hasta que exista una resolución definitiva sobre el fondo del asunto.
Reserva para llegar a la Corte y organismos internacionales
En el cierre de la presentación, la CGT dejó planteado el “caso federal”, paso procesal necesario para recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Además, advirtió que si no obtiene respuestas favorables en la Justicia argentina acudirá ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos internacionales de derechos humanos por la “grave lesión de derechos de máxima raigambre constitucional”.
Finalmente, la central obrera solicitó que las actuaciones sean remitidas a la Sala I, que se formalicen las recusaciones planteadas y que se garantice una resolución ajustada al debido proceso y a la “verdad jurídica objetiva” en una causa clave para el futuro de la reforma laboral de Milei.