Apoyada en el malestar creciente, por los conflictos laborales y sociales, la CGT volvió a la calle para buscar ponerle “un límite” al gobierno nacional. Con la estrategia judicial contra la reforma laboral estancada, la dirigencia buscó este jueves, como festejo del Día del Trabajador, mostrar su poder de movilización, marcando una postura menos indulgente ante la realidad, que a todas luces es complicada para los asalariados. Lejos de las críticas externas e internas, la conducción de la central obrera impuso su poder de convocatoria, y le dejó un claro mensaje al oficialismo: que seguirá peleando contra la Ley de Modernización Laboral. La marcha se da en un momento donde hay un cambio de clima, con los casos de corrupción que salpican a funcionarios, incluyendo a uno de los puntales del gabinete como Manuel Adorni. Además, la CGT recupera parte de la iniciativa en el propio movimiento obrero, ya que la irrupción del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) impuso una agenda más radical en la protesta. En este sentido, el documento que se leyó en Plaza de Mayo va en esa dirección, mientras se acomodan las pujas intestinas, que según las miradas no llegarán a una ruptura. Más bien todo lo contrario.
Las columnas de los gremios que son parte de la CGT coparon desde temprano Plaza de Mayo que para no ser un paro general nacional afectó varios servicios, y mostró la importancia del poder de movilización de la principal central obrera, que apuntó de forma directa contra la política económica del la gestión libertaria, y con la reforma laboral y los cambios en el sistema aduanero. El reclamo también suma el respaldo de más de 100 organizaciones sindicales, sectores estatales, agrupaciones sociales, espacios vinculados a las dos CTA y gremios con presencia territorial, lo que marca que más allá de las diferencias que existen entre las distintos tribus sindicales, empieza a unificar el rechazo a la gestión de Javier Milei.
La primera prueba de la CGT era mantener unificados sus principales gremios, ante la irrupción del FreSU y las críticas a la postura dialoguista primero, y la estrategia judicial para enfrentar la Ley de Modernización Laboral. Desde esa mirada la jornada fue exitosa, ya que la multitud acompañó am la dirigencia, y la dureza de los discursos estuvieron acorde al clima general. Incluso la presencia de Pablo Moyano fue celebrada en el entorno del triunvirato.
“Se sigue mostrando que la central obrera es la que motoriza al movimiento obrero”, dijo un dirigente presente en Plaza de Mayo, consultado por Data Gremial. Ante las posibles críticas, este dirigente marcó la cantidad de paros y protestas realizadas, que fueron en su momento efectivas contra varias cuestiones. Sobre la estrategia judicial, en Azopardo acuerdan que “era lógico y normal” que se vaya a los tribunales, y esperan que finalmente prime el sentido común en los tribunales. “Tuvieron que recurrir a un artilugio legal para imponer la reforma hasta que haya un fallo definitivo”, agregó otro dirigente, en relación al último fallo que la CGT recurrió, incluyendo a sus jueces.
Con el clima generado, muchas versiones que comenzaron a circular apuntan a un quinto paro general, que podría ser lanzada para mayo en el próximo plenario del FreSU, una forma de apurar las definiciones. Una de las ideas es sumarse a la protesta del 22 de mayo de las dos fracciones de la CTA, que ya anunciaron esa jornada de protesta y movilización. “Habrá que ver cómo sigue todo”, se limitaron a decir las fuentes consultadas.
Discursos
Ante una verdadera multitud, los integrantes del triunvirato de la CGT radicalizaron su tono, mostrando el malestar ante la falta de respuestas del oficialismo. “Le decimos a este gobierno que no se soporta más que siga ajustando al pueblo, quitando derechos. Basta a este gobierno corrupto y explotador, lo tenemos que hacer en una unidad, es la única forma de terminar con este flagelo”, aseguró en su discurso Octavio Arguello, quien abrió el acto final de este jueves.
Luego fue el turno de Cristian Jerónimo, quien viene siendo el más “picante” en las declaraciones públicas, y que es el encargado de amalgamar las distintas miradas. “A quienes nos critican, esta CGT siempre estuvo al frente de esta lucha, a los 15 días de este gobierno hizo el primer paro general”, dijo. “No venimos a confrontar por confrontar, venimos a marcar un límite a este gobierno”, agregó.
