Con manifestaciones en varias sedes del ANSES, gremios estatales reclamaron al gobierno nacional los fondos que debe girar al IPS, la caja jubilatoria de la provincia de Buenos Aires. La jornada de protesta fue convocada por docentes y otros trabajadores bonaerenses, que aportan al Instituto de Previsión Social, y que sufren la incautación de esos recursos por parte de la gestión libertaria. Según informaron desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), la deuda del organismo nacional al provincial asciende a los 2,2 billones de pesos, según estimaron en el gobierno bonaerense. Actualmente, el reclamo se está resolviendo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ayer martes hubo una audiencia donde estuvo el gobernador Axel Kicillof. Para generar presión por el tema y visibilizar la problemática, se realizaron las protestas, que tuvieron especial impacto en el conurbano bonaerense, “en la defensa irrestricta de la caja provincial y de un sistema previsional público, solidario y de reparto”. La situación bonaerense se repite en las provincias donde hay este tipo de cajas, según un informe reciente de la Federación Judicial Argentina (FJA), que habla de “escenario crítico” para las jubilaciones del futuro. “Es un genocidio planificado”, aseguran los dirigentes, que recuerdan que el tema se complica con el ajuste en el sistema sanitario.
La protesta de los estatales de la provincia de Buenos Aires dejó al descubierto el problema que viven las cajas previsiones. En el país hay 13 como el IPS, entre ellas las de Córdoba, Neuquén, Corrientes, Formosa y Tierra del Fuego. En este tiempo, el gobierno nacional inició un proceso de “transferencias cero” desde el ANSES, lo que pone en jaque su viabilidad económica en el corto plazo. La primera consecuencia es una “atomización” de los sistemas previsionales.
Según un diagnóstico realizado por los gremios integrantes de la FJA que son parte del sistema de cajas provinciales, se denunció que estas medidas “podrían implicar pérdida de derechos, aumento de la edad jubilatoria y reducción de haberes, afectando tanto a trabajadores activos como jubilados”. También se señaló el impacto “de la precarización laboral sobre el financiamiento del sistema, así como la existencia de deudas millonarias de la Nación con las cajas provinciales”.
En ese contexto, la FJA alertó sobre “el peligro de reformas estructurales que avancen hacia esquemas de capitalización privada, recordando las consecuencias negativas de experiencias como las AFJP”. Frente a este escenario, la entidad que lidera Marías Fachal definió “una agenda de acción que incluye la articulación con otros espacios sindicales, la promoción de medidas de lucha, acciones judiciales y campañas de difusión para defender el sistema previsional como un derecho”.
“Es imperativo actuar con premura y visión estratégica para evitar que el sistema previsional deje de ser un derecho y se convierta en un negocio”, señaló el informe, al que tuvo acceso Data Gremial. El trabajo de la entidad judicial fue presentado en un encuentro en el mes de marzo, donde se planteó que el sistema previsional argentino “atraviesa una fragilidad estructural que se remonta a la década de 1990, con la implementación del régimen de capitalización individual a través de las AFJP, lo que implicó una transferencia de recursos hacia el sector financiero y debilitó el financiamiento del sistema público”.
Allí, recordaron que la reestatización en 2008 “permitió recuperar parcialmente el principio de solidaridad, aunque las tensiones persisten”. Además, se analizaron situaciones particulares en provincias como Córdoba y Corrientes, donde se denunciaron reformas que trasladan el peso del déficit a trabajadores activos y jubilados, así como deudas millonarias de la Nación con las cajas provinciales.
En otros casos, como Tierra del Fuego y Chaco, se expusieron modelos con características diferenciadas que reflejan las distintas realidades del sistema. El documento también advierte sobre el intento de modificar regímenes específicos como la Ley 24.018 y sobre iniciativas que podrían desfinanciar el sistema nacional, como la derivación de aportes hacia otros fondos en el marco de reformas laborales. Frente a este escenario, la FJA definió una serie de líneas de acción que incluyen “el acompañamiento a las medidas de las filiales, la articulación con centrales sindicales, la promoción de acciones judiciales y el fortalecimiento de espacios de coordinación gremial y multisectorial”.
