Gremios estatales, docentes y de otros sectores marcharon el viernes pasado en Jujuy en una nueva edición de la llamada “marcha de las antorchas”. La movilización tiene tres ejes claros, en medio de la revuelta popular que lleva tres meses y agita el fantasma de la represión: llamado a paritarias para lograr nuevos aumentos salariales, marcha atrás de la reforma constitucional y el fin de la persecución a dirigentes sindicales y sociales.
Estos dos puntos finales motivaron el respaldo de organizaciones de todo el país, que vienen pidiendo la intervención de las autoridades nacionales, y que el mes pasado denunciaron al gobierno de Gerardo Morales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ante esta presión, en los últimos días se confirmó que el Ministerio de Trabajo nacional intervendrá directamente en el conflicto.
Así se lo anunció mediante un documento oficial enviado a la entidad mundial, adelantando medidas para evitar las acciones represivas. Si bien el gobierno jujeño llamó a los estatales a discutir salarios, crece el malestar, en especial entre los trabajadores de la educación, y se avecinan más medidas de fuerza.
Con la firma de Raquel “Kelly” Olmos, el documento del Ministerio de Trabajo nacional enviado a la OIT compromete medidas para proteger a los gremios y sus dirigentes. La cartera laboral, dice el texto al que tuvo acceso Data Gremial, se comprometió a “tomar intervención en el marco de sus competencias delimitadas por el sistema federal de gobierno, en aquellas cuestiones planteadas por los manifestantes –que hacen al avasallamiento de diversos derechos consagrados constitucional y convencionalmente- con el fin de promover y garantizar la paz social”.
En tanto, recalcó que “las medidas de represión de las autoridades provinciales de Jujuy, realizadas en abierta violación a los derechos de expresión, reunión, protesta y petición, son —precisamente— consecuencia de las propias modificaciones constitucionales objeto de las protestas, por cuanto —a través de las reformas introducidas a los artículos 67 inc. 4º, 94 y 95— se criminalizó el corte de calles y se realizaron modificaciones que afectan en forma directa a los pueblos indígenas, sin su participación ni consulta previa”.
La carta está dirigida a la directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, Corinne Vargha, recalcó que “ante dichos eventos, en el entendimiento de que las reformas introducidas a la Constitución de la provincia de Jujuy transgreden derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional así como por los tratados y convenciones sobre derechos humanos precitados, se ha promovido la acción judicial correspondiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, a fin de que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 67 inc. 4°, 94 y 95 de la Constitución de la provincia de Jujuy”. En la última cumbre de la OIT, realizada en Suiza en junio pasado, varias delegaciones argentinas denunciaron al gobierno de Morales, y detallaron “los alcances del conflicto que aún perdura en la provincia de Jujuy, y las peligrosas consecuencias que pueden acarrear las modificaciones realizadas”.
Estado de represión
La intervención de la cartera laboral responde a los pedidos de las centrales obreras del país, que vienen denunciando lo que sucede en Jujuy. Los gremios presentaron además una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la adopción de medidas que protejan los derechos de quienes “se encuentran en situación de riesgo de privación ilegal de la libertad, con motivo de la persecución política, hostigamiento y criminalización en su contra”. En tanto, como parte de la Comisión de Solidaridad con el pueblo jujeño, respaldaron el Tercer Malón de la Paz, que el próximo 1° de agosto acamparán frente a la Corte Suprema y el Congreso de la Nación.
Esta semana, referentes de sindicatos de trabajadores jujeños se reunieron con el Obispo de Jujuy, Monseñor César Daniel Fernández, para exigirle posicionarse del lado de gremios, organizaciones sociales, comunidades aborígenes y también partidos opositores al oficialismo en el reclamo por la derogación de la reforma parcial constitucional y mejoras salariales. En la reunión, le señalaron la postura del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, que rechazó la reforma parcial de la Constitución, y le marcaron que no se puede formar una “Mesa de la Paz” sin dialogar con quienes protagonizan el conflicto.
Conflicto docente
En tanto, el conflicto docente sigue siendo el más tenso por esos momentos. El viernes pasado los gremios CEDEMS y ADEP, junto a los universitarios de APUAP y SEOM, se sumaron a la “marcha de las antorchas”, a la espera del llamado a discutir paritarias que se dio de forma fraccionada ese mismo día. “El gobierno dice no tener plata, pero sacan un nuevo ‘programa’ en educación para contratar a docentes ‘noveles’ por fuera del estatuto”, informaron mediante un comunicado conjunto. Se trata de una propuesta para tratar de reemplazar a los docentes en huelga, similar a la que se dio en la Ciudad de Buenos Aires hace un tiempo.
En su web, el ministerio ya abrió las inscripciones a este “Programa Piloto de Fortalecimiento a las Trayectorias Escolares para estudiantes de Nivel Primario”, destinado a docentes noveles con título habilitante para el cargo de maestro y acompañar la recuperación de contenidos, ante el paro. “Es un proyecto ‘anti huelga’ que además precariza la tarea de los docentes”, le dijo a Data Gremial una fuente del gremio ADEP, que entre el jueves y el sábado realizaba asambleas para conocer la opinión de las bases y que este domingo realizará un congreso para definir como sigue el plan de lucha.
Las ofertas salariales que se hicieron en los últimos días no termina de cerrar el conflicto. Fuentes de una de las entidades afirmaron que el “básico ofrecido sigue en la indigencia”. En la última oferta, se pasó de un salario básico de 35 mil pesos a uno de 63 mil pesos, con la promesa de llevarlo a 72 mil pesos. Esto hizo que el salario conformado pasara de 130 mil pesos en mayo a 200 mil pesos en junio. Esto es, agregaron las fuentes, “un 54 por ciento más, pero sigue por abajo de la pobreza, valuada en 232.427 pesos”.