Por último, Jorge Sola dio el último mensaje y dijo: “Nos oponemos a un gobierno que es de derecha, que tiene conciencia de derecha”. Además, cuestionó la baja de la pobreza que informó el INDEC: “Dónde están los pibes que dicen que ya no están en la pobreza”, se preguntó. La presencia de dirigentes que suelen tener una mirada distante de la CGT muestra que el clima es de “unidad en la acción”, pensando en lo que se viene. Entre los presentes, se destacaron miembros de las distintas vertientes del peronismo, incluyendo integrantes de La Cámpora, dirigentes de la izquierda combativa, como Alejandro Crespo del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA).
La central obrera también objeta los cambios en el sistema aduanero impulsados desde el gobierno. Para los gremios, esa agenda afecta áreas sensibles del mundo laboral y reduce instancias de control estatal. El Consejo Directivo de la CGT planteó que la protesta busca expresar el malestar de los trabajadores frente a la pérdida del salario y la falta de respuestas oficiales. La conducción también reclama la reapertura del diálogo social con eje en producción, empleo y poder de compra.
Documento
El termómetro del ánimo del movimiento obrero lo marca el duro documento leído en el cierre del acto, que incluyó un homenaje al Papa Francisco, “honrando su legado como guía, como inspiración y como compromiso por una comunidad constituida sobre la base del bien común”. Sobre la reforma laboral, el texto remarcó que “despoja de derechos colectivos e individuales a trabajadoras y trabajadores”, y se adelantó que se seguirá todas las instancias judiciales para declararla inconstitucional. “La actividad económica y el consumo muestran caídas pronunciadas, fundamentalmente las vinculadas a la industria, construcción y comercio. No hay incentivos orientados al crecimiento de la matriz productiva, que permitan alcanzar la trilogía virtuosa de desarrollo, producción y trabajo”, afirmó la CGT. “Solo se privilegian los beneficios de un selecto grupo de actores vinculados a la actividad financiera y especulativa”, se quejó. Como contracara, pidió “un modelo de desarrollo requiere necesariamente de la inclusión y de la inversión pública como pilar de una estrategia para alcanzarlo”.
Además, habló de “un gobierno nacional encerrado en sus teorías, que continúa comprometiendo a las generaciones futuras con políticas de ajuste indiscriminadas condena a la sociedad argentina a un presente de vulnerabilidad económica, laboral y social sin precedentes”. “Se silencia del debate público los compromisos tomados con el FMI mientras contrae una deuda con diversos organismos y acreedores internacionales que representa, para la administración nacional, un perfil de vencimientos de capital e intereses que el Estado argentino no está en condiciones de pagar”, criticó.
A pesar del discurso oficial, “la inflación sigue impactando en el poder adquisitivo de los salarios, agravado por los topes a las paritarias, que impacta en el poder adquisitivo de los salarios”. “La realidad indica que hoy hay cierre masivo de empresas (de diciembre 2023 a marzo 2026 cerraron 24.180 establecimientos, según datos de la Secretaría de Trabajo), con una escalada creciente del flagelo de la desocupación y de la informalidad laboral”, recalcaron.
Un capítulo del documento cargó sobre la realidad del sistema de salud, que según la CGT “está en emergencia nacional, con desfinanciamiento de las obras sociales sindicales, recorte sobre la obra social PAMI de jubilados y pensionados que, además de percibir montos de haberes paupérrimos, les agrava las condiciones de atención, con falta de médicos, demoras en turnos, problemas de cobertura en medicamentos y un funcionamiento crítico del sistema, saturando los hospitales públicos”. Además, “se destruyen las prestaciones para las personas con discapacidad, dejando sin acceso a las condiciones básicas en la asistencia y negando la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad”. “Un Estado desertor en materia de salud pública facilita el aumento de las adicciones y la crisis de la salud mental, reflejada en el aumento de las enfermedades psicosociales y de los consumos problemáticos”, finalizó.