Plan de ajuste
Ante este cuadro de situación, que pone en peligro a los actuales jubilados y en especial a los futuros, los estatales que forman parte de estar tres cajas previsionales salieron esta semana a protestar, al mismo tiempo que la Corte Suprema de Justicia recibía el reclamo de Kicillof. “Es un genocidio”, le dijo a Data Gremial un dirigente que participó de la jornada, que habló de una serie de políticas que afectan especialmente a la tercera edad. En cuanto al IPS, sostuvo que el IPS está “en terapia intensiva” por el brutal ajuste que está aplicando el gobierno nacional, que afecta a la coparticipación.
“Los estatales aportamos del sueldo un porcentaje mayor para tener acceso a una jubilación temprana, pero esta situación nos está dejando en una grave situación”, agregó la misma fuente consultada. Los gremios que movilizaron dejaron latente la posibilidad de hacer otras medidas de fuerza “más drásticas”, ya que por el momento no parece que la Casa Rosada vaya a cambiar su postura.
En tanto, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires esperan obtener alguna respuesta judicial. La misma podría darse el próximo 10 de junio, la fecha elegida por el máximo tribunal como fecha límite para que se defina la disputa por los fondos previsionales. “Hubo un compromiso para otra audiencia el 10 de junio donde tiene que haber una propuesta concreta de los montos a transferir”, sostuvo Kicillof al finalizar el encuentro. “Ya llevamos dos años y pico donde esto no ocurrió y ya pasó en otras provincias. Llegamos a ese compromiso de Nación, de traer un monto para transferir el próximo 10 de junio”, reiteró a la salida de la audiencia.
Según la demanda de la Provincia, las deudas corresponden a anticipos recibidos y adeudados por la Nación; actualización de los anticipos 2023 (se recibieron con base 2018); fondos del anticipo 2024 más su actualización (base 2020) y diferencias entre el déficit de caja no transferida y los anticipos sin actualizar correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 y alcanzan los 2,2 billones de pesos.
Sistema colapsado
Lo que sucede en las cajas provinciales es parte de un colapso generalizado del sistema previsional, que en la era libertaria está sufriendo como la crisis del empleo profundiza viejos problemas. Es que en la actualmente, la relación entre trabajadores registrados y jubilados se redujo a apenas dos aportantes por cada beneficiario, un nivel que quedó por debajo del piso considerado necesario para sostener el equilibrio financiero del esquema.
Según un informe de Focus Market, en 2005 el 82 por ciento de la fuerza laboral realizaba aportes bajo el régimen general, mientras que al cierre de 2025 ese porcentaje cayó al 69 por ciento por el aumento de trabajadores encuadrados en esquemas simplificados. Para cubrir, el trabajo al que tuvo acceso Data Gremial estableció que para una jubilación mínima se necesitan: 2,3 asalariados registrados; o 24 monotributistas. Ese contraste expone “el impacto directo que tuvo la precarización laboral sobre la sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino”. Ante la caída de recursos genuinos, el Tesoro nacional tuvo que aumentar su participación para sostener el pago de haberes. Actualmente, el Estado financia cerca del 40 por ciento de las 6.000.000 de jubilaciones vigentes mediante impuestos específicos y transferencias directas para cubrir el déficit operativo del sistema.
Especialistas advierten que para mantener una estructura previsional estable deberían existir al menos tres empleados formales por cada jubilado, una proporción que hoy aparece cada vez más lejos en medio del deterioro del mercado laboral. Uno de los factores centrales detrás del desequilibrio es el crecimiento sostenido del trabajo independiente y del monotributo frente al empleo asalariado tradicional.
En las últimas dos décadas el sistema perdió cerca de tres millones de empleos formales netos, mientras sectores históricamente intensivos en mano de obra comenzaron a mostrar retrocesos. La industria y la construcción, que representan una porción importante del empleo privado registrado, muestran una desaceleración sostenida. En contraste, crecieron actividades como: agro, minería y servicios independientes. Estos sectores generan menos puestos de trabajo registrados y aportan menos al financiamiento previsional.