El secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri, analizó la “situación crítica” que atraviesan las obras sociales sindicales, agravada por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y los despidos de los últimos tiempos. “La mayoría de las obras sociales hoy subsisten por el aporte que se transfiere de la parte sindical a la obra social”, expresó el dirigente del Sindicato de Obras Sanitarias, que es el dirigente encargado de analizar la situación de las entidades de salud de los gremios, y de llevar el reclamo de la dirigencia.
En el programa Imagen de Trabajo del Sindicato de la Televisión SATSAID, Lingeri aclaró que las obras sociales “subsisten gracias a los aportes sindicales de trabajadores y empleadores”, y denunció la “ausencia voluntaria” del Estado en el financiamiento de cuestiones críticas como la asistencia para la discapacidad en áreas como educación y transporte y alertó sobre el impacto de la pérdida salarial. El ex director de la Superintendencia de Servicios de Salud aclaró que las consecuencias de esta política “las vamos a ver en 10 años”.
La CGT emitió un comunicado hace unos días donde denunció la situación de las obras sociales sindicales, a las que consideró en “situación terminal”. En este sentido, Lingeri recordó que muchas entidades “no puede directamente prestar sus servicios, y otras fueron dadas de baja” en este tiempo. “A partir de la gestión de este gobierno nacional se intensificaron las auditorías, lo que hay que resaltar que cuando se habla de ‘caja sindical’ que es aporte genuino de los trabajadores, que sostiene el sistema de atención”, resaltó el dirigente. En ese informe de la CGT, se habló de la cantidad de trabajadores que aportan por debajo del promedio del valor del Programa Médico Obligatorio (PMO): unos 9 millones de, que representa más del 60 por ciento de la población de las obras sociales.
Discapacidad
Por otra parte, Lingeri abordó la crítica situación del sistema de discapacidad dentro de las obras sociales. Reveló que actualmente “tenemos alrededor de 100 mil personas que se manejan a través del CUD, consumen cerca del 80 por ciento del fondo de redistribución”. Y reclamó que las prestaciones de educación y transporte deberían estar a cargo de las áreas de competencia estatal respectivas, no de las obras sociales que, consideran, deben responder por las cuestiones médicas.
“Nunca se ha tenido en cuenta la presentación de la CGT. Lo hemos discutido en todos los gobiernos”, lamentó Lingeri, al tiempo que cuestionó que en el debate por la ley de discapacidad estuvieran “más preocupados en los costos de los prestadores” que en un tema que, dijo, “estaba hundiendo el sistema de discapacidad en las obras sociales”. Lingeri repasó la historia del sistema, que tuvo su primera ley durante el gobierno de facto de Onganía, y explicó que muchas obras sociales ya no pueden prestar servicios, otras se dieron de baja y varias se encuentran en situación de prevención, sometidas a auditorías. En ese marco, criticó duramente la ausencia del Estado: “El Estado no existe, el Estado no aporta al sistema de obras sociales. Esto es puramente financiado por el aporte de los trabajadores y empleadores”.
Otras miradas
Compartieron programa con Lingeri el abogado Oscar Cochlar, quien sostuvo que fue el DNU 70 el que “quebró el principio de solidaridad” para reemplazarlo por el de competencia, frente a una necesidad básica. Cochlar puso el foco en el decreto del gobierno de Javier Milei, que permitió que las empresas de medicina prepaga también reciban aportes y contribuciones. Para el especialista, esa medida “ha quebrado el principio de ‘solidaridad’ para establecer otro concepto que es el de ‘competencia’”. Y explicó: “Nosotros aquí no tenemos competencia, lo que tenemos son personas que necesitan del sistema de salud y que se financian con aportes y contribuciones solidarios porque son porcentajes de salarios. El que gana más, subsidia al que gana menos, el joven al viejo, el sano al enfermo. Ese concepto en estos dos años y medio se ha perdido”.
Por su parte, Luis Scervino profundizó en el rol ausente del Estado y recordó que la ley de obras sociales contempla la posibilidad de que el Estado auxilie, pero que en la historia “en una sola oportunidad el Estado puso plata para las obras sociales, y en la mayor parte de los casos, el Estado se quedó con fondos”. También apuntó contra la falta de transparencia en PAMI: “Hoy no tenemos las cuentas claras, de cuánto se pone y cuánto se retiene”. Scervino advirtió sobre consecuencias sanitarias a futuro: “De la gente que hoy deja el tratamiento para la hipertensión, en 10 años veremos un aumento de las enfermedades cardiovasculares”, y mencionó una polémica apreciación del ministro de Salud Mario Lugones sobre que “hay demasiadas personas mayores”, calificada por Lingeri como “una apreciación cruel que no se ve en ninguna parte del mundo”.