La justicia de la Ciudad de Buenos Aires imputó esta semana a un grupo de trabajadores del subte por el delito de asociación ilícita. Se trata de una causa tramitada en la Fiscalía PCyF N°35, a partir de acciones sindicales realizadas entre el 2024 y el 2025, que están siendo judicializadas. La causa penal generó la inmediata reacción de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), que se declaró en “estado de alerta y movilización”, y alertó que se trata de un claro caso de “criminalización de la protesta sindical”. No es la primera vez que la justicia porteña arremete contra los metrodelegados, ya que en 2019 se abrió una causa similar, contra al menos siete representantes de la entidad.
En ambos casos, la fiscal actuante era la misma: Celsa Ramírez. El caso se suma a una larga lista de ataques a dirigentes en todo el país, como el caso de Federico Giuliani, titular de la CTA Autónoma Córdoba y la seccional de esa provincia de ATE, quien sufre la persecución judicial desde hace tiempo, y que estuvo detenido en un penal de máxima seguridad luego de la protesta. El crecimiento del hostigamiento de la justicia pone en alerta a los gremios, en momentos que el clima social empeora, y se esperan más protestas. En este sentido, la CORREPI alertó sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en la era libertaria, de las más preocupantes de la vuelta a la democracia.
Los metrodelegados denunciaron el nuevo intento de criminalizar la actividad sindical, en este caso por la causa que tramita en la Fiscalía PCyF N°35 de la Ciudad de Buenos Aires y apunta contra trabajadores por el presunto delito de asociación ilícita. “Imputa a trabajadores y trabajadoras por el delito de asociación ilícita, cuando en realidad se trata de acciones gremiales llevadas adelante durante el 2024 y 2025, convocadas por nuestro sindicato y también por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT)”, señalaron desde el gremio mediante un comunicado. En ese sentido, remarcaron que el conflicto excede lo judicial y se inscribe en un “escenario más amplio de tensión entre el Gobierno porteño y los trabajadores del transporte”. “Una vez más, la criminalización de la huelga aparece como la vía para intentar condicionar el ejercicio de derechos constitucionales”, denunciaron. Además, cuestionaron el enfoque de la causa y advirtieron sobre sus implicancias: “Ahora con la disparatada idea de que, por ser organizada de manera colectiva y en el marco de la representación legítima del sindicato, configuraría un delito”.
Desde AGTSyP defendieron la legitimidad de las medidas adoptadas y sostuvieron que “el derecho de asociación y la libertad sindical, que deben ser garantizados y no reprimidos, legitiman nuestra acción y ponen en evidencia la persecución de la que somos víctimas”.
“No descartamos medidas de acción directa”, le dijo a Data Gremial una fuente cercana al gremio, que recordó que la fiscal es la misma que arremetió contra siete trabajadores en 2019, en una campaña para que Metrovías y el gobierno porteño retire el asbesto de los trenes y las estaciones de subte. “Ramírez es la fiscal que imputó a trabajadores que reclamaban por paritarias, y hace el juego al gobierno, ya que es alguien cercana al PRO, que en su momento fue acusada de ser la que dio sustento a la persecución de trabajadores ambulantes llamados manteros, en especial extranjeros”, agregó la misma fuente consultada.
El tema volvió a general malestar en la AGTSyP, que recibió el respaldo de la propia CATT, entidad que llamó a la protesta que terminó judicializada. En ese contexto, cuestionó el avance judicial y lo consideró un “grave precedente” en relación con la criminalización de la protesta social. La central sindical afirmó que las medidas gremiales forman parte del ejercicio de derechos constitucionales, como la libertad sindical y el derecho de huelga.
Asimismo, advirtieron que este tipo de acciones buscan “disciplinar al movimiento obrero” y debilitar la representación sindical, en un escenario que calificaron como un ataque contra los trabajadores organizados. Por último, la CATT reafirmó su respaldo a los metrodelegados y acompañó el estado de alerta y movilización declarado por el gremio, al tiempo que llamó a la unidad del movimiento obrero para la defensa de los derechos laborales.
Clima de tensión
El caso de los metrodelegados es el último de una larga lista de ataques a la actividad sindical, que no comenzaron con este gobierno, pero que se intensificaron, en especial por la vía judicial. El más emblemático es el de Giuliani, quien fue detenido violentamente el año pasado, y estuvo en una cárcel de máxima seguridad en Córdoba, luego de una protesta. En este caso, la figura clave es el fiscal Ernesto De Aragón, a cargo de las causas contra el dirigente. En marzo pasado, presentó el requerimiento de elevación a juicio de la causa abierta por los hechos ocurridos el 28 de agosto frente a la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba. Como informó Data Gremial, la causa es cuestionada por ATE y la CTA Autónoma por “estar plagada de inconsistencias, contradicciones y omisiones deliberadas”, y que el expediente busca justificar un operativo policial que terminó con la detención de dirigentes sindicales, militantes y trabajadores que participaban de una jornada de reclamo social.
