La histórica cooperativa láctea SanCor atraviesa su momento más crítico. Tras 88 años de trayectoria, la Justicia decretó en las últimas horas su quiebra en medio de un proceso de deterioro económico sostenido y una deuda millonaria. En ese marco, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), Héctor “Etín” Ponce, se refirió al fallo judicial y planteó una mirada que combina críticas a la conducción empresaria con expectativas de recuperación.
El dirigente sindical fue categórico al descartar que la quiebra represente un punto final. “Somos optimistas, no por una cuestión de fe, sino porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Esto no es un final, sino el comienzo de una nueva etapa”, sostuvo.
La quiebra y el deterioro de la cooperativa
La medida fue dispuesta por el juez Marcelo Gelcich, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, luego de que la propia empresa solicitara su quiebra tras admitir la imposibilidad de sostener el proceso de concurso preventivo iniciado en 2025.
En su resolución, el magistrado definió la situación como una “quiebra indirecta por frustración anticipada”, al considerar que la firma no logró revertir su crisis ni generar ingresos suficientes para sostener su funcionamiento. El pasivo total asciende a unos 120 millones de dólares, con deudas millonarias en salarios, obligaciones impositivas y compromisos comerciales.
Según el expediente judicial, la empresa acumulaba más de 12.788 millones de pesos en salarios adeudados, más de 6.349 millones en deuda impositiva y previsional, y más de 13.313 millones en deuda comercial. A esto se sumaba un crecimiento mensual del pasivo cercano a los 3 mil millones de pesos.
Pese a este escenario, la Justicia dispuso la continuidad operativa limitada de algunas plantas, con el objetivo de preservar la actividad y evitar un impacto aún mayor sobre los trabajadores y acreedores.
Ponce: críticas a la gestión y respaldo al rol sindical
En sus declaraciones, Ponce remarcó que desde el gremio venían advirtiendo sobre la inviabilidad del modelo de gestión de la cooperativa. “Nosotros desde ATILRA hace rato que venimos alertando acerca de que SanCor no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir en el estado de situación en el que se encontraba, y tal como venía siendo manejada desde hace unos cuantos años a esta parte por quienes tuvieron la responsabilidad de gestionarla”, afirmó.
El dirigente también recordó que la Justicia avanzó en diciembre de 2025 con imputaciones contra exdirectivos de la firma. En ese sentido, mencionó a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, acusados por el desvío de más de 1.600 millones de pesos destinados a la seguridad social, monto que —según indicó— se incrementó con el paso del tiempo y fue reconocido en el proceso de quiebra.
“A tal punto llegó la situación que la actual dirección de la cooperativa se vio obligada a pedir su propia quiebra”, señaló Ponce, quien además subrayó que el fallo judicial no atribuye responsabilidad al sindicato. “Como se puede observar a través de la lectura del fallo, no le incumbe ninguna responsabilidad a la ATILRA en el quebranto de SanCor tal como desde algún lugar, seguramente soborno de por medio, se ha pretendido instalar”, sostuvo.
El impacto sobre los trabajadores
Uno de los puntos centrales del planteo sindical fue el rol de los trabajadores durante la crisis. Según Ponce, el personal sostuvo la actividad en condiciones adversas, incluso frente a incumplimientos reiterados de la empresa.
“Lo único que han hecho los trabajadores en forma directa y a través de la organización gremial que los representa, ha sido colaborar como nadie: con salarios que SanCor les viene adeudando desde hace muchísimo tiempo, con la falta de aportes a la seguridad social, a la caja de jubilaciones, al sindicato y a la obra social a pesar de que a los trabajadores se les descontaban esos montos”, afirmó.
El fallo judicial también contempló este aspecto, al señalar que la continuidad de la operación busca evitar un perjuicio mayor sobre los 914 trabajadores, además de proveedores y acreedores.
La apuesta por la continuidad de la empresa
De cara al futuro, desde ATILRA plantean la necesidad de avanzar hacia un esquema que garantice la continuidad productiva y laboral. “Desde ATILRA hace ya mucho tiempo que nosotros venimos conversando con distintos actores de la actividad [...] con la finalidad de darle continuidad a la fuente de trabajo”, explicó Ponce.
En esa línea, el dirigente insistió en la idea de una “quiebra con continuidad”, que permita sostener tanto los puestos de trabajo como la marca SanCor. “Siempre hablamos de una quiebra con continuidad laboral, con continuidad de la marca SanCor, algo que nuestras y nuestros compañeros siempre lo tuvieron muy claro, porque quieren a la empresa como nadie”, expresó.
Además, aseguró que el gremio mantiene diálogo con sectores empresarios interesados en participar del proceso de reactivación. “No somos improvisados, tenemos la capacidad intelectual y la formación suficiente para saber cómo se debe gestionar una empresa láctea”, afirmó.
Un nuevo escenario en la industria láctea
El proceso judicial prevé la venta de la empresa o de sus unidades productivas mediante licitación, lo que abre un escenario de reconfiguración dentro del sector lácteo. Según trascendió, ya existen interesados en adquirir activos y reactivar plantas.
En ese contexto, Ponce reiteró su mirada sobre el momento actual: “Para nosotros no termina nada, para nosotros comienza una nueva etapa”.
La quiebra de SanCor marca el cierre de un ciclo en la industria láctea argentina, pero también abre interrogantes sobre el futuro de sus trabajadores, sus activos y el rol que jugarán tanto el Estado como los actores privados en la posible reconstrucción de la empresa.