Desde ATE Córdoba expresaron una fuerte preocupación ante los datos oficiales que ubican a la provincia como la jurisdicción con mayor tasa de personas privadas de la libertad del país, en un escenario de crecimiento sostenido del encarcelamiento, sobrepoblación carcelaria y graves vulneraciones a los derechos humanos.
Según el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), Córdoba registra 377 personas detenidas cada 100 mil habitantes, muy por encima del promedio nacional, que se ubica en 258. El dato surge del informe “La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos (2024)”, que además revela que en la última década la población carcelaria provincial se duplicó, pasando de 6.802 personas detenidas en 2015 a 14.736 en 2024. El crecimiento fue del 116,6%, uno de los más altos del país.
A este cuadro se suma una sobrepoblación crítica, con unidades penitenciarias que funcionan al 113,8% de su capacidad, y una situación procesal alarmante: cinco de cada diez personas detenidas no tienen condena, permaneciendo privadas de su libertad a la espera de juicio, una cifra que supera el promedio nacional.
“Gobiernan con cárcel, palos y persecución política”
Frente a este panorama, el secretario general de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, fue categórico al denunciar lo que definió como un verdadero “estado de excepción” en la provincia.
“Córdoba vive un verdadero estado de excepción. Te meten preso primero y después ven si sos culpable. Este modelo no gobierna garantizando derechos, gobierna con cárcel, palos y persecución política”, sostuvo.
El dirigente sindical relató además su experiencia directa dentro del sistema penitenciario cordobés, tras haber sido detenido en el marco de una protesta social.
“Lo que vi adentro del sistema penitenciario cordobés es inhumano. Estuve en un pabellón donde entre ochenta personas compartíamos dos duchas, sin agua potable, con conexiones eléctricas precarias y una alimentación que ni los animales aceptarían. Esa realidad no es casualidad: es la expresión de un modelo que criminaliza la pobreza y viola los derechos humanos básicos”, señaló.
Giuliani remarcó que el 60% de las personas detenidas no tienen condena, y que en su mayoría se trata de jóvenes y trabajadores pobres.
“Ser pobre en Córdoba ahora se castiga con cárcel preventiva. Eso no es justicia, es castigo social”, afirmó.
Criminalización de la pobreza y protesta social
Desde ATE Córdoba advirtieron que el crecimiento del encarcelamiento no está vinculado a una mejora en la seguridad, sino a una decisión política de criminalizar la pobreza y la protesta social. La mayoría de las personas privadas de la libertad están acusadas por delitos contra la propiedad, en un contexto de ajuste, caída de ingresos y deterioro de las condiciones de vida.
“El gobierno provincial, con Martín Llaryora a la cabeza, responde con represión a los conflictos sociales que genera su propio modelo económico. En lugar de garantizar trabajo, salud, educación y salarios dignos, eligen ampliar el sistema penitenciario”, denunció Giuliani.
El dirigente también recordó su reciente detención por reclamar alimentos para los sectores más postergados: “Yo mismo fui privado de la libertad por reclamar alimentos. Pasé por una cárcel común y vi el hacinamiento, el abandono sanitario y la deshumanización cotidiana. Ahí adentro hay trabajadores y trabajadoras pobres, no delincuentes peligrosos. Hay un sistema que castiga a quienes sobran para este modelo”.
Más cárceles o más derechos
Desde ATE Córdoba denunciaron que esta política de encarcelamiento masivo se apoya en el abuso de la prisión preventiva, el deterioro de las condiciones edilicias y la violación sistemática de derechos humanos, una situación que incluso motivó una audiencia especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las cárceles cordobesas.
En el cierre, Giuliani planteó una definición política clara: “Mientras se ajusta a las y los trabajadores, se vacían las políticas sociales y se persigue a quienes luchan, se llenan las cárceles. Nosotros creemos en otra Córdoba: con justicia social, con empleo digno y con un Estado que cuide a su pueblo, no que lo encierre”.
Desde ATE reafirmaron que la salida a la crisis social no es más cárcel, sino más derechos, y llamaron a fortalecer la organización colectiva para enfrentar un modelo que busca disciplinar al pueblo mediante el miedo.