Para las entidades, el avance de la causa judicial “debe interpretarse en un contexto más amplio vinculado con lo que consideran un intento de disciplinar a las organizaciones sociales, sindicales y populares que se movilizan frente al ajuste y el deterioro de las condiciones de vida”.
Este caso, que comenzó el año pasado pero se sostiene en el tiempo, es parte de un proceso que vienen alertando distintos sectores vinculados al ajuste nacional sobre las provincias. En un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se destaca que la tensión fiscal por la falta de partidas que debe enviar Nación a las jurisdicciones está potenciando las protestas y conflictos, en especial con los estatales.
Según destaca el trabajo al que tuvo acceso Data Gremial, entre enero y marzo se registraron 92 conflictos laborales en las provincias, de los cuales más del 80 por ciento siguen activos. La conflictividad “atraviesa sectores clave como educación, salud y administración pública, y muestra como patrón común la imposibilidad de las provincias de sostener el ritmo de recomposición salarial en un contexto de caída de ingresos”.
La conflictividad salarial se traduce públicamente en un deterioro en las prestaciones de los servicios públicos y en un clima de tensión social que incluye protestas callejeras, acampes y hasta levantamientos policiales, como el que ocurrió en la provincia de Santa Fe. Según el CEPA, el problema se profundiza “por la propia arquitectura del sistema fiscal argentino”. En promedio, más de la mitad de los ingresos provinciales proviene de transferencias nacionales, lo que deja a las jurisdicciones “fuertemente expuestas a las decisiones del gobierno central”.
Más represión
Una consecuencia directa de esa realidad se escenifica desde finales del año pasado con paritarias que corren detrás de la inflación, dificultades para sostener acuerdos salariales y una creciente presión sindical en todos los frentes. El mapa federal muestra una “expansión transversal de los conflictos”.
En la provincia de Buenos Aires, las tensiones “abarcan educación, empleo público, judiciales y salud, con reclamos por recomposición salarial y regularización laboral”. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docentes y empleados públicos exigen adelantar paritarias ante aumentos que quedaron rezagados frente a la inflación. En el norte del país, la situación es particularmente crítica.
En Chaco, los reclamos incluyen protestas por la suspensión de la cláusula gatillo y denuncias de recortes salariales de hasta el 80 por ciento en áreas específicas.
En Corrientes, distintos sectores rechazaron aumentos del 6 por ciento por considerarlos insuficientes, mientras que en Jujuy se registraron marchas, protestas y episodios de represión en el marco de reclamos salariales urgentes.
Catamarca, por su parte, presenta uno de los escenarios más complejos, con conflictos simultáneos en educación, salud, empleo público, judiciales y fuerzas de seguridad, incluyendo movilizaciones y cortes de ruta.
En la región centro, Córdoba enfrenta tensiones en cinco frentes —docentes, judiciales, jubilaciones, salud y estatales—, con rechazo a reformas previsionales y medidas de fuerza sostenidas.
En Entre Ríos, los conflictos también se multiplican con reclamos por paritarias insuficientes y preocupación por cambios en el sistema jubilatorio.
Santa Fe muestra un escenario de alta conflictividad, con paro de municipales, protestas policiales y el regreso simbólico de la “Carpa Blanca” docente como señal de protesta estructural.
En este contexto de mayor conflictividad, preocupa que el gobierno nacional esté liberando el uso de la fuerza para intentar contener las protestas. De la misma forma que se impuso el protocolo “anti piquete” para controlar el maneo “de la calle”, la justicia funciona como dique de contención al malestar creciente. Y cuando ambas formas fallan, está la represión pura.
Así, en el último reporte de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), se confirma “un récord absoluto de muertes a manos del aparato estatal en sus distintas modalidades”. “En otras palabras, el actual gobierno es el que más ha reprimido y matado durante estos 42 años de democracia”, sostiene el análisis de datos realizado desde CORREPI, al que tuvo acceso Data Gremial.
Los guarismos, denuncian, son consecuencia directa del “cambio de régimen” que rige desde diciembre de 2023, signado por “el endurecimiento del sistema penal y la ampliación de facultades a las fuerzas de seguridad”. Algo que, en 2025, “no sólo continuó, sino que se profundizó la destrucción de derechos y garantías a través de reformas normativas de fondo, la mayoría por decreto o resolución del Poder Ejecutivo, pero también por el Congreso”.