Un dictamen del fiscal general Rodrigo Cuesta ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal respaldó que la causa impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral continúe tramitando en la Justicia Nacional del Trabajo. La intervención se da en el marco del conflicto de competencia abierto con el fuero contencioso administrativo federal.
El pronunciamiento se inscribe en el expediente en el que la central sindical promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional, en la que impugna más de 80 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada por el Congreso.
En su presentación, la CGT argumentó que las disposiciones cuestionadas implican “modificaciones peyorativas y permanentes en los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”, con afectación de principios constitucionales como la protección, la progresividad, la libertad sindical y la tutela judicial efectiva. Además, advirtió sobre una reducción del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo y una “sensible degradación” en los niveles de protección laboral.
Un expediente con recorrido complejo
La causa tuvo un derrotero judicial atravesado por disputas de competencia. El Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 se declaró competente, registró el caso como proceso colectivo y dictó una medida cautelar de no innovar que suspendió la vigencia de los artículos impugnados.
Frente a esa decisión, el Estado Nacional apeló y, en paralelo, promovió una inhibitoria ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 con el objetivo de trasladar el expediente a ese fuero.
Mientras el juzgado contencioso hizo lugar al planteo y se declaró competente, el tribunal laboral rechazó la inhibitoria y ratificó su intervención. Esa divergencia derivó en un conflicto positivo de competencia que ahora deberá resolver la Cámara.
En su dictamen, Cuesta sostuvo que corresponde a ese tribunal dirimir la contienda, conforme lo establece el artículo 20 de la Ley 26.854 cuando el conflicto se produce entre un juez contencioso administrativo federal y uno de otro fuero.
La materia laboral como eje
Al analizar el fondo de la cuestión, el fiscal puso el foco en la naturaleza del caso. “Las normas cuestionadas se insertan en la materia propia del derecho del trabajo —en su faz individual y colectiva— y el planteo de inconstitucionalidad deberá analizarse a la luz de los preceptos atinentes a esa materia”, afirmó.
En esa línea, descartó que la sola presencia del Estado Nacional como parte demandada habilite el traslado automático al fuero contencioso administrativo. Citando doctrina de la Corte Suprema, remarcó que la competencia no se define por el órgano que dictó la norma ni por la participación estatal, sino por el contenido jurídico del conflicto y el derecho que se busca proteger.
El dictamen también recupera antecedentes en los que se discutieron planteos contra el Estado en materia laboral y en los que se sostuvo la intervención del fuero del trabajo cuando están en juego cuestiones directamente vinculadas con derechos laborales individuales o colectivos, en línea con la Ley 18.345.
El alcance de la ley y sus límites
Uno de los puntos centrales del análisis fue el alcance de la propia Ley 27.802 en materia de competencia. La norma establece que, cuando el Estado Nacional sea parte en conflictos laborales, debe intervenir el fuero contencioso administrativo federal.
Sin embargo, Cuesta advirtió que esa disposición no resulta determinante en este caso. Según explicó, su aplicación está supeditada a la entrada en vigencia de un “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral” a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en la propia ley.
Ese acuerdo requiere aprobación legislativa y la firma de convenios específicos para la transferencia de recursos, condiciones que —según el dictamen— aún no se han concretado.
Un respaldo a la estrategia de la CGT
Con esos fundamentos, el fiscal fue concluyente: consideró que debe declararse la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo y que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 continúe interviniendo en la causa.
El dictamen fortalece la estrategia judicial de la CGT, que desde el inicio buscó sostener el expediente en el fuero laboral, donde además obtuvo una medida cautelar favorable —aunque luego parcialmente modificada en sus efectos—.
La definición final quedará ahora en manos de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, en una causa que no solo pone en debate la constitucionalidad de la reforma laboral, sino también qué fuero tendrá la última palabra en su resolución.