El Gobierno de Javier Milei volvió a apuntar contra uno de los pilares de la organización sindical: el derecho a huelga. Esta semana, mediante el decreto 340/2024, el Ejecutivo incluyó una cláusula que ya había sido cuestionada y frenada por la Justicia hace más de un año. Se trata de una copia casi textual del artículo 97 del DNU 70/2023, cuyo capítulo laboral fue suspendido por la Cámara Nacional del Trabajo.
El artículo en cuestión modifica la Ley 25.877, que regula el Régimen Laboral, y establece límites severos a las medidas de fuerza. El texto indica que, en caso de paro, los servicios esenciales deben garantizar un 75% de su funcionamiento habitual, mientras que en los sectores de "importancia trascendental" ese piso baja al 50%. Un detalle llamativo: en este nuevo decreto, el transporte marítimo y fluvial fue trasladado a la categoría de “servicio esencial”.
Desde el movimiento sindical no tardaron en señalar la maniobra: un intento por volver a imponer normas que ya fueron declaradas inconstitucionales. "Esto es una reedición del 'si pasa, pasa'", señalaron desde ATE, que ya presentó un amparo en la Justicia Laboral para frenar la medida.
La Corte en silencio, el gobierno avanza
El capítulo laboral del DNU 70/2023 fue suspendido en diciembre de 2024 a partir de un fallo favorable a una presentación de la CGT. La decisión fue apelada por el Ejecutivo en febrero de este año, y desde el 12 de marzo el expediente descansa en la Corte Suprema sin novedades. Mientras tanto, el Gobierno decidió avanzar con el mismo contenido, pero por vía de un nuevo decreto.
“Lo que el Poder Ejecutivo no pudo imponer por un DNU cuestionado, intenta ahora colarlo en otro decreto, aún con una sentencia judicial vigente. Es un atropello institucional y una provocación directa al movimiento obrero”, advirtió una fuente gremial.
Avance judicial y reclamos ante la OIT
ATE Nacional fue la primera organización en presentar un recurso judicial contra el decreto 340. Lo hizo el viernes pasado con una acción de amparo que solicita la nulidad del artículo 3, por considerarlo inconstitucional. La presentación, patrocinada por los abogados Matías Cremonte, Mariana Amartino y Pablo Barraza Guizzo, quedó en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 20, a cargo de la jueza Ana Barilaro.
“El Ejecutivo no tiene facultades para reglamentar derechos constitucionales como la huelga. Eso es competencia exclusiva del Congreso y solo puede hacerse en situaciones excepcionales, que claramente no se dan”, señaló ATE en su escrito, firmado por su secretario general, Rodolfo Aguiar.
La CGT, por su parte, informó que se encuentra trabajando en una presentación judicial propia que verá la luz en los próximos días. Mientras tanto, en unidad con la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, también se avanzará en el plano internacional. Las tres centrales acordaron presentar una denuncia ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, donde buscarán que el caso argentino se trate en la conferencia que se celebrará el 6 de junio en Ginebra.
“El Gobierno quiere restringir un derecho humano fundamental, como es la huelga. Lo hace en un contexto de empobrecimiento salarial, recortes, despidos y represión. Pero desde el movimiento obrero vamos a dar la pelea en todos los frentes”, aseguraron desde las centrales sindicales.